Militarismo y propiedad social

Las recientes declaraciones del diputado Ulises Daal, miembro de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional y redactor del proyecto de Ley de Propiedad Social, acerca de la propuesta de obligatoriedad de recibir instrucción castrense para quienes integren las estructuras productivas presentes en dicho ordenamiento, profundizan la progresiva militarización experimentada por el país en los últimos 10 años. Según las palabras del parlamentario dicha iniciativa «Forma parte de la corresponsabilidad que establece nuestra Constitución entre el Estado y la sociedad para la defensa integral de la nación”. Si la ley prospera como ha sido descrita por Daal, cualquier persona que desee participar en un espacio productivo catalogado como de propiedad social deberá cumplir, como requisito, con una cantidad indeterminada de horas de adiestramiento militar bajo la tutela de alguno de los órganos de las Fuerzas Armadas. Esta prerrogativa discriminaría a las personas que no deseen recibir dicho entrenamiento, desconociendo la posibilidad de objeción de conciencia establecida en el artículo 61 de la Carta Magna. Si en la discusión actual se afirma que el régimen de propiedad social será la base de la nueva Ley del Trabajo, es lícito preguntar si este componente castrense será extensivo a otras obligaciones a cumplir por los trabajadores y trabajadoras del país.

Si bien la militarización desarrollada en la última década tiene características que las distinguen del pasado, la preponderancia de las Fuerzas Armadas en la vida nacional es una constante en la historia venezolana. La exacerbación actual de lo militar como garante de eficiencia, obediencia y orden público es, efectivamente, una expresión del tejido ideológico incubado en nuestro inconsciente colectivo, que empieza a hilarse en plena guerra de Independencia y es capitalizado por sucesivos “hombres de mano fuerte”. Durante 51 años del siglo pasado fuimos gobernados por caudillos, con “una personalidad carismática, con amplia red de relaciones y con una fuente de recursos considerable y permanente; materializa ciertamente la concepción del orden y del progreso nacional”. No es fortuito que uno de los aportes locales a la teoría sociológica latinoamericana haya sido la del cesarismo democrático de Laureano Vallenilla Lanz, en 1925, que como recordaremos postula un gobierno basado en la reelección permanente de un líder carismático, un “gendarme necesario”, asiduo a la concentración del poder. Cualquier curioso pudiera constatar que el recurso del golpe de Estado ha sido la política privilegiada de la política local en nuestra tradición republicana. Al respecto Samuel Huntington ha establecido que “las causas del golpe de estado más importantes no son militares sino políticas y reflejan no las características sociales y de organización del establecimiento militar, sino la estructura política e institucional de la sociedad”.

La Constitución de 1999, al otorgarle el derecho al voto a los militares activos, legitimó la instrumentalización de las Fuerzas Armadas realizada solapadamente por los gobiernos de la llamada Cuarta República. Por otra parte, desde ese año militares activos comienzan a ejercer funciones en diferentes cargos de responsabilidad de la administración pública, incluyendo alcaldías, gobernaciones y ministerios. La propia forma de organización de la base social que acompaña al primer mandatario se realiza en base a fundamentos de la estrategia militar, primando en ellas la relación vertical de solidaridad. En materia educativa la instrucción premilitar se hizo obligatoria para los dos últimos años del ciclo básico. Son conocidas las declaraciones del comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Carlos Freites Reyes, acerca del proyecto de adiestrar 50 mil consejos comunales en 10 años. Por último, como registra el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), los recursos destinados a la compra de armamento motivaron que Venezuela ascendiera del puesto número 55 al décimo octavo en la lista mundial de importadores de armamento militar, en el período 2004-2008.

Esta primacía de la lógica de la violencia y el uso de la fuerza, propia del razonamiento soldadesco, puede originar potenciales violaciones a los derechos humanos. Los valores que dan razón de ser al ejército –la autoridad incontestable, la organización vertical y jerárquica, el machismo, la xenofobia, el pensamiento único y la ausencia de discernimiento propio, el culto de las armas y el poder de fuego- son antagónicos a los de una profunda democracia directa, inclusiva y protagónica. La llamada “defensa integral de la nación”, en estos tiempos de polarización social, podría confundirse con la represión de la disidencia, dirección en la que coinciden quienes han planteado que la militarización de las organizaciones populares serviría de muro de contención a los conflictos por reivindicaciones sociales.
Da mucho material para la reflexión que el socialismo promovido por el Ejecutivo Nacional no es uno que problematiza el mundo y eleva la dignidad de los seres humanos, sino es aquel que tiene como respuesta una frase tan abyecta como “rodilla en tierra». Albert Camus, hace medio siglo atrás, ya había alertado sobre el abandono por parte del movimiento revolucionario de los valores de libertad, y la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Sin embargo, nunca será tarde para revertir esta tendencia.