La crisis de la oposición de derecha y su rechazo a la movilización popular
Por Omar Vázquez Heredia, militante del PSL
Contexto
En los últimos días, hemos presenciado la develación de la aguda crisis de la oposición de derecha, con los intentos desesperados de Juan Guaidó por conservar la apariencia del inexistente y autoproclamado gobierno interino; constituido en enero de 2019 con el apoyo del ultrareaccionario Donald Trump, la alianza de gobiernos latinoamericanos subordinados a EEUU integrados en el Grupo de Lima y la Unión Europea.
La inestable representación internacional y el precario liderazgo de Juan Guaidó que emergió de su condición de presidente de la Asamblea Nacional (AN), en la actualidad se encuentra cerca de su fin por dos factores: 1) la probable derrota electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre del presente año; y 2) las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro y la cúpula militar para diciembre del presente año, con el objetivo expreso de lograr el control del poder legislativo nacional.
Dicha convocatoria electoral se realiza en medio de otras necesidades sociales esenciales como el incremento del hambre, la cantidad de contagiados por el covid-19, la pulverización del salario y la destrucción de los servicios básicos y sistema hospitalario del país.
Además, con los derechos políticos suspendidos y las libertades democráticas restringidas, a partir de la organización de un régimen político dictatorial que se ha cristalizado en un estado de excepción permanente primero con el uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y después de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con medidas políticas como el cierre de facto en 2016 de la AN elegida por la mayoría de los electores en diciembre de 2015; el uso coactivo de políticas estatales como la entrega de bonos discrecionales a través del carnet de la patria y la asignación de bolsas de alimentos por los Clap desde 2016; la destitución arbitraria en 2017 de la Fiscal General por sus críticas e imposición de un nuevo Fiscal General que es un jerarca chavista; la detención de cientos de opositores y trabajadores en luchas concretas mediante tribunales militares e incluso por expresar su opinión con la utilización de la ley en contra del odio (2017); el sobredimensionamiento de la presencia del aparato militar y policiaco en las calles con la proliferación de las ejecuciones policiales, los castigos corporales y tratos vejatorios; la proscripción de líderes y partidos de oposición; la designación de otra directiva del Consejo Nacional Electoral controlada por el gobierno en 2020; y la intervención de los principales partidos opositores y del chavismo crítico para imponer directivas subordinadas al gobierno en el 2020.
La desesperación de Juan Guaidó y división de la oposición de derecha
En ese contexto, priorizando sus intereses políticos inmediatos, Juan Guaidó efectuó reuniones con dirigentes representativos de dos sectores de la oposición de derecha, como el moderado y electoralista Henrique Capriles y la ultrareaccionaria y militarista María Corina Machado. No obstante, ambos rechazaron la denominada hoja de ruta presentada por Juan Guaidó: rechazo al fraude electoral del gobierno de Maduro y la convocatoria de un plebiscito nacional para intentar legitimar al llamado gobierno interino.
Henrique Capriles cuestiona las sanciones económicas extranjeras y se suma al llamado a la participación electoral en las elecciones parlamentarias fraudulentas, ya impulsado por los sectores organizados en la denominada mesita de diálogo, como Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Henry Falcón. Según Henrique Capriles ese evento electoral es una oportunidad para estimular la acción ciudadana, a pesar del rechazo mayoritario de las clases populares al fraude de las elecciones parlamentarias por su convocatoria ajustada a las necesidades del gobierno, y su prioridad ante demandas como aumento del salario, protección ante la emergencia sanitaria, y acceso a servicios básicos como agua, gas doméstico, energía eléctrica y bienes como gasolina.
En ese marco, el gobierno de Maduro ayer 31 de agosto liberó a 111 dirigentes, militantes y simpatizantes opositores presos o imputados, con la finalidad de crear mejores condiciones para la participación electoral de Henrique Capriles y su sector moderado de la oposición de derecha. El bloque gubernamental chavista necesita que la futura AN tenga una mayor legitimidad para darle legalidad en el exterior al ingreso de capital transnacional y local a la industria petrolera y el Arco Minero del Orinoco. En las condiciones actuales, la AN que emergería de las futuras elecciones parlamentarias fraudulentas sería tan ilegítima como la impuesta con la compra de antiguos diputados opositores en enero del presente año.
Al contrario, María Corina Machado rechaza la participación electoral e insiste en la solicitud de una repudiable acción armada extranjera en contra de su propio país, aunque el gobierno de Donald Trump ha eludido la posibilidad concreta de la invasión imperialista ansiada por la ultraderecha criolla; y hasta ahora no ha usado la amenaza militar a nuestro país como una estratagema retórica en plena campaña electoral presidencial, que le podría servir para aprovecharse del patrioterismo de sectores de la sociedad estadounidense.
La división de la oposición de derecha, evidencia el fracaso de su estrategia de negociación con los jerarcas chavistas, captación de altos mandos militares para aventuras golpistas e injerencia extranjera de EEUU, la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos reaccionarios como el presidido por Jair Bolsonaro e Iván Duque. Esa estrategia tuvo como objetivo lograr la salida del gobierno autoritario y antipopular de Nicolás Maduro, pero sin una rebelión que desborde y fracture al aparato represivo del Estado y al bloque gubernamental chavista, a través de una movilización masiva, coordinada, permanente y combativa de las clases populares.
En ese sentido, desde enero de 2019, sus acciones políticas se restringieron a lo demandado por una transición ordenada y negociada con la totalidad o una fracción del bloque gubernamental chavista. Entonces, solo promovieron la convocatoria de esporádicas y protocolarias concentraciones para legitimar el liderazgo de Juan Guaidó, la solicitud de sanciones económicas extranjeras que afectan en realidad a las clases populares del país, aprobar la confiscación y uso discrecional por gobiernos extranjeros de recursos del Estado venezolano, el ofrecimiento de amnistía penal y administrativa en enero de 2019 para los jerarcas chavistas civiles y militares incursos en violaciones de derechos humanos y casos de corrupción que facilitaran el cambio gubernamental, la presentación de la ayuda humanitaria en febrero de 2019 como la solución a los problemas sociales del país y su empleo como parte de una operación de presión militar en las fronteras del país, el contacto con altos mandos militares chavistas para realizar un intento fracasado de golpe de Estado en abril de 2019, la negociación en Noruega y Barbados con representantes de Maduro y la cúpula militar entre mayo y septiembre de 2019, la organización de una aventura con mercenarios extranjeros y antiguos militares venezolanos para capturar a Maduro en mayo de 2020, y las constantes declaraciones para amenazar con una acción armada extranjera dirigida por EEUU.
La oposición de derecha y la continuidad de Nicolás Maduro
La crisis de la oposición de derecha evidencia el fracaso de su estrategia, pero además demuestra que por sus intereses de clase es un obstáculo para la necesaria derrota del gobierno, al final de cuenta prefiere la continuidad gubernamental antes de que las clases populares con su movilización derroten en las calles a Maduro y a la cúpula militar, porque a pesar de sus diferencias partidistas se encuentra aplicando medidas que llaman la transición económica e imponen el costo del saqueo de la economía a la clase trabajadora, las mujeres de los sectores populares, los campesinos y pueblos indígenas.
La desmovilización popular promovida por las derrotas estimuladas por la oposición de derecha y la represión del gobierno ha permitido la aplicación gubernamental de un conjunto de medidas antipopulares que han incluido la fijación de un salario mínimo mensual de menos de dos dólares, la bonificación salarial, la eliminación de los contratos colectivos con el memorando 2792; la prioridad absoluto del pago de la deuda externa; la desinversión en el sistema educativo y de salud y en las empresas de servicios públicos, que aumenta el trabajo de cuidado de las mujeres de los sectores populares; el desalojo violento de tierras y su restitución y entrega a viejos y nuevos terratenientes; el aumento de la participación del capital transnacional petrolero en el paquete accionario de las empresas mixtas con Pdvsa como el caso de Sinovensa; la privatización de empresas estatales como Abastos Bicentenarios; la ejecución del Arco Minero del Orinoco subordinando territorios indígenas a las necesidades de oro del capital mundial; la exoneración del impuesto sobre la renta a transnacionales petroleras y empresas mineras y de los aranceles a los importadores; la definición de un precio internacional para la gasolina; entre otras.
No obstante, atada a sus intereses de clase, la mayoría de la oposición de derecha insiste en falsas vías para enfrentar al bloque gubernamental chavista, que crean desesperanza y desmoralizan a las clases populares, porque sostienen todavía la posibilidad de una invasión militar extranjera o una transición ordenada y negociada con la totalidad o una fracción del gobierno, pero esto es último es improbable por dos factores: 1) el gobierno mantiene su control autoritario del Estado con el apoyo internacional de potencias capitalistas y autoritarias como China, Rusia, Turquía e Irán; que ante cualquier elección democrática en Venezuela perderían un aliado geopolítico en América Latina, y por eso solo exigen crear formalidades institucionales para legalizar los contratos petroleros y mineros ; 2) Los jerarcas civiles y militares del movimiento chavista por sus intereses como nueva fracción burguesa entienden que la sostenibilidad de su proceso de acumulación y atesoramiento de capital depende del control de los únicos sectores con altos niveles de rentabilidad del capitalismo dependiente y extractivista de Venezuela: la industria petrolera, la minería aurífera en la Amazonía venezolana y el control de las importaciones.
En su retórica, la oposición de derecha sigue sostenido que se debe salir de Maduro como sea (negociación, elecciones, golpismo, sanciones económicas extranjeras o invasión armada), y en realidad, al gobierno de Maduro y la cúpula militar hay que derrocarlo como se puede, y eso es mediante una rebelión popular victoriosa, que se convierta en la conclusión del escalamiento de un proceso de movilización de las clases populares, que tenga un carácter masivo, coordinado, permanente y combativo. Seguramente, en ese proceso de luchas populares se van a articular demandas reivindicativas de las clases populares y la exigencia del restablecimiento de los derechos y las libertades democráticas del conjunto de la población.
Esa rebelión popular victoriosa requiere potenciar y coordinar las luchas populares para unificar las más de seiscientas protestas que ocurren mensualmente en el país, e incrementar su masividad y combatividad. Pero, esto supone deslastrarse de ilusiones en soluciones mágicas e inmediatas provenientes de la injerencia extranjera o de victorias en fraudes electorales orquestados por el gobierno de Maduro, y al mismo tiempo comprometerse con la articulación y acompañamiento de las movilizaciones de las clases populares por reivindicaciones concretas como salario igual a la canasta básica, cumplimiento de los contratos colectivos, acceso a los servicios básicos, una renta de cuarentena por la pandemia y un plan nacional de producción, distribución e importación de alimentos y medicinas para abastecer al país y a su sistema hospitalario en medio del covid-19; que sería financiado con la repatriación de lo robado y fugado al exterior por burócratas y empresarios corruptos, el repudio de la deuda externa fraudulenta, la recuperación de los recursos confiscados por gobiernos injerencistas en medio de las repudiables sanciones económicas, el establecimiento de una reforma tributaria progresiva que peche a los importadores y banqueros, y la eliminación del gasto militar, represivo y suntuario.
Esas movilizaciones por reivindicaciones concretas podrían crear las condiciones que permitan también empezar una lucha nacional que coloque nuevamente el fuera a Maduro en la agenda política, siempre teniendo como perspectiva la constitución de una alternativa que abra la posibilidad de un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, que incluya en su seno de forma organizada a las mujeres de los sectores populares, campesinos y pueblos indígenas.
Pero, en el caso probable de que la rebelión popular victoriosa termine en un gobierno de sectores de la oposición de derecha, surgiría condicionado por una correlación de fuerzas más progresiva emergida de la victoria en las calles en contra del gobierno autoritario y antipopular de Nicolás Maduro y la cúpula militar.