La juventud venezolana debe exigir la libertad de los verdaderos presos políticos y luchadores sociales
Desde la Unidad Socialista de Izquierda hacemos el llamado a la juventud venezolana, para que identifique con claridad a quienes en verdad son los presos políticos y luchadores sociales que en el país defienden las libertades democráticas y los derechos humanos, y a distanciarse de aquellos que peticionan la presencia de organismos internacionales funcionales al imperialismo yanqui, como la OEA.
Desde la Unidad Socialista de Izquierda hacemos el llamado a la juventud venezolana, para que identifique con claridad a quienes en verdad son los presos políticos y luchadores sociales que en el país defienden las libertades democráticas y los derechos humanos, y a distanciarse de aquellos que peticionan la presencia de organismos internacionales funcionales al imperialismo yanqui, como la OEA.
Un grupo de jóvenes venezolanos, miembros de la organización derechista Javu, realizan desde hace dos semanas y media una huelga de hambre en la sede de la OEA en Caracas, exigiendo la libertad de 27 personas a las que consideran «presos políticos», en su mayoría vinculados al golpe de estado fascista de 2002.
Nueve jóvenes iniciaron la protesta, pero luego se han sumado más activistas y se han instalado frente a las embajadas de Chile y Costa Rica, y en las plazas de otras ciudades del país, sumando ya casi 70 personas en huelga de hambre a nivel nacional.
Los jóvenes exigen a la Organización de Estados Americanos que intervenga en el país y han solicitado la visita de José Miguel Insulza. Una delegación de diputados de la derechista «Mesa de la Unidad Democrática» (MUD), visitó a los activistas y se comprometió a promover una ley de amnistía en la Asamblea Nacional.
Reclaman libertad, amnistía e indultos a golpistas, terroristas, y violadores de derechos humanos
Entre los presos figuran tres comisarios, un sargento, y cinco policías metropolitanos condenados por las muertes de una docena de personas durante el golpe de Estado de abril de 2002. En aquel entonces, un grupo de élite de la PM actuó como fuerza de choque al servicio de los golpistas. Otro militar preso por su participación en el golpe de Estado de 2002 es el capitán Otto Gebauer.
Además, exigen la libertad de Juan Bautista Guevara, Otoniel Guevara, y Rolando Guevara, quienes fueron sentenciados por su participación como autores materiales en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Anderson llevaba las investigaciones sobre el golpe de Estado de 2002.
Piden la libertad de Felipe Rodríguez y Silvio Mérida, militares de derecha vinculados al movimiento de corte fascista que se nucleó en torno a la Plaza Altamira a fines de 2002, y que fueron condenados por participar en la voladura de la Oficina de Comercio Internacional de la Embajada de España y el Consulado de Colombia, atentados terroristas realizados el 25 de febrero de 2003. Un tercer condenado por este caso, Raúl Díaz Peña, huyó a Miami en 2010.
Gregory Umanés y Luis Chacín fueron sentenciados por el horrendo asesinato de cuatro jóvenes vinculados al movimiento de la Plaza Altamira. Una sobreviviente identificó a los asesinos. Mientras tanto, José Sánchez, alias «Mazuco», fue condenado por ordenar, siendo director de seguridad del estado Zulia, el asesinato de un enemigo político, Claudio Macías.
Alejandro Peña Esclusa, otra de las personas cuya excarcelación pide la derecha, es un fascista que participó activamente en el golpe de 2002 y es actualmente enjuiciado por posesión ilegal de armas de guerra y explosivos.
También piden excarcelación de condenados por corrupción
Delfín Gómez Parra, militar condenado por corrupción en el caso del Central Azucarero Ezequiel Zamora, también es defendido por Javu. Gustavo Arraiz, quien se declaró culpable de las acusaciones en su contra por distracción de recursos en el caso Microstar, en el cual se simularon importaciones para obtener millonarias asignaciones de dólares por parte de Cadivi, también es defendido por lo huelguistas. Otro de los presos vinculados con el caso es la jueza María Lourdes Afiuni, quien habría auxiliado al empresario Eligio Cedeño para su fuga del país, al otorgarle una medida cautelar a sabiendas de que existía peligro de fuga. Cedeño también era juzgado por el caso Microstar.
Biaggio Pilieri, Asdrúbal Lugo y John Pernía fueron condenados por corrupción en la alcaldía de Bruzual, en Yaracuy.
Sí hay presos políticos, pero su defensa no está en la agenda de la derecha
Aunque el gobierno asegura que en Venezuela no hay presos políticos, hay un grupo de venezolanos presos o criminalizados por participar en luchas sociales.
El preso político venezolano más importante es el dirigente obrero Rubén González, quien está privado de su libertad desde hace más de un año por haber encabezado una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco. A su caso se suman más de doscientos obreros con medidas cautelares por protestar y hacer uso del derecho a huelga.
Más de mil quinientos campesinos tienen juicios abiertos por recuperar tierras, Entre los presos políticos del movimiento popular también se encuentran Sabino Romero y Alexander Fernández, dos indígenas del pueblo yukpa, a los que el gobierno ha apresado por medio de un montaje judicial cuya finalidad es aplastar la lucha por territorio que estos dirigentes han venido adelantando de manera autónoma.
Dado que los partidos de la MUD piden que el gobierno aplique mano dura contra los campesinos que ocupan tierras, defienden los intereses del latifundio ganadero contra las luchas indígenas, y azuzan campañas anticomunistas en las que se satanizan las luchas obreras, resulta comprensible que los verdaderos presos políticos no sean defendidos por estas organizaciones.
De la lista de 27 personas que la derecha pide excarcelar, únicamente Rubén González, Carlos Chancellor y William Saud son auténticos presos políticos.
La impunidad avanza con el apoyo del gobierno y la derecha
Mientras que el gobierno, pese a decirse «socialista», se ensaña contra los que luchan por sus derechos, la mayoría de los crímenes contra el pueblo y la democracia quedan en la impunidad total. Aunque la estridente campaña derechista pareciera indicar lo contrario, el presidente Chávez otorgó el 31 de diciembre una amnistía que benefició a la gran mayoría de los responsables del golpe de Estado de 2002, a los dirigentes del sabotaje petrolero de 2002-2003, y dejó impunes otros atentados contra las libertades democráticas. Sólo un pequeño porcentaje de las causas judiciales abiertas con motivo de estos crímenes permaneció abierta, debido a que la Constitución de 1999 prohibe otorgar amnistía, indultos, o cualquier otra medida que acarree impunidad, a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Con sus acciones de protesta, la derecha pretende que este principio constitucional, cuyo contenido es bastante progresivo, sea derogado.
Sectores de izquierda, por el contrario, hemos venido denunciando que la deuda en materia de justicia por parte del gobierno de Chávez es enorme. Provea y otras organizaciones de derechos humanos han destacado que los responsables de las mayores violaciones a los derechos humanos de los gobierno puntofijistas, como El Caracazo, Masacre de Cantaura, Masacre de Yumare, Masacre de El Amparo, y otros crímenes, han permanecido en la impunidad debido a la falta de voluntad política. Incluso, uno de los autores materiales de la Masacre de Cantaura, Roger Cordero Lara, es hoy diputado por el PSUV. Este contexto pone sobre relieve el carácter antidemocrático y reaccionario de la política gubernamental en materia de justicia y derechos humanos, así como la orientación nefasta de la derecha de pedir la excarcelación de violadores de derechos humanos y autores de crímenes atroces.
La movilización popular debe ser contra la criminalización de la protesta y la impunidad
Tanto la derecha como el gobierno invisibilizan la existencia de una política para mantener en la impunidad la mayoría de los crímenes contra los derechos humanos, y para criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Desde la Unidad Socialista de Izquierda hacemos el llamado a la juventud venezolana, para que identifique con claridad a quienes en verdad son los presos políticos y luchadores sociales que en el país defienden las libertades democráticas y los derechos humanos, y a distanciarse de aquellos que peticionan la presencia de organismos internacionales funcionales al imperialismo yanqui, como la OEA.
Son las organizaciones obreras y populares las que tienen que movilizarse de manera autónoma para exigir la libertad de Sabino Romero y Alexander Fernández, presos políticos yukpas. Por la libertad de Rubén González, preso político del movimiento obrero; y la de Carlos Chancellor y William Saud, presos por encabezar una movilización de pequeños mineros del estado Bolívar. Exijamos que cese la criminalización de la protesta social; que se allane la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara, para que sea enjuiciado por violar los derechos humanos; que las violaciones de derechos humanos de los gobiernos del puntofijismo sean castigadas; y que se investiguen y castiguen los asesinatos de campesinos y dirigentes obreros durante el gobierno de Chávez.
