Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social

Dirigentes sociales, sindicales y culturales manifestaron frente a la Fiscalía para denunciar, paradójicamente, que la protesta está vedada en la Venezuela bolivariana y, además, sale cara: descalificaciones, amenazas, juicios y hasta sicariato. Provea se apoyó en figuras que representan al agresor y al agredido para evidenciar una realidad más trágica que cómica

Caracas, 30 de julio 2009. (El Nacional). Activistas de los derechos condenaron el miércoles lo que calificaron como un estado de represión contra los organizadores de las protestas, al afirmar que el gobierno del presidente Hugo Chávez está violando el derecho de realizar manifestaciones pacíficas en el país.

Marino Alvarado, de la organización no gubernamental Provea, un destacado grupo que vela por los derechos humanos en Venezuela, expresó que más de 2.200 personas, entre ellas decenas de representantes sindicales, han sido acusados de cargos penales derivadas de su participación en protestas durante los últimos cuatro años.

La mayoría de ellos ha sido acusada de delitos menores, indicó Alvarado. Pero a algunos les han prohibido participar en futuras manifestaciones, salir de sus lugares de origen o debatir públicamente sus casos.

Otros encaran posibles penas de prisión. Catorce trabajadores que se sumaron a manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo en Sidor, la mayor siderúrgica del país, se encuentran actualmente sometidos a juicio y podrían ser condenados hasta 10 años de prisión por protestar en una de las plantas que en años recientes fueron declaradas «zonas de seguridad».

Juan Valor, uno de los trabajadores de Sidor, advirtió que el resultado del juicio podría sentar un precedente ominoso para cualquier persona que trate de presionar a sus empleadores a través de manifestaciones o huelgas.

«Si el juez nos declara culpable, dirigentes sindicales en todo el país podrían ser encarcelados por organizar protestas», dijo en una entrevista telefónica Valor, operador de maquinaria y ex representante sindical en Sidor, de 49 años.

Bajo una ley de seguridad nacional, toda persona implicada en las manifestaciones llevadas a cabo dentro de las declaradas «zonas de seguridad», que incluye sedes gubernamentales, instalaciones petroleras, guarniciones militares y otros oficinas públicas, puede ser condenada hasta a 10 años de prisión.

Del mismo modo, una ley que garantiza el acceso a bienes y servicios castiga a las personas que impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes esenciales, entre 6 a 10 años de prisión.

Ante las cada vez más frecuentes manifestaciones callejeras, la administración de Chávez está utilizando los fiscales y tribunales para intimidar a los organizadores de las protestas, acotó Alvarado a periodistas afuera de la Fiscalía General en Caracas.

«La criminalización de (las) protestas se ha convertido en una política de estado», dijo Alvarado a la AP. «Están tratando de meter miedo, para que la gente no proteste».

Los representantes del gobierno no estuvieron de inmediato disponibles para comentar sobre las preocupaciones de Provea, pero estos han desestimado denuncias semejantes en el pasado, afirmando que la administración de Chávez respeta plenamente el derecho a la protesta.

Los venezolanos están tomando las calles para protestar con mayor frecuencia la delincuencia incontrolada, para llamar la atención sobre los deficientes servicios públicos o en demanda de mejores condiciones de trabajo, de acuerdo a Espacio Público, una organización local de derechos humanos. Más de 750 protestas fueron organizadas durante los cuatro primeros meses de 2009 frente a las 1.600 que se produjeron a lo largo del año pasado, señaló Espacio Público.