Gobiernos de Colombia y EEUU pactan instalación de bases militares
Colombia y Estados Unidos firmaron el 30 de octubre un acuerdo otorgar a militares yanquis el control de siete bases militares colombianas, acuerdo que ha sido repudiado por los pueblos latinoamericanos, así como los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Colombia y Estados Unidos firmaron el 30 de octubre un acuerdo otorgar a militares yanquis el control de siete bases militares colombianas, acuerdo que ha sido repudiado por los pueblos latinoamericanos, así como los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El documento fue suscrito en un acto privado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador gringo en Bogotá, William Brownfield.
Desde la aprobación del Plan Colombia en el año 2000, más de mil efectivos militares y «contratistas» paramilitares provenientes de los EEUU operan en suelo colombiano, en tareas contrainsurgentes.
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de EE.UU. aprobó 46 millones de dólares para su adecuación, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses controlarán, según detalles del acuerdo anticipados por ambos Gobiernos en semanas pasadas.
Las unidades militares contempladas son las bases del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
El documento establece que los estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, con vigencia de diez años «renovables».
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, han cuestionado el convenio y aseguran que es un riesgo y amenaza «contra la soberanía y la estabilidad de la región suramericana».
Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno de Correa.
En virtud del acuerdo, los soldados estadounidenses gozarán de completa inmunidad para perpetrar crímenes como asesinatos y torturas en suelo colombiano, sin que puedan ser procesados por la justicia colombiana.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, declaró que el convenio es «muy positivo».
Preocupado por la fuerte oposición popular a la entrega de las bases a los yanquis, el gobierno de Uribe ha considerado que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso nacional.
Por su parte, el embajador Brownfield advirtió la víspera que, en su caso, es obligación legal dejarlo en consideración de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El Consejo de Estado en un estudio jurídico del acuerdo firmado hoy dijo que ese convenio deja a Colombia en condición de cooperante de Estados Unidos, que decidirá las tareas que se deban realizar, y recomendó que sea estudiado por el Congreso antes de su aprobación.
El diario El Espectador señaló que el concepto del Consejo de Estado llama la atención porque no excluye la firma de uno o más «pactos de implementación» en el futuro, «se habla del uso y acceso de las bases militares, sin determinar la forma y límites de los mismos».
El Consejo de Estado también advirtió que no es conveniente para el país que sea discrecional de Estados Unidos «la participación de observadores aéreos de terceros países» en Colombia.
