Marcha avanza hacia La Paz y emplaza a Evo: o con los mineros o con las transnacionales

La Paz, mayo 22, 2009.- La proletaria Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia conminó al gobierno del presidente indígena Evo Morales a decidir si está a favor de los trabajadores que reclaman sus derechos o está del lado de la transnacional Glencore/Sinchi Wayra que vulnera las leyes y quiere imponer una jornada laboral de 10 horas.

A la cabeza de más de 2.000 trabajadores mineros que vienen desde las tierras del famoso Potosí y de casi otro millar de trabajadores que provienen de la región andina de Oruro y que marchan desde el lunes a pie rumbo a La Paz para defender la jornada de ocho horas, el dirigente de la Federación Minera, Guido Mitma, cuestionó la pasiva actitud del gobierno de Morales que permite que las transnacionales mineras pisoteen impunemente las leyes laborales de Bolivia y sobreexploten a los obreros.

Mitma demandó también que la comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, y enviada a la punta del camino para tratar de detener la marcha, deje su ambivalencia y cumpla con su deber de hacer respetar las leyes bolivianas.

“El Ministro de Minería tiene que definir si está al lado de los trabajadores mineros o está de lado del empresario, porque no se puede permitir que se intente obligar al trabajo de las 10 horas”, dijo el sindicalista, que calificó como «demagógicas y estériles» las declaraciones oficiales de respeto a las demandas laborales.

Cumplido el cuarto día de una penosa caminata a más de cuatro mil metros de altura, bajo el calcinante sol del altiplano en el día y con al menos 5 grados bajo cero por las noches, los mineros partieron este viernes de la localidad de kalamarka y se acercan a la sede de gobierno, donde intentarán, a punta de dinamita, que la jornada laboral se mantenga en ocho horas y que se respeten los contratos de producción en condiciones favorables para los trabajadores.

Con la marcha de más de 100 kilómetros hacia La Paz, los mineros proletarios quieren frenar los excesos de la transnacional Glencore, y su filial boliviana de Sinchi Wayra, que adquirió ilegalmente en el 2005 las empresas y propiedades mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, que fue derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 y desde entonces era considerado como prófugo de la justicia, por lo que no podía transferir legalmente sus bienes que ya estaban sujetos a embargo por parte del Estado boliviano como forma de resarcir los daños económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el país (muerte de 67 civiles y más de 400 heridos a bala).

El gobierno de Morales conoce las ilegalidades y abusos que ha cometido esta transnacional. En febrero de 2007, en Oruro, el presidente Morales recuperó la empresa metalúrgica de Vinto que Sánchez de Lozada había entregado a la Glencore. Esta expropiación se hizo sin pagar ni un centavo a la transnacional y el propio Morales anunció públicamente que todas las empresas de Sánchez de Lozada serían revertidas al Estado, incluso a pesar de que éste acuda al arbitraje internacional.

«Quiero decir y advertir que esas empresas de Gonzalo Sánchez de Lozada tienen que volver a manos del Estado boliviano. Si quieren hacer demandas a nivel internacional, estamos dispuestos a enfrentarla. Y que venga más bien aquí, a defender sus bienes, y que no se escape cobardemente a Estados Unidos», había anunciado el Presidente.

Pero, después de lo de Vinto, nada ocurrió. La Glencore/Sinchi Wayra mantiene la propiedad y el control absoluto de los ricos yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia. Allí, pese a la resistencia de sus obreros, Glencore/Sinchi Wayra continúa con sus intentos de ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10 y 12 horas.

Desde el 2006, Glencore/Sinchi Wayra ha obtenido millonarias ganancias extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al igual que la decena de poderosas transnacionales que controlan las tres cuartas partes de toda la producción minera nacional.

Durante el gobierno de Morales, en el trienio 2006-2008, según los datos oficiales del Ministerio de Minería procesados por Econoticiasbolivia, los acaudalados consorcios mineros declararon en las aduanas bolivianas la exportación de minerales y metales por un valor de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo casi simbólico de apenas 220 millones de dólares. Todo un saqueo, que sin embargo podría ser mucho mayor, tal como lo asegura el propio ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien demostró a principios del 2008, con documentos en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas. Esto equivale a decir, en cifras redondas, que las transnacionales mineras se llevaron 8.000 mil millones de dólares, declararon con fines impositivas haber extraído minerales y metales por sólo 4.000 millones de dólares y terminaron pagando al Estado boliviano 220 millones de dólares. En suma, la Bolivia de Evo es un paraíso para las transnacionales mineras.