Mérida: Funcionarios despedidos exigen destitución del contralor

Los veintiséis funcionarios de la Contraloría General del estado Mérida que fueron removidos de sus puestos de trabajo en el mes de abril de este año permanecen a las afueras de la institución en situación de protesta reclamando sus derechos laborales.

Carlos Molina, uno de los empleados despedidos de la oficina de Atención al Ciudadano, acompañado de otros trabajadores que enfrentan la misma situación, comentó que el actual contralor les cercenó los derechos laborales y derogó el Estatuto de Personal, el cual contempla unas normas de aspecto social y laboral.

Indicó que dentro de los trámites que han adelantado, han propuesto ante la Asamblea Nacional la destitución del cargo de este alto funcionario público y recientemente sostuvieron “una reunión con el magistrado Rafael Perdomo, quien se fue realmente preocupado por la situación que reina en la Contraloría del estado Mérida, sin que hasta la presente ni la Contraloría General de la República, ni la Inspectoría de Trabajo o el Consejo Legislativo Regional nos hayan dado respuesta a las exigencias de nuestros derechos laborales y sociales”.

Entre los reclamos que hacen estos funcionarios, está en primer lugar la incorporación a sus lugares de trabajo, el derecho al cestaticket a activos, jubilados y pensionados, la restauración del Estatuto de Personal, gastos funerarios a ascendientes y descendientes en caso de defunción, derecho a servicio de comedor, seguro colectivo de vida, accidente personal, Hospitalización, Cirugía y Maternidad; no han cancelado el incremento salarial decretado en marzo del 2010, el derecho a las vacaciones, la elección de los delegados de prevención y seguridad social, la inscripción de los trabajadores en el Seguro Social.

Denunció que dentro de este órgano “existe un terrorismo laboral, un acoso, persecución y violación a los derechos de la mujer”, y lo último que se ha podido originar fue el despido de estos 26 funcionarios de manera injustificada, los cuales están amparados bajo la figura jurídica de funcionarios de confianza o de libre nombramiento y remoción.

“Nos llama poderosamente la atención que aun cuando el gobernador, el 18 de noviembre, denunció públicamente al contralor del estado para esa fecha por supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencia, el actual contralor mantiene en sus cargos a directores y coordinadores, tanto de la unidad administrativa como de la dirección de administración y presupuestos que eran funcionarios de la anterior gestión, lo que nos hace preguntarnos si este señor vino a Mérida a investigar los hechos señalados por el gobierno regional o a ejercer el control, la vigilancia de los bienes y servicios de la Gobernación del estado, o a arremeter en contra de los funcionarios”, dijo Molina.

En relación con esta situación, que después de tres meses no ha dado un avance positivo, solicitaron a la Inspectoría del Trabajo y Defensoría del Pueblo, así como a otras instituciones competentes, que intercedan para la restitución de estos funcionarios en los cargos que desempeñaban, además del restablecimiento de los derechos laborales que les fueron anulados, y ante la arremetida del contralor contra estos trabajadores exigen la destitución de su cargo.