Hacia una crítica del Estado y la Democracia Liberal

En el contexto de las sociedades occidentales la democracia es el paradigma de participación por excelencia y los partidos políticos la única garantía para validar su existencia. Desde la revolución francesa, los cambios políticos y sociales se han inscrito dentro de una lógica de dominación que reafirma tal tendencia. Desde esa perspectiva, todas las revoluciones modernas sólo han estado reafirmando el carácter democrático de sus intenciones y objetivos, aunque todas, en la práctica, han negado su eficacia.

Con el estallido de la Guerra de Independencia se instauraron en América Latina los llamados Estados nacionales, de corte liberal, pues la mayoría de los próceres independentistas estaban inspirados por el liberalismo como corriente de pensamiento vanguardista y bastión ideológico de las burguesías europeas en ascenso hacia el poder político. Desde entonces todo gobierno, llámese dictatorial o democrático, incluyendo al monárquico, sólo ha reproducido al Estado Liberal.

Progresivamente, la “democratización” de la sociedad ha traído el voto femenino, el voto militar, el voto popular, secreto y universal, lo cual ha creado en el “pueblo” la sensación de “participar” en los asuntos públicos y políticos. Cuando se presenta alguna crisis política, social o económica, la única, exclusiva, insustituible, varita mágica y suprema invocación es la “democracia”, sin que ello signifique cambios estructurales profundos. Así, la democracia ha servido sólo para votar, para elegir autoridades, pero el pueblo nunca ha sido consultado por sus gobernantes para decidir sobre política exterior, inflación, política monetaria, sistema financiero, soberanía territorial, soberanía agroalimentaria, etc., etc., etc.

Sin embargo, cuando la democracia sea no sólo para consultar al pueblo sobre sus posibles “representantes” en los órganos del Estado, sino también para consultarle acerca de sus más sensibles y trascendentales temas de interés nacional, regional o local, e incluso internacional, estaríamos dando un salto cualitativo al respecto. Por ejemplo en materia de sueldos y salarios podríamos preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con que el ingreso por hogar sea nivelado por decreto a la canasta básica. Sería interesante preguntar sobre si está o no de acuerdo, con la entrega de sus riquezas y soberanía a las grandes trasnacionales bajo la figura “socialista” y “revolucionaria” de las Empresas Mixtas.

Históricamente en Venezuela, por ejemplo, en ninguna contratación con las empresas petroleras extranjeras, desde la era gomecista, el pueblo ha sido consultado para decidir sobre “su principal riqueza”. Pero tampoco el pueblo nunca ha sido, ni es consultado para decidir cómo distribuir equitativamente la renta petrolera, cuya propuesta sería un boomerang para la élite gobernante y el capital privado.

A los pueblos no se les consulta sobre si está de acuerdo o no sobre la instalación de bases militares extranjeras en su propio o vecino territorio, como tampoco acerca de la próxima guerra que está siendo planificada a sus espaldas. Los pueblos no son consultados democráticamente sobre la próxima invasión de su propio territorio, como tampoco son consultados para elegir la venidera “Junta Cívico-Militar Revolucionaria” o “gobierno de transición”, que dirigirá los destinos del país, bajo un enmascarado Golpe de Estado.

El pueblo no decide acerca de ninguna compra o venta de “sus” recursos naturales, pues en ese negocio sólo se mueven los “representantes” del pueblo, quienes contratan, administran y apropian de los ingresos del Estado y terminan maquillando y acrecentando sus cuentas, en nombre del “pueblo”. En ningún gobierno democrático se le ha consultado a la ciudadanía sobre la distribución equitativa de la tierra, como tampoco decide con
sus votos sobre los negocios que sus “representantes” tienen con la importación y/o exportación agrícola del Estado, menos ha sido consultado democráticamente sobre si está de acuerdo o no con la política agraria del gobierno. Los pueblos indígenas no han sido consultados democráticamente sobre el destino de sus tierras ancestrales, como tampoco sobre la explotación de sus riquezas naturales y mineras por parte de grandes empresas
depredadoras del ambiente. En ningún país, por más democrático que se pregone, el pueblo ha sido consultado sobre el último paquete de medidas impuesto por sus representantes.

Lamentablemente, el pueblo nunca ha sido consultado para decidir sobre sus impuestos (suban, bajen o sean eliminados), como tampoco sobre tributaria. En ninguna democracia se les ha consultado a los trabajadores sobre su régimen de prestaciones, contrataciones colectivas u otro sistema de beneficios socioeconómicos.

Las democracias liberales -como este “socialismo” del siglo XXI- no consultan a los pueblos sino para “elegir” a sus “representantes”, no para decidir sobre la política y actuación de ellos, pues todo termina impuesto por decreto y arbitrariedad. La democracia “participativa, socialista y bolivariana”, no ha consultado al pueblo sobre el destino de la recaudación el lote de Leyes Habilitantes impuestas por decreto desde el Ejecutivo, tal como lo haría cualquier dictador con poderes extraordinarios. Pero eso es democracia, según la
clase política en el poder. Cuando la clase obrera reclama sus derechos laborales o el estudiante protesta por sus reivindicaciones sociales, nunca es consultado cuando es reprimido y criminalizado por sus justas luchas. Nunca los pueblos han sido consultados democráticamente sobre ningún Tratado de Libre Comercio, paquete económico o medidas de austeridad, como tampoco los ciudadanos del mundo han elegido al modelo de desarrollo industrial que está destruyendo al planeta. A esta democracia se le ha llamado “el mejor sistema de gobierno”. En verdad, es el mejor sistema de gobierno para garantizar la permanencia del Estado Liberal, pero sobre todo para salvaguardar los intereses de los grandes grupos económicos que se enriquecen a la sombra del dicho Estado.

En suma, ninguna democracia participativa se construye reproduciendo a la democracia representativa, porque ambas terminan siendo atrapadas en un paradigma obsoleto tan viejo como las dictaduras, que impide la participación real, la capacidad de decidir sobre los grandes y pequeños asuntos de la política interna y externa de un determinado país.

En definitiva, el pueblo no decide acerca de cambiar estructuralmente “su”Estado sino cómo mantenerlo y tratar de hacerlo más o menos eficiente. La clase social dominante, llámese nobleza o burguesía, siempre convocará a elecciones cuando las contradicciones sociales se agudicen o cuando sea necesario reacomodar sus grupos de poder, pero nunca consultará democráticamente al pueblo para cambiar el Establishment, pues sería “subversivo” atentar contra los altos intereses del Estado.

*Prof. Cátedra de Historia Universidad de Los Andes