Israel acusado de crímenes de guerra por Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La adopción del informe Goldstone por parte de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un triunfo político del pueblo palestino. El informe acusa a Israel de crímenes de guerra durante la genocida invasión de Gaza. Para lograr esto hubo primero un fuerte movimiento popular contra la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmmud Abbás, condenándolo por no apoyar el informe.
La adopción del informe Goldstone por parte de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un triunfo político del pueblo palestino. El informe acusa a Israel de crímenes de guerra durante la genocida invasión de Gaza. Para lograr esto hubo primero un fuerte movimiento popular contra la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmmud Abbás, condenándolo por no apoyar el informe.
Abbas tuvo que apoyar el informe y esto terminó forzando la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una clara mayoría y la oposición de Estados Unidos, Israel, y unos pocos aliados incondicionales.
Es una victoria política en el terreno de la propaganda, del esclarecimiento a la población mundial sobre el verdadero rol de Israel. Por supuesto que, como ocurrió con tantas resoluciones de la ONU, es letra muerta en cuanto a sanciones efectivas contra Israel. Todo debe pasar por el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, y la política de Obama es de apoyo incondicional al colonialismo sionista. Pero eso no le quita valor político para denunciar a Israel y a la propia ONU por su estructura dominada por el imperialismo, que permite que funcione la Comisión de Derechos Humanos y que vote lo que votó, pero imposibilita que esa resolución tenga efectos prácticos.
En concreto, la resolución apoya dos puntos importantes del informe Goldstone, como son la exigencia de investigaciones nacionales en Israel y en Gaza para castigar a los responsables de crímenes, y la petición de que el Consejo de Seguridad acuda al procurador de la Corte Penal Internacional si fracasan dichas investigaciones. Aunque la posibilidad es remota, tal escenario es una pesadilla para Tel Aviv.
«El riesgo existe, y en el camino se podría causar mucho daño a Israel en términos políticos y de opinión pública», indicaba ayer a ABC un diplomático israelí ante el temor de que la última ofensiva militar de su país pueda acabar en el banquillo.
Los esfuerzos de Israel por mantener alejado de la Corte Internacional de Justicia el demoledor informe de la ONU que le acusa de crímenes de guerra en la última ofensiva contra Gaza sufrieron ayer un primer varapalo. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido desde el jueves en sesión extraordinaria, decidía el viernes aprobar por 25 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones el documento, allanando así el camino para que el Consejo de Seguridad pueda en un futuro trasladarlo a la Haya.
La aprobación del llamado «informe Goldstone», -en atención al juez sudafricano Richard Goldstone que dirigió la investigación en Gaza-, se producía ante el rechazo absoluto de Tel Aviv y el malestar de Estados Unidos, cuyo representante, Douglas M. Griffiths, confesó estar «decepcionado» por un resultado, dijo, adoptado «con prisas». El informe también acusa de crímenes contra la Humanidad a Hamás, pero eso no parece importar a nadie, dada la desproporción entre el expediente de una parte y la otra.
Juntos, israelíes y norteamericanos, habían sellado hacía tan solo un mes una primera victoria al conseguir el 15 de septiembre que la mayoría de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos votaran a favor de posponer hasta marzo la toma en consideración del documento. La agencia Ap publicó en aquel momento que grupos de países como los árabes, los africanos o los No Alineados, -partidarios de depurar las responsabilidades presumidas en el informe hasta sus últimas consecuencias-, claudicaron y aceptaron apoyar el aplazamiento «tras una fuerte presión por parte de Estados Unidos», llamada también «intensa diplomacia».
La maniobra de presión debió ser extrema frente a la principal voz interesada en mandar las conclusiones de Goldstone a La Haya, la Autoridad Nacional Palestina, que también tuvo que plegarse a secundar la moratoria sugerida por Washington.
Según fuentes de la Muqata consultadas por este diario, el propio Barak Obama llegó a exigir al presidente palestino, Mahmmud Abbás, que cesara en su intención de mantener vivo el informe por el bien del proceso de paz en Oriente Próximo.
Según la prensa israelí, el Gobierno de Netanyahu llegó a amenazar a Abbás con hacer públicas unas comprometidas grabaciones en las que, supuestamente, se puede escuchar cómo el propio mandatario palestino alentó a las autoridades judías a redoblar los bombardeos en Gaza para así acabar con Hamas.
Sea como fuere, la claudicación ponía al colaboracionista Mahmmud Abbás ante la situación más complicada de su convulsa carrera política y en el centro de una oleada de condenas procedentes de voces árabes nunca vista. Las calles de las principales ciudades cisjordanas se llenaron de manifestaciones en las que se acusaba de traidor, a la vez que el Movimiento Islamista que gobierna la Franja se frotaba las manos ante el estrepitoso escándalo de su frágil adversario.
Casi de manera automática, Hamas daba por dilapidadas las conversaciones con Fatah para firmar una reconciliación que está pendiente desde hace más de dos años, y que la mediación egipcia esperaba materializar el 25 de octubre para hacer posible en 2010 elecciones palestinas.
En la guerra de Gaza del invierno pasado no hubo color. Israel arrasó, causó 1.400 muertos, gran parte civiles, y destrozó la infraestructura económica de la franja. Pero en el campo político y de la opinión pública, el panorama es diferente. Pese a su feroz campaña diplomática -incluidas tensas conversaciones con primeros ministros de países occidentales-, el Gobierno israelí ha fracasado a la hora de impedir que el informe del juez surafricano Richard Goldstone, que imputa crímenes de guerra a Israel y a Hamás, sea respaldado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Israel bloqueará las negociaciones si el proceso se mantiene en Naciones Unidas
Si los boicoteos académicos, financieros, comerciales y militares a Israel ganan pujanza paulatinamente, en el ámbito de la alta política, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha patinado esta semana con sus socios occidentales. El primer ministro israelí trató de persuadir al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que expresara su rechazo al informe. «No puedo intervenir», replicó Ban. Lo mismo intentó con el premier británico, Gordon Brown. Nuevo resbalón. El ministro de Defensa, Ehud Barak, apremió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para que a su vez convenciera a sus socios en Londres y París. Ni por esas.
Sólo EE UU, Italia, Holanda, Hungría, Eslovaquia y Ucrania votaron en contra de la resolución respaldada por China, Rusia, y hasta 25 países árabes o musulmanes y del tercer mundo. Reino Unido y Francia rechazaron participar. Otros 11 Estados se abstuvieron.
En Israel el asunto suscita enorme preocupación. No porque piensen que el expediente concluya finalmente en el Tribunal Penal Internacional. Antes debería tramitarse en el Consejo de Seguridad, instancia en la que el veto estadounidense podría jugar su papel tradicional de apoyo a los crímenes sionistas. Pero es una enorme derrota política que los expone ante el escarnio internacional por sus abominables crímenes contra los palestinos.
El requerimiento al movimiento islamista carece de relevancia. Sería impensable que Hamás -que animó a «perseguir en los tribunales a los criminales sionistas»- negara su implicación en el disparo de cohetes contra suelo israelí. Pero será igualmente complicado que el Gobierno de Netanyahu acepte crear una comisión de investigación. Se niega, entre otros motivos, porque ello supondría desacreditar a su Ejército, que asegura haber investigado lo sucedido y rechaza toda responsabilidad. Casi nadie en el mundo concede legitimidad a una investigación de quien se constituye en juez cuando además es parte. A juicio de la cancillería israelí la decisión del consejo es «injusta» y «alienta el terrorismo», argumentación vacía y carente de fundamento, sólo comparable con las justificaciones nazis de los castigos colectivos. Con un cinismo infinito, Israel ha advertido de que bloqueará las negociaciones de paz aun no nacidas si el proceso en la ONU sigue adelante.
