Los que nunca volvieron

61 personas desaparecidas en Barinas figuran en los registros del Comité Paz y Vida. Su director hace años que denuncia a una estructura de poder político y sindical como responsable. La oficina de Oscar Pineda no es un espacio grato. Tampoco es, en realidad, una oficina. Al menos una que encaje dentro del patrón común de lugar para trabajar. Esto es un archivo dentro un archivo. El rincón de unas esperanzas a punto de perderse. El efecto de esos rostros en la pared es opresivo. Los miras, sabes que ya no están, que no volvieron a sus casas, que desaparecieron. O que están muertos. O las dos cosas. Y en este lugar se apilan los relatos de sus tragedias: carpetas y más carpetas. Esas fotografías están ahí para recordarle que no hay desmayo en la misión que asumió por voluntad propia: reclamar justicia.

Pineda es un hombre mayor que quizás no debería andar en estas cosas, exponiendo su vida, arriesgando a su familia. Pasó 32 años como empleado de Cadafe. Entró como mensajero interno y se jubiló en un cargo gerencial. En ese tránsito, decidió un día incorporarse a las filas de Primero Justicia en Barinas. Estando allí intentó en vano que el partido se ocupara con mayor decisión de asuntos relativos a la inseguridad.

El tema, sin embargo, le rozó muy cerca: «En Primero Justicia tuve a un amigo a quien le secuestraron al papá y luego lo mataron. Y a un vecino le pasó lo mismo con su hijo». Eso desató sentimientos: «La impotencia, la rabia, la impunidad, el no sé qué, pero lo peor fue ver el terror que impusieron los malhechores entre los pobladores de este estado y que nadie era capaz de levantar la voz. Ver que los familiares de las víctimas, aterrorizados, no hacían nada, – y Dios- fue lo que me dio el valor para hacerlo yo».

El Comité Paz y Vida por los derechos humanos fue registrado -por Pineda y cinco mujeres familiares de víctimas- de manera formal el 22 de julio de 2010. Pero el trabajo arrancó antes.

«La violencia, los secuestros y los asesinatos comenzaron en 2008. Y todo se acrecentó en 2009. Ahí fue cuando nacimos», precisa el activista.

Todavía no hablaba de «desaparecidos»: el secuestro era la plaga. El 1 de junio de 2009, Pineda estuvo entre los organizadores de una marcha ciudadana en protesta por la inseguridad en Barinas. Ese día vio acercarse a una señora humilde. La mujer fue directo a su encuentro. Lo abrazó y le dijo: «A mi hijo me lo secuestraron, ayúdeme a buscar a mi muchacho». El momento fue revelador: «Ella no tenía dinero, nada. Era aseadora en la Gobernación. Ahí se empezó a dibujar esto: no eran solo secuestros, eran también seres humanos desaparecidos».

Lo que le tocó vivir a un vecino le confirmó lo que muchos ya decían en la capital barinesa: «Le secuestraron un hijo y le pidieron 700 millones de bolívares. A los cuatro meses le secuestraron al hermano y tuvo que pagar 5 millones de bolívares fuertes. Fue el secuestro más caro que se ha pagado acá». Ese vecino sabía quiénes eran los plagiarios. Pero no se atrevía a denunciarlos. «Usted no tiene idea del terror que tenía la gente aquí», se lamenta Pineda: «Ni los políticos echan bien ese cuento. Todos tenían terror. Incluso a un diputado de aquí le secuestraron a un hijo, pagó y se mantuvo en silencio. Todos pagan. Pero lo más grave es que todos los dirigentes políticos más o menos sabían quiénes eran los personajes que andaban en eso».

Del lado oficial era preferible el silencio en lugar de la respuesta: «A propósito de la marcha, el gobernador Adán Chávez lo único que dijo fue que a mi me financiaba el imperio y que la oligarquía era responsable de los secuestros».

Pineda se hizo cada vez más visible, cada vez más activo en la denuncia. Y las familias de las víctimas buscaban su apoyo. «La gente empezó a contarme sus casos, hablaban de grupos con pasamontañas, con botas militares, en camionetas. Empecé a indagar más y aparecían vinculaciones con el Sindicato de la Construcción de Barinas».

Y sí eran

En la mañana del primero de febrero de este año un grupo de agentes del Sebin allanó la casa de Jaime Landaeta -alias Bubaloo-, presidente del Sindicato de la Construcción del estado Barinas. Antes de entrar hubo algo que les pareció sospechoso. Otto Salinas, comisario al frente del Sistema Bolivariano de Seguridad, contó a los medios locales que al llegar al lugar, en la urbanización Agua Clara de Alto Barinas, un joven los esperaba afuera de la residencia y les invitó a pasar. Desconfiados, hallaron los cables escondidos y llamaron a los expertos en explosivos: la bomba -monitoreada la situación vía web- explotaría con los agentes adentro.

Salinas informó -según reseña el diario La Prensa de Barinas- sobre lo encontrado en el hogar de Landaeta: granadas, un lanza morteros, una habitación blindada, diez celulares desde los que se hacían llamadas para extorsionar a constructores y contratistas y otros «elementos de interés criminalístico». Landaeta, advertido de antemano por algún informante, tuvo tiempo suficiente para huir.

El 3 de febrero el Sebin allanó la casa de Numa Altuve, otro directivo del sindicato. El comisario Salinas informó que incautaron dos bolsas de cocaína y 23 fotocopias de cédulas de identidad de personas que fueron víctimas de extorsión y secuestro.

Ese día Salinas advirtió que otros miembros de la directiva del sindicato estaban solicitados: José Navas, Darío Aguirre, Keiver Molina y dos apodados El Saúl y El Caribe Johnny. «Estos ciudadanos, de acuerdo a diversos testimonios y pruebas, se dedicaban, cada semana, a cobrar las ‘vacunas’ exigidas por Landaeta y Altuve a contratistas y empresarios encargados de construir obras»; declaró el comisario.

Las acciones del Sebin confirmaron las denuncias nunca atendidas sobre la vinculación de algunos de los representantes sindicales con la ola de crímenes y delitos desatada en Barinas a partir de 2008. Y, claro, uno de los denunciantes más tenaces era Oscar Pineda.

Ese febrero fue agitado para la opinión pública. El 7, Numa Altuve hizo declaraciones en un programa radial de «Sensacional 94.7 FM» y entre las cosas que dijo, además de jurar inocencia, confirmó sus vinculaciones con personajes del gobierno local como Antonio Albarrán -secretario de gobierno de Adán Chávez-; aseguró haber aportado recursos para las campañas del Psuv y reconoció tener contratos para 5 obras en el municipio Libertador. Altuve, además, es -o era- pareja de la presidenta del Concejo Municipal, Karly Linares, quien habría movido sus influencias para que el alcalde Abundio Sánchez le asignara los contratos a su empresa.

Hasta ahora, solo dos de los representantes sindicales presuntamente involucrados están detenidos: Adrián Báez y Reydilson Urbina. Los demás están prófugos y Pineda asegura que le ha llegado información de que se mueven con cierta libertad y apoyo de seguridad por Barinas.

A la CIDH

«La situación ha mejorado un poco», concede Pineda: «El tema se puso sobre la mesa y se dijo quiénes estaban metidos en esto».

El Comité Paz y Vida tiene algo más que aportar a la discusión: el testimonio de Carlos Alfredo Arteaga, un miembro del Sindicato de la Construcción quien acusa a sus antiguos compañeros de faena de haber intentado asesinarlo -tres balazos, un año en recuperación- por no prestarse para un soborno en obras de Pdval y los señala como responsables de homicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones.

Arteaga ha puesto denuncias en el Cicpc por las amenazas contra su vida. Y acudió a la ONG dirigida por Pineda para intentar que las autoridades presten debida atención a lo que tiene que decir. Los folios con su testimonio de puño y letra fueron presentados ante la Fiscalía General de la República en dos oportunidades. La última vez que se llevaron al despacho de Luisa Ortega Díaz fue el 27 de junio de 2011. En esas páginas, por citar algo, el testigo habla de una finca y de un caimán al que presuntamente habrían sido arrojados algunos declarados como desaparecidos: «(…) le tiran a las personas, les meten corriente para que no escapen y que si sobreviven a eso, se van», se lee en el material entregado a la Fiscalía.

Paz y Vida solicitó entonces a la Fiscal su intervención en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en Barinas. Pero no hubo respuesta alguna.

Tras la ratificación de sus señalamientos que significaron las acciones del Sebin para desmontar la maquinaria de la cuestionada directiva sindical, el 26 de marzo de 2012, el Comité Paz y Vida volvió a tocar a las puertas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya lo habían hecho el 21 de marzo de 2011, cuando notificaron sobre 47 casos de secuestros y desapariciones y 3 asesinatos que involucran a cuerpos policiales y a directivos del sindicato.

Para marzo de 2012, el Comité afirma haber enviado 41 cartas a diferentes organismos del Estado venezolano planteando el cúmulo de problemas de Barinas. Y lo de siempre: silencio. El registro para entonces era de 58 casos «de seres humanos desaparecidos» y cuatro ejecuciones «extrajudiciales». Ante la CIDH señalan que con su «silencio, omisión y hechos» los crímenes son amparados por diversos representantes del Estado: el gobernador Adán Chávez, el presidente del Legislativo, Miguel León Artahona; Antonio Albarrán y los jefes policiales.

La cuenta sigue en aumento: hoy son 61 los desaparecidos (siete reportados como tales aparecieron muertos) y en lo que va de año suman 33 ejecuciones y 8 secuestros. Hasta octubre el registro es de 333 muertes violentas.

«El problema es que los procesos en la CIDH tardan mucho, pero si Dios me da vida, veré la justicia», dice Pineda. Y matiza: «O quizás lo hará el hijo de alguna víctima».