Las Fuerzas Armadas chavistas: ni socialistas ni antiimperialistas
Por Simón Rodríguez Porras
Marzo de 2019. El acto militar por los 6 años de la muerte de Chávez, el 5 de marzo en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, fue el escenario para la condecoración de varios efectivos de los distintos componentes de las fuerzas armadas por parte de Maduro. Algunos de ellos directamente implicados en la represión de enero y febrero. Se leyeron discursos en homenaje al finado ex presidente que, además del consabido culto a la personalidad, rebosaban de alusiones antiimperialistas y patrióticas. El alarde unitario en realidad era un intento de ocultar las divisiones existentes en los cuerpos represivos venezolanos, de las cuales hemos visto numerosos síntomas en el último período.
El 21 de enero se sublevó un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza, en Caracas, y aunque se rindió sin llegar a presentar resistencia armada a las autoridades a las pocas horas, el hecho generó grandes protestas de apoyo en los barrios populares que fueron brutalmente reprimidas, con más de 30 personas asesinadas en menos de una semana. Entre fines de febrero y comienzos de marzo, decenas de militares de rangos medios y bajos habían desertado, entre ellos los guardias nacionales que arremetieron el 23 de febrero contra las vallas de seguridad del puente fronterizo con la ciudad de Cúcuta, a bordo de una tanqueta de fabricación china. Cada vez es más notoria la división entre las tropas rasas y los altos mandos, entre quienes pasan hambre y quienes disfrutan de grandes privilegios. La política que durante años aplicó el chavismo de aumentar los salarios militares por encima de la inflación naufragó ante la hiperinflación, con lo cual se reduce cada vez más el círculo burocrático de las fuerzas armadas que saca provecho de los grandes negocios al administrar Pdvsa y las empresas militares de toda clase de rubros, incluyendo el minero; los grandes negociados con las compras de armamento, el control de los puertos y las fronteras, la importación estatal de alimentos. A todo lo cual se suman decenas de ministerios, alcaldías y gobernaciones que están bajo su mando. Son más de 1600 militares que han pasado por altos cargos de gobierno durante el chavismo, engrosando las filas de la ascendente burguesía chavista, popularmente conocida como boliburguesía.
Estas son las razones detrás de su apoyo a Maduro, un pragmatismo muy lejano a las consideraciones doctrinarias. Se trata de altos mandos fueron formados por la Escuela de las Américas yanqui, reaccionarios a quienes no tiembla el pulso a la hora de ordenar reprimir a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos indígenas o a los barrios populares. Son los garantes del saqueo que realizan las transnacionales imperialistas del petróleo y la minería, los aliados de las mafias del oro y de los pranes que controlan las cárceles.
Trump y su alfil Guaidó tratan de ganarlos para un golpe (ver recuadro sobre la Ley de amnistía) y para que impongan a sangre y fuego el orden en el período post chavista. Con el agravamiento de la crisis económica y social no es descartable que esa política golpista pueda tener éxito. La única franja significativa ganable para la causa popular es la de aquellos soldados rasos descontentos por el hambre y la miseria que el gobierno ha impuesto a la población, ese sector puede negarse a reprimir al pueblo si se da una masiva movilización. A esa posibilidad le temen tanto el gobierno como el imperialismo y su títere Guaidó.
La Ley de Amnistía, impunidad para la corrupción y la represión
El 25 de enero, la Asamblea Nacional promulgó una ley de amnistía para las autoridades civiles y militares que rompan con el gobierno de Nicolás Maduro y se disciplinen al autodenominado gobierno interino de Guaidó. El instrumento legal abarca delitos de carácter civil, penal, administrativo, disciplinario e incluso tributario, cometidos desde enero de 1999 hasta enero de 2019, eliminando cualquier condena, juicio o investigación abierta.
Para Guaidó y sus jefes políticos en EEUU, se trata de sobornar a los miembros del alto mando militar para que den un golpe, con la promesa de que pueden retener el dinero sucio de la corrupción y gozar de plena impunidad para delitos relacionados con la represión de las protestas populares y la disidencia. Esta política ofrece por lo pronto un incentivo limitado a la alta jerarquía militar, que hace grandes negocios y goza de total impunidad con el chavismo. Además está reñida con las expectativas populares de justicia.
El chavismo, al llegar al poder, también cubrió con impunidad los crímenes de los militares durante el período de 1958-1998. Represores como Rodríguez Chacín o Cordero Lara pasaron a ser dirigentes chavistas y nunca se enjuició a los responsables de la represión de El Caracazo, en la que fueron asesinadas más de dos mil personas.
Algunos militares que ya habían roto con Maduro antes de la crisis de 2019, como Hugo Carvajal, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico, o Clíver Alcalá, se han puesto a las órdenes de Guaidó. Pero no ha habido ningún quiebre en la institución hasta ahora.
En todo caso, lo más significativo de esta ley es que demuestra el rol que el imperialismo y la derecha opositora asignan a los generales en un régimen post chavista. La oferta de impunidad y el llamamiento a que den un golpe implica que sigan jugando en el futuro el papel de árbitros políticos en Venezuela, ocupando espacios de poder e influencia, así como su reconocimiento formal como capitalistas, mediante el blanqueo de sus fortunas. Por todo ello, el Partido Socialismo y Libertad repudió la amnistía de Guaidó y advirtió sobre los peligros que representa.