Ley para la “protección” animal y continuidad de la barbarie taurina

El pasado mes de diciembre fue sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica, Libre y en Cautiverio, texto legal ampliamente anhelado por ecologistas, ambientalistas y diversos sectores nacionales interesados en la preservación de la biodiversidad y en garantizar el cumplimiento de los derechos de los animales. Por desgracia para quienes nos oponemos al maltrato animal, el Proyecto de Ley aprobado no fue precisamente el mismo que se debatió en primera discusión en el año 2007, sino un documento sometido a numerosos cambios.

Resulta que el proyecto original contemplaba importantes cambios en aquellos espectáculos, eventos o rituales en los que el hombre torturara y/o ejecutara a algunos animales, mientras que el recientemente aprobado es bien ambiguo y limitado al respecto, tal como se percibe en los artículos y 14 y 15, por ejemplo:

“Artículo 14.- Toda actividad que involucre la utilización de animales domésticos con fines de exposición, esparcimiento, recreación, amenidad, competencia, diversión, entretenimiento, fiesta y solaz donde intervenga un auditorio, independientemente de su número, se considerará un espectáculo público y en consecuencia su regulación es competencia del poder público municipal, sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente ley. El poder público municipal determinará las actividades que requieran de la consulta pública para su realización.

Artículo 15.- Los animales domésticos destinados a exhibiciones y actividades circenses, deportivas o recreativas, deberán permanecer en locales o jaulas suficientemente amplias, que les permita moverse con libertad y en ningún caso podrán ser hostigados por sus propietarios o domadores en el desempeño de su trabajo o fuera de él. En caso de ser trasladados, deberá realizarse en condiciones adecuadas que garanticen su bienestar”.

Claramente se aprecia que la ley, lejos de proteger a los animales involucrados en distintos eventos, posibilita que las autoridades municipales regulen de forma exclusiva distintos espectáculos barbáricos, y que se continúe el maltrato so pretexto de que se le “otorgue cierta libertad” a los animales. En realidad la famosa ley para la protección animal, ansiosamente esperada por muchos venezolanos, es una ley para la desprotección, cuyo espíritu prácticamente desestima la tortura llevada a cabo en macabros espectáculos, o incluso es cómplice del sinfín de atrocidades cometidas por los “civilizados” seres humanos contra sus hermanos animales. Lo más triste de todo es que el documento legal fue aprobado nada menos que por un Gobierno que se precia de ser humanista, protector de la biodiversidad y formador de individuos con una mentalidad de avanzada en lo concerniente a las relaciones con sus semejantes y con el resto de las especies animales.

Es obvio que los autores intelectuales de la ley para la “protección” animal son personajes que de una u otra manera han estado vinculados a grupos o a empresarios que fomentan y se enriquecen con los espectáculos barbáricos. Para nadie es un secreto que en el caso de las corridas de toros, por ejemplo, numerosos adeptos al actual Gobierno, seudorrevolucionarios todos, no sólo son aficionados a este degradante legado de los colonizadores españoles, sino que incluso lo financian y obtienen buenas ganancias en asociación con distintos empresarios taurinos. De hecho, las corridas de toros ni siquiera son mencionadas en el texto legal reciente, como si ocurría en el proyecto de 2007, cuando se proponía una limitación drástica al macabro espectáculo. En el presente documento apenas se incluye implícitamente a las corridas (al menos eso suponemos), lo que claramente puede interpretarse como la conveniencia jurídica de no afectar a este evento de manera importante. Evidentemente el notable cambio entre el texto original y el aprobado se debe tanto a la presión ejercida por los mercaderes de la tauromaquia, como a la complacencia y a la afición taurina de distintos funcionarios gubernamentales.

La tauromaquia en Venezuela sigue teniendo cierta importancia debido al patrocinio de grupos económicos y políticos poderosos, especialmente en algunas partes de Venezuela, como Mérida y San Cristóbal, por ejemplo. De ahí que la barbarie taurina mantenga cierta popularidad e influencia sobre diversos estamentos de la sociedad en estas ciudades andinas, y por tanto la presión que ejercieron los promotores taurinos para que el Gobierno nacional delegara a las autoridades municipales correspondientes la libre regulación del nefasto espectáculo. En este sentido, no es difícil imaginar que los Gobiernos locales, vinculados de una u otra forma con los círculos taurinos, harán absolutamente nada para perjudicar su “magno arte”. En Mérida, por ejemplo, es bien sabido que numerosos personeros del Gobierno estatal y municipal (municipio Libertador) han sino tanto aficionados como financistas de la carnicería taurina, incluidos algunos “revolucionarios” que por medio de una fundación conocida como Ferisol hicieron jugosos negocios con empresas licoreras y financiaron parcialmente el Carnaval Taurino de América.

La continuidad de las corridas de toros en Venezuela demuestra no solo que la fulana ley para la protección animal lo menos que pretende es defender los derechos animales, sino que no está en sintonía con los cambios humanísticos y ecológicos que pretenden llevarse a cabo en el país. No pueden considerarse socialistas quienes disfrutan con la tortura y la humillación de otro ser vivo, sin importar la especie a la que pertenezca. No pueden hablar de amor, de paz y de valores auténticos, quienes siguen fomentando la cultura de la violencia mediante la continuidad de espectáculos en los que se derrame sangre por puro placer.

Si hace tres años estábamos esperanzados por un texto que prometía liquidar prácticamente espectáculos bochornosos como las corridas de toros, ahora la decepción es mayúscula con la sanción de una ley que más bien protege a los promotores y a los empresarios de la tortura animal. Avergonzados deberían sentirse los autores de la presente ley, más aún cuando se califican como “dignos socialistas pletóricos de amor”. Se nos antoja preguntarle a estos personajes y a todos aquellos que disfrutan con el sufrimiento animal, si les gustaría recibir un castigo sistemático basado en estocadas, puyazos, golpes, patadas, o cualquier otra agresión. Espectáculos dantescos como las corridas de toros, las peleas de gallos, entre otros, seguirán celebrándose, de eso no hay duda, pero su tiempo parece acortarse; tengamos en cuenta que cada vez más venezolanos se interesan y preocupan por los derechos animales y por la biodiversidad en general.