Militares y ganaderos disparan por la espalda contra los yukpa

Grandes extensiones de territorio indígena en Perijá, en el estado Zulia, fueron invadidas a sangre y fuego por ganaderos y transnacionales, con el apoyo de los gobiernos de la primera mitad del siglo XX. Hoy esa misma alianza de latifundistas y militares, con la cobertura política de la MUD y el Psuv, continúa operando para negar el derecho de los pueblos barí, yukpa y wayúu a ocupar sus territorios ancestrales.

La comunidad yukpa de Chaktapa ha sido el blanco de la más encarnizada violencia por parte del gobierno y los ganaderos, debido a la posición principista del cacique Sabino Romero de no transar y recuperar por medio de la acción directa el territorio ocupado ilegítimamente por los ganaderos. Ya en el año 2004 había quedado claro que el gobierno desconocería el proceso de demarcación territorial, para proteger el latifundio ganadero y los intereses mineros en territorio indígena.

En el año 2008, sicarios a las órdenes de los ganaderos y con la cobertura de las fuerzas armadas, propinaron una golpiza mortal a José Manuel Romero, padre de Sabino Romero. Para encubrir el asesinato, las autoridades dijeron que la muerte del anciano, días después del ataque, se debió a una afección digestiva. Siguieron más acciones de corte terrorista contra los yukpa. El 13 de octubre de 2009, luego de una operación de guerra sucia en la que indígenas infiltrados por el Ministerio de Interior y Justicia atentaron contra Sabino Romero, hiriéndolo por la espalda y asesinando a otro miembro de su comunidad, el gobierno procedió a realizar un montaje judicial por medio del cual mantuvo presos a Sabino Romero y a Alexander Fernández durante más de un año, sometiéndolos a torturas, aislamiento y vejando a las mujeres de la familia de Sabino que lo visitaban en Fuerte Macoa, antes de su traslado a la Cárcel de Trujillo por órdenes del principal sicario judicial del gobierno, el juez Eladio Aponte. La movilización y la denuncia permanente permitieron doblarle el brazo al gobierno y sacar a los dos presos políticos indígenas de la cárcel, por medio de una sentencia absolutoria.

Este año, ganaderos y gobierno redoblan su ofensiva contra los yukpa. Se desata una campaña racista a través de los medios de comunicación regionales. El 23 de junio tres jóvenes yukpa fueron asesinados por sicarios al servicio de los ganaderos, en la masacre del parcelamiento Las Flores, sin que el gobierno investigue aún el crimen. Una de las víctimas fue Alexander Fernández. En una nueva modalidad represiva, un ataque conjunto de sicarios y efectivos del Ejército apenas una semana después de la reelección presidencial, dejó dos mujeres de la comunidad de Chaktapa heridas de bala, incluyendo a Zenaida, una de las hijas de Sabino Romero, herida por la espalda. El objetivo del ataque era desalojar la finca “Medellín” ubicada en territorio yukpa y ocupada por los indígenas.

Es urgente lanzar una campaña nacional de solidaridad con el pueblo yukpa y por el reconocimiento de la autodemarcación territorial indígena, para enfrentar esta escalada asesina del gobierno y los ganaderos.