La Unidad Socialista de Izquierda rechaza sanciones contra RCTV
En la madrugada del domingo 24 de enero, las operadoras de cable suspendieron la transmisión de la señal del canal RCTV Internacional, luego de una exhortación del director de Conatel, Diosdado Cabello, quien amenazó con multar a estas empresas si no cesaban la transmisión de aquellos canales que no se han ajustado a una nueva norma legal referida a la televisión por cable.
En la madrugada del domingo 24 de enero, las operadoras de cable suspendieron la transmisión de la señal del canal RCTV Internacional, luego de una exhortación del director de Conatel, Diosdado Cabello, quien amenazó con multar a estas empresas si no cesaban la transmisión de aquellos canales que no se han ajustado a una nueva norma legal referida a la televisión por cable.
Ese día arrancó la aplicación de dicha norma, que obliga a los canales a registrarse ante Conatel y notificar las especificaciones de su programación. Además de RCTV Internacional, otros 5 canales que transmiten por cable exclusivamente (Ritmo Son, Momentum, América TV, American Network, TV Chile) fueron sacados del aire por las operadoras de cable, siguiendo las instrucciones gubernamentales emanadas de Conatel.
La sanción contra RCTV es una restricción a las libertades democráticas
Aunque RCTV no cumplió con los requerimientos hechos por el Gobierno Nacional a través de Conatel, nuestro partido Unidad Socialista de Izquierda (USI) es categórico en rechazar esta medida, en vista de que no se trata de una medida progresiva que amplíe las libertades democráticas de la población, por el contario se trata de una restricción, utilizando el chantaje político y amparándose en argumentos administrativos y burocráticos.
La Unidad Socialista de Izquierda no tiene nada que ver, y somos antagónicos con los intereses políticos y económicos de Marcel Granier y los propietarios de RCTV Internacional. No nos cabe duda que se trata de un medio de comunicación privado que en el pasado reciente jugó un papel nefasto contra los trabajadores y el pueblo, aupando el golpe de Estado proyanki del 2002, así como el criminal paro y sabotaje a nuestra empresa petrolera, todo con el objetivo de liquidar el proceso revolucionario.
En aquel momento nuestra corriente socialista reclamó al gobierno de Chávez que castigara a todos los golpistas civiles y militares, y en el caso de los medios de comunicación expropiara a RCTV, Venevisión, Globovisión, Televen y fueran entregados a los periodistas, empleados y comunidades para que éstos los controlaran y administraran, cuestión que Chávez se negó a hacer, dejándolos en la impunidad, e incluso dejó escapar a Carmona.
La medida que hoy toma el gobierno contra RCTV, así como el chantaje hacia las operadoras de cable, no es con el fin de profundizar el proceso revolucionario y que el pueblo venezolano ajuste cuentas con ese medio de comunicación por el rol que jugó en el golpe y el paro entre el 2002 y el 2003, más bien es parte de la disputa del gobierno del presidente Chávez y la boliburguesía en el poder con la burguesía proimperialista tradicional, tal como se evidencia del enfrentamiento entre Venevisión y RCTV, a raíz de la medida adoptada por Conatel contra esta última. Disputa en la que por cierto, el gobierno se coloca del lado de Venevisión, gracias al acuerdo refrendado en el 2004 en la reunión entre Chávez, Cisneros y Jimmy Carter.
Además el gobierno trata de acallar a los sectores obreros y populares que buscan expresar sus reclamos a través de los medios privados, ya que no tienen acceso a los del Estado, los cuales censuran sus voces de protesta.
El gobierno de Chávez mantiene las relaciones capitalistas de producción
El gobierno del presidente Chávez, más allá de su engañoso discurso supuestamente obrerista y socialista, defiende a los empresarios, a los grandes banqueros y a las transnacionales que son sus socias en el negocio petrolero. Esto queda en evidencia con los anuncios de expropiación de la cadena de supermercados Éxito, con cuyos propietarios francesas ahora está dispuesto a establecer una alianza para crear una empresa mixta, a pesar de que hace poco menos de diez días los acusó de remarcar precios, vender productos alimenticios en estado de descomposición y sobreexplotar a los trabajadores. Ese es el verdadero rostro y las intenciones pro-capitalistas del gobierno.
Es el mismo gobierno que descarga la crisis sobre los hombros de los trabajadores, mientras sus funcionarios se retratan con los banqueros. Es el mismo que aumentó el año pasado el IVA y hoy devalúa la moneda con las consecuencias nefastas que esto tendrá en la inflación y en el nivel de vida del pueblo. El mismo que le ofrece dólares a 2,60, y pone a disposición de empresarios como Vollmer, Cudemus, Belandria y Pérez Abad, 3 mil millones de bolívares del Fondo Bicentenario. Por otra parte, este gobierno no tiene ninguna autoridad moral para aplicar esta medida, ya que es el mismo que amnistió a los golpistas.
Por ello, cualquier restricción de las libertades democráticas puesta en práctica por este gobierno, es una espada de Damocles que invariablemente será dirigida contra los trabajadores y el pueblo. Contra los petroleros que se opongan al miserable contrato colectivo aprobado por PDVSA y la burocracia sindical roja, rojita; a los trabajadores del aluminio y de las empresas básicas que luchen por defender sus derechos, la estabilidad laboral y a las empresas que el gobierno ha llevado al desastre; a los trabajadores del sector público que tienen 6 años sin contrato colectivo; a los pobladores de las comunidades que luchan, hartos de los apagones y de la falta de agua; a los indígenas como Sabino Romero, perseguidos por el gobierno por defender el derecho a la tierra.
Y ya esto lo estamos constatando en el hecho de que más de 2.400 trabajadores, luchadores populares, campesinos y estudiantes se encuentran sometidos a juicios por protestar, como es el caso de Rubén González, dirigente del sindicato de Ferrominera Orinoco, quien se encuentra preso por ejercer el derecho a huelga. Se evidencia también en la criminalización de la protesta concretada en la detención de Sabino Romero, la de un grupo de trabajadores de la Alcaldía de Caracas, la de Richard Blanco, el asesinato de un dirigente sindical de Toyota, y el crimen de 2 trabajadores de la Mitsubishi, a manos de la policía de Tarek Williams. Así como la impunidad que rodea al asesinato de 200 dirigentes campesinos.
Asimismo, el gobierno tiene secuestrados a los medios de comunicación estatales, los cuales se han convertido en el aparato mediático del PSUV y del presidente Chávez. Ante el cerco mediático impuesto por el gobierno, los luchadores de las comunidades, los dirigentes sindicales clasistas, los trabajadores y el pueblo en general, no les queda otra opción que tratar de expresar sus reclamos a través de los medios de comunicación privados.
Ni con Granier, Cisneros, ni Diosdado
Nuestro partido lucha estratégicamente porque todos los medios de comunicación estén en manos de los trabajadores y el pueblo, como parte de la lucha por el socialismo. Luchamos por la apertura democrática de los medios de comunicación estatales y privados, para que estén bajo control de los periodistas, técnicos, trabajadores y empleados, universidades y organizaciones culturales, y no bajo el control burocrático de funcionarios gubernamentales, o de patronos capitalistas.
En lo inmediato, exigimos que en los medios de comunicación estatales como VTV, Vive TV, Avila, YVKE Mundial, Radio Nacional, y otros, se otorguen espacios y programas para todas las corrientes antiimperialistas, obreras, campesinas, indígenas, populares, estudiantiles y socialistas que lo reclamen, entre ellas la USI y CCURA. Igualmente exigimos que se levante el veto impuesto en PDVSA a nuestra página www.laclase.info, a la cual los trabajadores petroleros no pueden exceder desde las computadoras de dicha empresa.
