Italia: Huelga general y un millón de manifestantes repudian plan de ajuste de Berlusconi

Con una huelga general y marchas en varias ciudades de Italia, miles de trabajadores salieron ayer a protestar contra los recortes decididos por el gobierno de Silvio Berlusconi.

Convocado por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, el paro fue de ocho horas para el sector público y de cuatro horas para el sector privado, y afectó principalmente al transporte.

Con una huelga general y marchas en varias ciudades de Italia, miles de trabajadores salieron ayer a protestar contra los recortes decididos por el gobierno de Silvio Berlusconi.

Convocado por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, el paro fue de ocho horas para el sector público y de cuatro horas para el sector privado, y afectó principalmente al transporte.

Más de un millón de personas salió a la calle para decirle «no» a un ajuste «injusto, inicuo y depresivo», que golpea especialmente a los más débiles, según la CGIL.

Si bien el sindicato habló de un «éxito extraordinario» y de «adhesión masiva» a la movilización de protesta, el gobierno de Berlusconi calificó de «baja» la participación. El ministro de la Función Pública, Renato Brunetta, indicó que la adhesión al paro en la administración pública había sido de alrededor del 4 por ciento.

«En relación con la baja adhesión, espero que ésta sea la última huelga de una época marcada por un fuerte condicionamiento ideológico», dijo el ministro del Trabajo, Maurizio Sacconi. El funcionario había ironizado sobre la huelga contra los recortes con una frase implacable: «Es como protestar contra la lluvia, porque el ajuste es inevitable».

Para la izquierda, por el contrario, «la extraordinaria adhesión a la huelga confirmó que hay un real y profundo malestar en todo el país», subrayó Rosy Bindi, del Partido Demócrata.

El ajuste

En sintonía con muchos otros países europeos, el gobierno de Berlusconi aprobó el 25 de mayo último una «maniobra» correctiva del presupuesto que apunta a reducir el déficit del Estado en 24.000 millones de euros en el bienio 2011-2012.

El ajuste -que comenzará a ser discutido en el Parlamento el 6 de julio próximo- prevé el congelamiento de los salarios de los más de 3 millones de empleados públicos que hay en Italia a partir de este mismo año y hasta 2013; el aumento de 60 a 65 años de la edad de jubilación de las mujeres y recortes del 10% en los gastos de los ministerios y de las regiones, entre otras medidas.

«Todo sobre nuestras espaldas» fue el lema de la protesta de los trabajadores que, de Norte a Sur, desfilaron con las tradicionales banderas rojas de la CGIL en diversas ciudades del país.

Más de 40.000 personas marcharon en esta capital; mientras que en Milán lo hicieron unas 70.000; en Nápoles, 70.000, y unas 25.000, en Palermo, Sicilia. La manifestación más imponente tuvo lugar en la «roja» Bologna, donde Susanna Camusso, vicesecretaria general de la CGIL, reclamó una política económica distinta, que ayude a los trabajadores, a los jubilados y a los jóvenes, en un discurso ante 100.000 personas.

Si bien el sindicato admite que son «necesarios» los recortes del gasto público, exige que sean más equitativos y que el gobierno les suba los impuestos «a los que más tienen». Además, pide «una reforma fundada sobre una nueva política industrial, con inversiones públicas para ayudar a las jóvenes generaciones a entrar en los sectores estratégicos de la educación y de la investigación, justo lo contrario que propone el gobierno».

Junto con los trabajadores también desfilaron dirigentes de la oposición de centroizquierda. Pier Luigi Bersani, líder del Partido Democrático, que sorpresivamente apareció en la marcha en Milán, instó a realizar cambios en el plan de ajuste.

Por su parte, el ex fiscal anticorrupción, Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores, desfiló en Nápoles con una remera que decía «Pomigliano no se dobla», en referencia a la fábrica de Fiat bajo amenaza de cierre si los empleados no aceptan un nuevo convenio, considerado inaceptable por la Fiom, la división metalúrgica de la CGIL.

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