Libertad para los trabajadores de Intermarca
Venezuela aparece señalada internacionalmente como una parte de la cadena de transferencia de la droga desde los campos donde se producen la coca primero y la cocaína después, hasta los países donde se concentran sus consumidores, principalmente los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea.
Venezuela aparece señalada internacionalmente como una parte de la cadena de transferencia de la droga desde los campos donde se producen la coca primero y la cocaína después, hasta los países donde se concentran sus consumidores, principalmente los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea.
Ese tráfico y las formas de practicarlo ha sido objeto de tratamiento cinematográfico dado que ha generado una forma organizada de delincuencia que son los carteles de la droga.
Los recursos financieros de estos carteles es diseminada mediante el lavado de dinero en una economía paralela o narcoeconomía que se apropia de inmuebles rurales y urbanos, de bienes de capital y formaciones empresariales. Las diferentes mercancías producidas desde esta economía paralela con frecuencia recurrente aparecen “preñadas” de alijos de cocaína que por tierra, mar o aire surcan los espacios trasnacionales en busca de los consumidores.
Las instituciones del Estado son responsables del combate del narcotráfico. De allí que los grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes extienden sus tentáculos a esas mismas instituciones, principalmente aquellas encargadas de reprimirlo: la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y los Tribunales Penales.
Cada vez que alguna institución o algún gobierno son señalados como permisivos del narcotráfico es incautado algún alijo y se monta un show medíatico como el que escenificó recientemente en Puerto Cabello nuestro Ministro del Interior.
Pero, con frecuencia, estos delitos aparecen sin delincuentes. Los dueños de las cargas, los transportistas de esas cargas, los funcionarios de inspección en las fronteras, puertos o aeropuertos, no son tocados ni con el pétalo de una rosa, salvo quizá el caso Makled que procesan los Tribunales.
Para que no aparezca esta suerte de delitos sin delincuentes, el aparato judicial, conformado por jueces y fiscales, instruye expedientes donde la soga se revienta por lo más delgado. En virtud de estos expedientes, los verdaderos responsables no son llevados a los estrados de la justicia o son puestos en libertad siendo culpables.
En virtud de esta perversión, ciudadanos y ciudadanas inocentes son sometidos a juicio y trasladados a esa máxima de inseguridad que son nuestras penitenciarías. Y si no pagan para salir, pueden ser condenados siendo inocentes.
Este es el caso de los trabajadores de INTERMARCA, gerentes y obreros, imputados injustamente respecto de un delito que no han cometido. Me uno al reclamo del pueblo porteño que exige la libertad de los 13 trabajadores de INTERMARCA que permanecen detenidos en el Destacamento 25 de la Guardia Nacional Bolivariana.
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