Madrugonazo judicial: Fiscalía imputa a trabajador por asesinato de dirigentes de la UNETE-Aragua
El viernes 3 de abril, el Tribunal 9° de Control del estado Aragua admitió la acusación presentada por la Fiscalía contra el trabajador Julio César Arguinzonez, de la empresa Pepsi Cola, y acordó el pase a juicio oral y público, por el asesinato de los dirigentes obreros Richard Gallardo, Luis Hernández, y Carlos Requena. De acuerdo a la decisión judicial, Arguinzonez permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Tocorón, en el estado Aragua. Esta decisión judicial causó extrañeza e indignación en el movimiento sindical del estado Aragua, pues el Ministerio Público se habría comprometido a designar un fiscal nacional para el caso y a reabrir las investigaciones.
El viernes 3 de abril, el Tribunal 9° de Control del estado Aragua admitió la acusación presentada por la Fiscalía contra el trabajador Julio César Arguinzonez, de la empresa Pepsi Cola, y acordó el pase a juicio oral y público, por el asesinato de los dirigentes obreros Richard Gallardo, Luis Hernández, y Carlos Requena. De acuerdo a la decisión judicial, Arguinzonez permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Tocorón, en el estado Aragua. Esta decisión judicial causó extrañeza e indignación en el movimiento sindical del estado Aragua, pues el Ministerio Público se habría comprometido a designar un fiscal nacional para el caso y a reabrir las investigaciones.
Ha sido la fiscal 22° (e) del estado Aragua, Siria Law, quien presentó la acusación contra Arguinzonez por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio calificado, ocultamiento de arma de fuego y ocultamiento de municiones. La investigación preliminar adelantada por la Fiscalía no toma en cuenta testimonios de trabajadores de la Pepsi Cola que establecen que Arguinzonez laboraba en la empresa al momento de los crímenes, mientras que se dejan por fuera de las indagaciones a los empresarios y mafias sindicales locales, quienes son considerados por familiares y compañeros de trabajo de las víctimas como los principales sospechosos de haber ordenado los asesinatos.
El 2 de diciembre de 2008, mientras se realizaba un paro regional de trabajadores contra los asesinatos, el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la captura de Arguinzonez y le adjudicó la autoría de los asesinatos. La UNETE-Aragua restó credibilidad a la versión del ministro y exigió la conformación de una comisión de la verdad, que incluyera trabajadores y familiares de las víctimas, para velar por la transparencia de las investigaciones. Posteriormente, se realizó una movilización conjunta de trabajadores de Aragua y Anzoátegui, exigiendo justicia ante los asesinatos de los dirigentes sindicales de Aragua, y dos trabajadores de Macusa y Mitsubishi, y se logró el compromiso del Ministerio Público de reabrir las investigaciones y nombrar a un fiscal nacional. Sin embargo, este madrugonazo judicial contradice ese compromiso.
