«La Ley Habilitante es un zarpazo reaccionario a la voluntad popular», afirma Miguel Ángel Hernández
Caracas, 24 de enero.- Miguel Ángel Hernández, a nombre del partido Unidad Socialista de Izquierda (USI), considera que la Ley Habilitante concedida por la Asamblea Nacional al Presidente Chávez a finales del año 2010 constituye «una clara maniobra política y un zarpazo reaccionario a la voluntad popular, con el único fin de concentrar mayores poderes en la figura presidencial hasta las vísperas de las elecciones del 2012. El guabineo del presidente sobre la duración que tendrá la Habilitante no le resta a su contenido antidemocrático».
Caracas, 24 de enero.- Miguel Ángel Hernández, a nombre del partido Unidad Socialista de Izquierda (USI), considera que la Ley Habilitante concedida por la Asamblea Nacional al Presidente Chávez a finales del año 2010 constituye «una clara maniobra política y un zarpazo reaccionario a la voluntad popular, con el único fin de concentrar mayores poderes en la figura presidencial hasta las vísperas de las elecciones del 2012. El guabineo del presidente sobre la duración que tendrá la Habilitante no le resta a su contenido antidemocrático».
El dirigente socialista explicó que «más allá de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagre que la Asamblea Nacional puede otorgar poderes especiales al Presidente de la República para que legisle en situaciones de emergencia, lo que ha quedado claro con la aprobación de esta Ley Habilitante es la decisión del Presidente Chávez y de su partido el PSUV de pasar por encima de la voluntad popular, de abrogarse la potestad de legislar desconociendo o minimizando el papel de la recién conformada Asamblea Nacional y con el claro propósito de aprobar un conjunto de leyes que en el campo político limiten aún más las libertades democráticas y en el terreno económico pretende descargar sobre los bolsillos del pueblo trabajador el peso de la crisis económica».
Hernández fue enfático en señalar que “el talante autoritario del Presidente Chávez cada vez se hace más evidente. A nombre de la emergencia de las lluvias quiere legislar en áreas que no tienen la menor relación con el desastre o con la construcción de viviendas. Eso nos recuerda al Presidente Fujimori de Perú quien disolvió al Congreso de ese país con el argumento de que era un antro de corrupción. Tanto en Perú como en Venezuela, las situaciones que sustentan los argumentos son reales, pero detrás de estos se esconden las perversas intenciones de asegurar la concentración de poderes. En el fondo es una decisión arbitraria y reaccionaria que ningún revolucionario consecuente ni ningún demócrata serio puede pasar por alto.”
Un zarpazo anti-democrático y reaccionario
“Basta de estafas políticas populistas”, exigió Hernández, quien denunció el contenido demagógico y fraudulento de las consignas “El Pueblo pa´la Asamblea” o “El Pueblo legislador” esgrimidas por el Presidente Chávez y el PSUV durante la campaña para la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Asimismo, consideró que «es una estafa monumental utilizar la terrible situación de los damnificados como coartada para legislar en el área militar, o incluso plantear una posible reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, o una ley de consejos de trabajadores para atacar la autonomía sindical».
Añadió Hernández que “los poderes especiales conferidos al presidente entierran definitivamente la aspiración popular de superar la democracia representativa de la IV República y reemplazarla por una verdadera democracia en la que el pueblo trabajador fuera protagonista y conquistara plena capacidad de decisión sobre los problemas que aquejan a la nación”.
En conclusión, dijo el docente universitario y dirigente de la USI, “el Gobierno nacional está intentando desconocer las grandes conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo venezolana en los últimos años”.
La MUD y la iglesia aprovechan la ocasión para hacer campaña anti-comunista
Las denuncias del líder socialista, fueron más allá y recayeron también sobre los diputados de la MUD y de la Iglesia. “Tanto a los diputados de la MUD como a los jerarcas de la Iglesia Católica sólo les preocupa la Ley Habilitante para hacer proselitismo anti-comunista. Ellos bien saben que el gobierno de Chávez no tiene nada que ver con el socialismo y mucho menos con el comunismo, pero se aprovechan de que el Presidente habla a nombre del socialismo, para decir que la Ley Habilitante conduce supuestamente al comunismo”.
“Los dirigentes de la MUD y la jerarquía eclesiástica en el pasado e incluso bajo este mismo gobierno también participaron en ataques brutales contra la democracia, así que no tienen ninguna autoridad política o moral. Simplemente pescan en río revuelto para hacer una odiosa campaña anticomunista y a favor de la propiedad empresarial. Por si fuera poco, apelan a la OEA, auténtico ministerio de las Colonias e los Estados Unidos, para que intervenga en las discusiones y decisiones que sólo le competen en forma soberana al pueblo venezolano”.
Respaldo a la movilización del 5 de febrero
Miguel Ángel Hernández expresó que la dirección ejecutiva de la USI respalda la convocatoria a una movilización nacional para el sábado 5 de febrero, que ha sido convocada por diferentes colectivos sindicales, en los cuales se le exigirá al gobierno nacional un incremento general de sueldos y salarios, generación de empleo digno, libertad para Rubén González, desprocesamiento jurídico a dirigentes sindicales, y se rechazará la criminalización de la protesta. Si bien es cierto que esta movilización es eminentemente laboral, también convoca a los trabajadores a defender los derechos democráticos de la población que vienen siendo conculcados por el gobierno”.
El dirigente de la USI recordó que “del mismo modo en que los trabajadores y el pueblo repudiaron y enfrentaron el golpe de estado del 11 de abril de 2002, de esa misma forma el pueblo debe reaccionar para denunciar este zarpazo contra las libertades democráticas llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional y el PSUV, exigiendo que se derogue la Habilitante y en su lugar se promulguen aquellas leyes necesarias para atender la emergencia derivada de las lluvias”.
