La LOPE es inconstitucional y excluyente
Una característica de las democracias verdaderas es la existencia de la representación, en sus cuerpos deliberantes, de todas las tendencias políticas existentes en su seno, en forma directamente proporcional a la magnitud de su expresión en la sociedad.
Una característica de las democracias verdaderas es la existencia de la representación, en sus cuerpos deliberantes, de todas las tendencias políticas existentes en su seno, en forma directamente proporcional a la magnitud de su expresión en la sociedad.
Éste ha sido un motivo de lucha de los grupos de avanzada, quienes han enfrentado los sistemas electorales que, con subterfugios legales o de otra índole, asignan las plazas de sus poderes legislativos sin atender al principio de la estricta proporcionalidad entre los votos emitidos y la asignación de los integrantes de los cuerpos deliberantes. Adicionalmente, siempre se ha defendido el derecho de las minorías políticas a estar representada en los mencionados organismos. Sistemas electorales mayoritarios, como el estadounidense, en el que demócratas y republicanos se reparten los puestos del congreso, sin importar el marginamiento de sectores numerosos de la población, que quedan sin ninguna representación política, han sido acusados desde siempre como excluyentes y muy poco democráticos. El propio presidente Chávez fustigó en el pasado la existencia de estos extravíos de la política; hoy le da el ejecútese a los mismos con su firma.
Es importante recalcar, que la defensa de la aplicación estricta de la proporcionalidad no está motivada en lograr la participación de uno o más partidos pequeños en los cuerpos deliberantes, pues de lo que se trata es de defender el derecho del pueblo votante a estar representado en directa proporción a su clara manifestación electoral. Si 40% de los venezolanos electores se expresan en una forma particular en las votaciones para la Asamblea Nacional, deberían quedar representados en dicho organismo por el 40% de sus diputados integrantes; si otro grupo del pueblo elector aporta el 55% del total de los votos, debería obtener el 55% de los diputados. Si un tercer grupo aporta sólo el 5% de la votación, tendrá también derecho a disponer de una representación en esa misma magnitud. Hablamos de minorías cuando el monto de los votos sufragados por el pueblo votante no alcanza la cifra límite establecida para elegir a un diputado o parlamentario, por lo que esa porción de los electores quedaría, en principio, sin representación ninguna.
A pesar de todos los esfuerzos hechos para incorporar en la Ley de Procesos Electorales (LOPE) estos sanos principios democráticos, los cuales se encuentran recogidos en nuestra Constitución (artículos 63, 162, 186 y 293), los diputados del PSUV, primero, y el presidente Chávez después, fueron insensibles a nuestros planteamientos y aprobaron un texto legal de contenido excluyente de una buena parte del electorado venezolano, que, aunque se exprese en los distintos comicios venideros, no obtendrá la representación a que tiene derecho constitucionalmente. Se trata de una violación de la Constitución, que se comete impunemente y que se pretende esconder detrás de argumentaciones inaceptables y de descalificaciones y desplantes impropios de quienes hablan de construir una nueva sociedad, donde reine la democracia participativa y protagónica, imperio de la justicia, la inclusión y la equidad. Habría que preguntar: ¿Cuál sociedad democrática se construye marginando a una buena parte de sus integrantes? ¿Qué democracia se profundiza impidiéndole al pueblo soberano su derecho a estar representado? ¿Cómo se impulsa la participación sobre estimando electoralmente a la mayoría?
Es al pueblo al que la ley promulgada despoja de su representación. Ley que, como en el pasado, fue hecha tras bastidores y en conciliábulos que no incorporaron ni siquiera a todos los diputados del sector oficial, como quedó al descubierto ante toda la población, conducta por cierto muy contraria al liderazgo colectivo que se supone se desarrolla en el PSUV. Los días transcurridos desde la presentación del proyecto confirman el apoyo de la oposición a la Ley aprobada, ya que ha llegado a la convicción que le favorece en términos de su futura representación, tanto en la elección de los concejos municipales como en los comicios para diputados al órgano máximo del Poder Legislativo nacional. Además de su silencio ante los claros señalamientos efectuados por algunos partidos y personalidades, sobre la ausencia de proporcionalidad entre votos y electos, las declaraciones de varios de sus líderes no dejan lugar a dudas sobre su acuerdo con la ley en cuestión. Estamos en presencia de una clara coincidencia entre gobierno y oposición, que es perjudicial a los intereses de los electores y de la Patria.
En el pasado, la frustración del pueblo, ante un sistema electoral que no le daba las respuestas buscadas, redujo su credibilidad en el régimen existente y en forma consecuente su participación electoral. Hoy, la abstención electoral estructural en el país está alrededor del 25 por ciento, menos de la mitad del monto de la abstención en la vecina Colombia, donde su clase dominante se ha favorecido de esta situación, pues sin mucho esfuerzo gana las elecciones sin importarle que una mayoría de sus compatriotas se encuentren marginados y no tengan representantes en los organismos de gobierno. Es evidente que los diputados del PSUV y el Presidente mismo comparten la conducta de la oligarquía colombiana, lo cual no puede calificarse sino como una peligrosa coincidencia.
Ante esta agresión contra el pueblo, contra venezolanos de carne y hueso, que tienen derecho a estar representados en la misma proporción en que se expresaron, no nos queda sino expresar públicamente nuestra enérgica protesta y llamar al pueblo a manifestarse y movilizarse contra esta diabólica alianza antidemocrática del Gobierno y la oposición. Ante la claudicación gubernamental en esta materia y la demagógica política opositora, muestras claras del nulo interés de ambos en los derechos constitucionales de los electores, los venezolanos realmente progresistas deben cerrar filas en defensa de la inclusión electoral democrática establecida en nuestra Carta Magna, mediante acciones de calle y jurisdiccionales e, incluso, la posibilidad de convocatoria de un referéndum abrogatorio.
Luis Fuenmayor Toro (Caracas), Camilo Arcaya Arcaya (Caracas), Enrique Corao, (Mérida), Omar Muñoz (Zulia), José Miguel Cortazar (Caracas), Antonio Edmundo Iribarren (Nueva Esparta), Minerva Walter (Zulia), Salvador Navarrete (Caracas), Tulio Monsalve (Caracas), Olga Bravo (Falcón), César Villarroel (Caracas), Federico Villanueva (Caracas), Sergio Otero (Caracas), Cayo Barrios (Lara), Franklin Fuenmayor (Caracas) y Jesús Rodríguez Silva (Ciudad Bolívar).
