Latinoamérica: La minería transnacional es una amenaza para los pueblos
8 de septiembre de 2010 Nro. 174
El Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José en el norte de Chile, muestra los peligros para los trabajadores y pueblos que encierra la minería capitalista que privilegia solo sus ganancias y que se extiende en toda Latinoamérica, causando desastres ambientales y sociales.
8 de septiembre de 2010 Nro. 174
El Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José en el norte de Chile, muestra los peligros para los trabajadores y pueblos que encierra la minería capitalista que privilegia solo sus ganancias y que se extiende en toda Latinoamérica, causando desastres ambientales y sociales.
Los mineros chilenos reciben alimentos, fueron filmados y parecen estar relativamente bien, aunque todavía demorarán tres meses en rescatarlos, según las autoridades. El presidente Piñera y otros funcionarios intentan parecer solidarios, pero no hablan de las razones que causaron el derrumbe y que estuvieron al borde de matarlos.
Informes técnicos y de los trabajadores dan cuenta que no había salidas de emergencia reglamentarias. Por otra parte, por la codicia de los dueños, se había excavado “siguiendo la veta”, poniendo en riesgo la estructura que sostenía las cavernas mineras, lo que terminó provocando el derrumbe. Ni siquiera tenían un seguro que cubriera la posibilidad de un accidente como este. ¡Y ahora dicen que “no saben” si podrán pagar los sueldos! Que esto pudiera suceder, tiene relación directa con el “modelo chileno” que inauguró Pinochet, un ejemplo para todos los neoliberales latinoamericanos, que priorizó las ganancias patronales sobre cualquier regulación en defensa de los trabajadores.
La expansión de la minería en Latinoamérica
La expansión territorial en Latinoamérica, Asia y África de la minería en los últimos 20 años, se debe al agotamiento a escala mundial de las llamadas “vetas de alta ley”, que se explotan desde el fondo de galerías subterráneas (socavones). La minería de socavón se mantiene en algunos lugares, como el caso de la mina San José en Chile, al precio de una altísima inseguridad. Ahora, la mayor cantidad de minerales son extraídos mediante yacimientos “a cielo abierto” con técnicas depredadoras llamadas de “lixiviación”, utilizando arsénico, para obtener minerales codiciados diseminados en miles de toneladas de rocas que son voladas con dinamita. Esta forma de explotación utiliza poderosas maquinarias, enormes cantidades de energía y agua y poca mano de obra. Produce envenenamiento de aguas y suelos, destrucción de la vegetación y vida animal.
La supuesta “ventaja” que tiene esta técnica es que permite la extracción en regiones en las que antes no eran mineras y una altísima rentabilidad para las multinacionales. El “detalle” es que en todos los casos pagan bajísimos impuestos y regalías (entre 3 y 4%) y nunca pagan la enorme cantidad de agua que consumen ni la destrucción ambiental que causan.
Políticos y gobiernos vendidos
El llamado “neoliberalismo” -capitalismo de los años 90-, se encargó en Latinoamérica de hacer leyes que permitieran esta depredación por parte de las multinacionales. Pero estas leyes fueron mantenidas e incluso “perfeccionadas” por gobiernos que dijeron oponerse al neoliberalismo, como la Concertación en Chile, los Kirchner, Evo Morales o Correa.
En El Socialista 170 se explica con amplitud lo ocurrido en Argentina. El tratado con Chile, firmado por Menem y Frei en 1997, redactado por la Barrick Gold, creó un territorio en la Cordillera de 340.835 km2 (más grande que toda la provincia de Buenos Aires), donde las dos naciones permiten que las empresas mineras puedan operar sin fronteras ni controles aduaneros, utilizando gratis el agua. El kirchnerismo las eximió de pagar IVA y anuló la exigencia de dejar las divisas obtenidas en el país.
En Honduras, uno de los motivos del golpe de estado contra el presidente Zelaya el año pasado, fue que, por exigencia popular, había prometido regular con una ley minera la actividad de la canadiense Yamana Gold (¡la misma multinacional de Agua Rica en Andalgalá!).
¡No a la mina!
Cuando la gente comenzó a darse cuenta de los efectos destructivos de estas mineras, se generalizó la resistencia. Fue pionera la ciudad de Esquel que, en 2003, con una gran movilización y un referéndum en el cual el 82% votó en contra, impidió la instalación de la mina de oro de la Meridian Gold. Este año fue la pueblada de Andalgalá la que obligó a paralizar el yacimiento de Agua Rica en Catamarca. En Argentina hay más de 70 asambleas ambientales activas luchando contra la megaminería.
Esta resistencia se extiende a toda Latinoamérica. Es necesario apoyar y unificar internacionalmente estas luchas que tienen un fuerte carácter antiimperialista, para exigir expropiación sin indemnización y expulsión de las multinacionales mineras, y establecer una explotación minera racional, con control obrero y popular y respetando la seguridad y derechos de los trabajadores, el medio ambiente y las necesidades de la mayoría.
El cobre en Chile
El cobre es la principal riqueza de Chile, primer exportador mundial. Por eso, la nacionalización del cobre realizada por el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, en 1970, fue un gran paso hacia la independencia nacional. La dictadura de Pinochet comenzó a desnacionalizarlo nuevamente, aunque mantuvo la mayoría de la producción en la estatal Codelco. Fue el gobierno de la Concertación (1991-2010) que sucedió a Pinochet, el que más avanzó en la entrega a las multinacionales. Durante los 19 años de gobierno de la Concertación la producción de cobre aumentó enormemente con las nuevas tecnologías depredadoras. La empresa estatal Codelco exportó 28 millones de toneladas de cobre y las multinacionales 50 millones de toneladas (¡equivalente a 325 mil millones de dólares saqueados a Chile!), superior a toda la producción nacional acumulada en más de 50 años (Comité de Defensa del Cobre).
Sumitomo en Bolivia
En Bolivia, la mina San Cristóbal, perteneciente a la multinacional japonesa Sumitomo Corporation, es la mayor mina de zinc, plomo y plata del mundo. Emplea 940 trabajadores y consume más agua que los 700.000 habitantes de la ciudad de Cochabamba sin pagar un centavo por ella. Enfrentó denuncias y bloqueos de comunidades indígenas por el envenenamiento de los suelos. El ministro de minería de Evo Morales, José Pimentel, un ex dirigente sindical minero, reveló que esa compañía gana 1.000 millones de dólares al año y que sólo tributa 35 millones (3,5%). En agosto estuvo paralizada por 19 días por la huelga general del Departamento de Potosí, donde está el yacimiento y en el cual se registra el mayor índice de pobreza en el país. Sin embargo, en junio, Evo Morales había visitado sus instalaciones, felicitó a la Sumitomo por su “eficiencia” y le dio “plenas garantías jurídicas”.
Movilización continental
* Perú, septiembre 2004: 3.000 campesinos marcharon hacia el campamento de la empresa Minera Yanacocha, ubicado en el Cerro Quilish, en Cajamarca, la segunda mina de oro del mundo, logrando, después de dos semanas de dura lucha con la policía, que el gobierno prohíba las nuevas labores de exploración.
* Argentina, septiembre 2008: en Córdoba se conquistó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas tóxicas para la actividad minera en la provincia.
* República Dominicana, abril 2010: importante movilización en Cotui exigiendo la salida del país de la Barrick Gold.
* Colombia, abril 2010: los indígenas Embera Katio en el Chocó colombiano fueron bombardeados por el ejército el 30 de enero, lo que ocasionó la muerte de un bebé, por oponerse a operaciones de la minera Muriel Mining. Pero su movilización logró que la Corte Constitucional suspendiera la actividad de la minera multinacional.
* Guatemala, agosto 2010: después de 7 años de bloqueos y movilizaciones, y de enfrentar duras represiones, los indígenas mayas de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, obligaron al gobierno de Alvaro Colóm a comprometerse a paralizar la explotación de oro de la multinacional canadiense Goldcorp.