Leonel Grisset: «No podrán prohibir la actividad sindical»

Caracas, 12 de mayo.- Este jueves se realizó en la sala E de la Universidad Central de Venezuela el Encuentro Nacional por el derecho a defender derechos, organizado por Provea. Un nutrido panel de activistas de distintos ámbitos sociales disertó sobre procesos de lucha en defensa de derechos colectivos en Venezuela, entre ellos el dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco, Leonel Grisett, quien desde el año 2006 enfrenta un proceso judicial como retaliación por su participación en una huelga de trabajadores tercerizados.

Grisett relató que el conflicto en la empresa Transportes Camila, contratista que se dedica a transportar pellas de hierro, estalló en septiembre de 2006, ante una serie de incumplimientos contractuales y violaciones a las condiciones de seguridad. Grisett, quien se desempeña como delegado de prevención, avaló que no había condiciones de seguridad para la realización de las labores de transporte, y de acuerdo con la Lopcymat los trabajadores pueden negarse a trabajar ante esta situación. Para quebrar la paralización, la empresa utilizó desde esquiroles hasta la intervención directa de la Guardia Nacional.

Pese a todas estas maniobras patronales, la paralización persistió durante cinco días. El dirigente sidorista también explicó que en este tiempo los trabajadores recurrieron al Ministerio del Trabajo, pero todas las diligencias resultaron infructuosas, dadas las complicidades existentes entre los organismos estatales y los patronos. La muestra más escandalosa de este tipo de colaboración se manifestó cuando una Juez ordenó el desalojo de la empresa un domingo a las 11 de la noche, procedimiento que fue ejecutado por la GN y miembros de la seguridad privada de los patronos. Durante el procedimiento, los guardaespaldas de la patronal realizaron disparos al aire y los efectivos de la GN se llevaron detenido a un trabajador.

Grisett y doce trabajadores más acudieron al sitio de reclusión donde se encontraba el detenido, un peaje entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Al llegar al lugar también fueron detenidos y recluidos junto con personas acusadas por delitos comunes en un área diseñada para albergar a 60 personas, pero que contaba con más de 200 personas hacinadas.

Los 14 trabajadores que fueron criminalizados por ejercer el derecho a la protesta y a la huelga, salieron con una medida de régimen de presentación gracias a la movilización de más de cinco mil trabajadores de Sidor, los cuales se apostaron frente a los tribunales y exigieron la liberación de los detenidos. No obstante, el juicio permanece abierto y pende como una espada de Damocles sobre las cabezas de estos trabajadores.

Grisett dijo que las políticas intimidatorias que adelanta el Estado contra la dirigencia sindical no lograrán amilanar las luchas de los trabajadores. Culminó destacando la reacción obrera nacional que respondió a la condena al Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González, la cual llevó a una rápida anulación del juicio, y llamó a redoblar los esfuerzos por combatir la criminalización de las luchas de los trabajadores.