Juicio contra Rubén González llega a su final
Ciudad Guayana, martes, 22 de febrero de 2011 (Foto William Urdaneta/Archivo).- La libertad o la sentencia condenatoria del secretario general de Sintraferrominera están en juego en la audiencia número 27 en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, en el que se ha ventilado el caso del dirigente acusado de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad, luego de liderar una protesta de 16 días en el 2009. Fuentes judiciales señalan que la comparecencia de hoy puede tener una segunda parte mañana, cuando definitivamente se produzca el fallo de la juez.
Ciudad Guayana, martes, 22 de febrero de 2011 (Foto William Urdaneta/Archivo).- La libertad o la sentencia condenatoria del secretario general de Sintraferrominera están en juego en la audiencia número 27 en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, en el que se ha ventilado el caso del dirigente acusado de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad, luego de liderar una protesta de 16 días en el 2009. Fuentes judiciales señalan que la comparecencia de hoy puede tener una segunda parte mañana, cuando definitivamente se produzca el fallo de la juez.
Después de 26 audiencias en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, se presentará hoy en el Palacio de Justicia a las 9:00 de la mañana a la que puede ser su última comparecencia.
Desde que inició el juicio, el pasado 3 de noviembre de 2010, hasta la fecha la defensa ha presentado 68 testigos y la Fiscalía 11. Hoy se prevé que pasen al estrado los últimos testigos y que posteriormente la juez, Magda Hidalgo, dé el veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Rubén González.
El dirigente ha permanecido durante un año y un mes en la sede de Patrulleros de Caroní tras ser acusado de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad, por la protesta de 16 días realizada en el 2009 por los ferromineros en las minas de Ciudad Piar.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió a finales de 2010 su liberación inmediata y su indemnización, pues luego de escuchar los alegatos de ambas partes (queja 2763) considera que no hay motivos para mantener al dirigente sindical privado de libertad.
Rescatar el diálogo
En el último informe de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado la semana pasada, nuevamente la institución exhorta al Gobierno venezolano a cumplir con el convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949).
Eleuterio “Tello” Benítez, presidente de Fundatrabajo y asesor de Sunep-CVG, explicó que la Comisión de Expertos es el organismo técnico encargado de examinar el desempeño de las naciones miembros de la OIT en el cumplimiento a sus normativas y, específicamente, a su obligación de cumplir los convenios ratificados por ellos.
En el informe, la comisión “lamenta” que el Gobierno no haya respondido a su solicitud de 2010, en la que piden al Ejecutivo que acepte la asistencia técnica de alto nivel del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.
Los expertos subrayaron la “importancia” de que el Ejecutivo acepte la misión de la OIT solicitada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, así como expresa “la firme esperanza” de que se le pueda informar de los progresos tangibles y concretos sobre las cuestiones que se han planteado.
Pide al Gobierno que “se asegure que los derechos sindicales como el derecho de huelga no sean restringidos a base a disposiciones legales penales ambiguas, invocando la defensa de otros derechos constitucionales”.
Además solicita al Estado venezolano que “garantice” que el régimen de presentación ante la autoridad judicial penal no se utilice con fines de control o de intimidación de los dirigentes sindicales o empleadores.
Piden cuentas sobre la totalidad de los casos de violencia antisindical en el país; la apertura de investigaciones y procesos penales contra los responsables; y las órdenes de detención emitidas y las sentencias dictadas.
Comisión tripartita
Los miembros del órgano urgen al Gobierno nacional a que cree una comisión tripartita nacional sobre las situaciones de violencia y de violación de los derechos fundamentales de los sindicalistas y de las organizaciones de empleadores y sus dirigentes, incluido el examen de las disposiciones penales (y su aplicación) criticadas por las organizaciones sindicales- y que le informe al respecto.
Además señala que la “piedra angular” del diálogo es el consenso de soluciones compartidas, con lo cual piden que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos -que afecten a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones- “sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar, en la medida de lo posible, a soluciones compartidas”.
Deudas pendientes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) “lamenta” que desde hace más de nueve años, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo siga sin ser adoptado por la Asamblea Legislativa a pesar de que dicho proyecto contaba con consenso tripartito.
Sobre la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, la Comisión de Expertos pide al gobierno que tome medidas para que las normas vigentes establezcan que sea la autoridad judicial la que decida los recursos relativos a elecciones sindicales.
