Más de 6 mil millones de dólares para la burguesía en estatizaciones pagadas a precio de mercado

Pese a que la propaganda oficial presenta la compra estatal de empresas como medidas de transición al socialismo, estas operaciones realizadas en el más estricto apego a las normas y convenciones capitalistas han significado un buen negocio para la burguesía, más aun en el marco de la actual crisis capitalista. El gobierno ha adquirido mayorías accionarias en varias empresas estratégicas, desembolzando para ello más de 6000 millones de dólares desde el año 2007, según cifras reseñadas por Associated Press.

En el área petrolera, la fórmula aplicada por el gobierno en la Faja del Orinoco ha sido la constitución de empresas mixtas con las transnacionales que antes manejaban cuatro proyectos de extracción de crudo pesado. Asimismo, en mayo de este año, el gobierno expropió a unas 74 empresas contratistas que prestaban servicios a PDVSA en el Lago de Maracaibo. Mientras que PDVSA ha absorbido centenares de empleados de las contratistas, decenas de miles de trabajadores tercerizados quedaron sin trabajo.

En mayo del 2008, luego de una ardua lucha obrera que derrotó la estrategia antisindical desarrollada por el Ministerio del Trabajo, fue decretada la nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Al cabo un año, el gobierno acordó pagarle 1.970 millones de dólares a la transnacional Techint, quedando el Estado venezolano en posesión del 59,7% de las acciones de SIDOR. Los voceros de la empresa manifestaron públicamente estar complacidos con el acuerdo alcanzado, mientras que dirigentes obreros consideraron que el monto pagado significaba un premio para un consorcio capitalista que había violado los derechos de los trabajadores y las leyes venezolanas.

SIDOR había sido privatizada en 1997 por un monto de 1500 millones de dólares, y en los 11 años siguientes se tercerizó a la mayoría de sus trabajadores. Los trabajadores tercerizados pasaron de 3.000 a alrededor de 10.000, mientras que los trabajadores fijos pasaron de 18.000 a 4.500. Luego de la compra mil millonaria de SIDOR, el ministro y presidente de la siderúrgica, Rodolfo Sanz, planteó que los trabajadores tercerizados no serían absorbidos por la nómina de la empresa, supuestamente por «falta de disponibilidad presupuestaria». En 2009 ha sido anunciada la compra de empresas briqueteras, las cuales forman parte de la industria siderúrgica.

En febrero de 2007 el gobierno compró la mayoría accionaria de la CANTV, luego de un desembolso de 1.300 millones de dólares, que representaron el 79,62% de las acciones. La estadounidense Verizon, propietaria del 28,5% de las acciones, recibió 572 millones de dólares.

Luego, en mayo de 2007, fue adquirida la mayoría accionaria de La Electricidad de Caracas, la compañía eléctrica más importante del país, mediando el pago a la transnacional estadounidense AES Corp de 740 millones de dólares por el 82% de las acciones. Finalmente, el Estado venezolano adquirió más del 90% de las acciones de la compañía eléctrica.

Antes, en febrero de 2007, el gobierno pagó 106 millones de dólares a CMS Energy, también de EEUU, por el 88% de las acciones en la empresa eléctrica Seneca de la Isla de Margarita.

En abril del 2008 se anunció la compra de las filiales en Venezuela de las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge. Cuatro meses después la compañía francesa Lafarge vendió el 89% de sus acciones por 267 millones de dólares. La suiza Holcim vendió el 85% de las acciones de su cementera por 552 millones de dólares. Los pagos aun no se han concretado, y Cemex y Holcim demandaron a Venezuela.

En 2008 fueron adquiridas algunas empresas menores en el sector de alimentos, como Lácteos Los Andes y una compañía de frigoríficos para carne y declaró de utilidad pública algunas empresas, como Rialca, que aun no ha comenzado su funcionamiento, ni se ha pagado hasta el momento los pasivos laborales a sus trabajadores. En el caso de Sanitarios Maracay, Chávez anunció en diciembre de 2008 su nacionalización, pero el gobierno no ha tomado ninguna medida relacionada al pago de los pasivos laborales a los obreros, así como tampoco ha hecho gestiones para adquirir la empresa.

Luego de largas luchas campesinas, así como una arremetida sicarial de los latifundistas en la que han muerto más de 200 campesinos, desde el 2005 el gobierno venezolano ha adquirido unas 2,2 millones de hectáreas, entregando una parte de estas a las organizaciones campesinas. Sin embargo, al mismo tiempo se ha venido criminalizando la toma de tierras, y más de 1500 campesinos son objeto de medidas cautelares por parte de los tribunales.

En marzo de este año se ordenó la expropiación de una procesadora de arroz de la estadounidense Cargill.

Luego de viajar al Estado español para reconciliarse con el monarca Juan Carlos, en el 2008, el presidente Chávez anunció la compra del Banco de Venezuela. Un año después, el gobierno y los banqueros españoles del grupo Santander acordaron un precio de 1.050 millones de dólares por el 96,78% de la entidad bancaria. El mismo banco había sido privatizado en la década de los 90 por apenas unos 300 millones de dólares.

Si bien estas adquisiciones marcan un giro hacia un modelo desarrollista con mayor peso del Estado en la economía, lo cual le diferencia de la política privatizadora de los años 90, la compra empresas a precio de mercado es una política constreñida al marco del capitalismo, que no cuestiona el orden establecido. Al mismo tiempo, esta política revela el rasero gubernamental desde el punto de vista de clase, pues mientras que se acuerdan con la burguesía los pagos que esta exige, la situación de los trabajadores no mejora con la sustitución de patrono, ni tienen las organizaciones obreras un rol protagónico en el proceso de estatización. En este sentido, la orientación del gobierno venezolano, en concordancia con el resto de los gobiernos capitalistas, sigue siendo la de resguardar la salud de sus economías descargando el peso de la crisis económica sobre los hombros del pueblo trabajador.