La OLP o la normalización de la pena de muerte
Por: Prensa PSL
Entre el jueves 6 y el viernes 7 de este mes, murieron a manos de la llamada eufemísticamente Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un total de 41 personas en distintos estados del país.
El jueves 6 murieron 11 supuestos delincuentes en el 23 de Enero, y en la madrugada del viernes 7 otros 10 en Antímano, es decir, 21 sólo en Caracas. Además de otros 20 en los estados Zulia, Miranda, Lara, Aragua, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Carabobo.
El gobierno sigue matando a mansalva y son pocas las voces que se levantan para denunciarlo. Sólo Provea ha puesto en el tapete esta grave situación.
Sigue desplegándose en todo el país la llamada OLP por parte de las fuerzas policiales y militares. Este es un mecanismo similar a operativos represivos puestos en práctica durante el puntofijismo, como el tristemente célebre Plan Unión. El mismo refleja el talante autoritario de un gobierno que, de distintas maneras, restringe las libertades democráticas.
En estos supuestos enfrentamientos, nunca hay ni un herido de los cuerpos policiales. Algo realmente llamativo. Ahora parece que la pena de muerte se ha entronizado en un país que constitucionalmente no la contempla.
El gobierno asegura que los muertos se producen en enfrentamientos con delincuentes, pero ¿por qué hay creer lo que dice el gobierno y sus cuerpos policiales? ¿por qué los muertos son de un sólo lado?
De acuerdo al Ministerio Público, el pasado año se produjeron 245 muertos como consecuencia de la ejecución de la OLP. Una verdadera barbaridad.
Según un informe de Provea del año 2015, citado por El Nacional del 7 de octubre del presente año, familiares y testigos de los hechos, han afirmado que muchos de los muertos y detenidos no eran delincuentes. El informe asegura que hubo 20 presuntas ejecuciones durante la OLP en 2015.
Estos operativos represivos, al igual que en el pasado adeco-copeyano, tienen el propósito fundamental de amedrentar y generar terror en las comunidades populares, con el objetivo, no declarado, de disuadir las protestas populares, en un país a punto de ebullición.