Movimientos sociales denuncian deterioro de la libertad sindical

Sábado, 30 de enero de 2010. Rubén González continúa recluido en Patrulleros de Caroní hasta que inicie el proceso de nuevo el próximo 12 de febrero. La defensa recusó al juez mientras en el Palacio de Justicia los trabajadores, dirigentes y amigos se concentraron por la causa del secretario general de Sintraferrominera.

Rubén González no salió de la cárcel este viernes como esperaban algunos trabajadores. La defensa del secretario general de Sintraferrominera recusó al juez Jesús Figueroa, del Tribunal Tercero de Control, y en consecuencia la audiencia fue diferida para el 13 de febrero, cuando otro juez deberá conocer la causa y pronunciarse sobre el recurso de amparo.

Junto a esa cruzada jurídica el movimiento obrero trata de sacarle músculo a la batalla de los trabajadores que se mide en fuerza y táctica. De plano la jornada de este viernes no representó un triunfo para el secretario general de Sintraferrominera; la victoria se cosecha en los terrenos de la libertad donde su historia está logrando encausar el descontento en el mundo laboral.

González fue trasladado al Palacio de Justicia antes que despertara Guayana. Un carro sin identificación efectuó el trasladado desde Patrulleros de Caroní -donde el dirigente tiene más de una semana- hasta los tribunales y logró pasar desapercibido entre los familiares y amigos que están en huelga de hambre desde hace seis días en el mismo lugar.

Los trabajadores comenzaron a llegar a cuentagotas a las 8:00 de la mañana. Nadie tenía muchas expectativas sobre la magnitud de la concentración, considerando que era viernes y día de quincena.

Desde las seis de la mañana la dirigencia del movimiento Patria Obrera y el aluminio trataron de enamorar a los ferromineros en los portones. Nerio Fuentes les recordó que “el muerto es de quien lo llora” y José Luis Morocoima abrazó el miedo de los empleados invitándoles a ser inteligentes en las estrategias para superar la amenaza de la empresa.

Y de aquella masa de trabajadores sólo fueron unos pocos hasta el Palacio, pero suficientes para hacer ruido y congestionar Alta Vista.

Más de uno se molestó en la tranca, pero la irreverencia de José “Acarigua” Rodríguez logró detener el tráfico por un buen rato más en la avenida Guayana.

Aunque una llovizna amenazó con convertirse en un ventarrón -esperadísimo en el Guri- aquello terminó siendo una “garuita” que fue interpretada por algunos trabajadores cristianos -de la misma iglesia de González- como una señal de la “bendición de Dios”.

En la avenida vecina otro grupo se movilizó por la “seguridad y salud en el trabajo” con canciones alegóricas al proceso revolucionario y la tradicional “Yankees go home”. En aquella variopinta movilización los delegados miraron distantes la concentración de la otra acera y cumplieron sus objetivos separando “una cosa de la otra”.

Una catarsis laboral

Por las inmediaciones del Palacio pasaron los accionistas “Clase B” -relegados por la administración de Sidor-, Ronald González y otros trabajadores de la CVG -acusados de agavillamiento por el Estado-, Leonel Grisett -sidorista sometido a juicio desde hace cuatro años por defender la seguridad en el trabajo-, Pastora Medina -vejada en la Asamblea Nacional- y los ferromineros con calificación de despido y orden de captura.

Los secretarios generales reconocieron que en la fábrica el descontento es muy grande, pero algo pasa que la protesta no trasciende los portones.

Henry Arias, director laboral de Alcasa, repitió insistentemente que si el miedo continúa los trabajadores se quedaran con el temor, sin trabajo y sin país. Pero no todos están convencidos que sea sólo miedo, la desmovilización de la masa trabajadora comienza a mostrar sus primeros síntomas en la ausencia de una bandera única y -parece- que la causa de González comienza a hondearse como tal.

El cuerpo de emergencias 1-7-1 dio asistencia médica a los 9 protestantes en huelga de hambre. La esposa del dirigente, Yadith González, no cruzó palabra pero su hija sí y como ferrominera les habló a los trabajadores, “para los que creen que esto es una pantomima política, están equivocados, mi padre está preso por defender los derechos de todos, la contratación colectiva”.

Lo que viene…

Casi a las 12:00 del mediodía el abogado Ítalo Atencio y Frank Silva egresaron de la sala del tribunal. Atencio explicó que el juez Jesús Figueroa no presentó pruebas del porqué se cambia de reclusorio a González hasta Patrulleros de Caroní.

Según el abogado, el juez sólo se remitió a señalar que ha sido la decisión del Tribunal. Por esta razón González recusó al juez y el proceso deberá comenzar desde un principio, la justicia deberá llamar a ambas partes y presentar pruebas.

Atencio recordó que la audiencia preliminar debió presentarse con cinco días de antelación y no uno, como en efecto se hizo. Agregó que la Fiscalía pretende actuar sobre una acusación que se introdujo cuando el Tribunal no estaba en despacho, sino suspendido. Por esa razón la defensa consideró que el proceso estaba viciado desde un principio.

Rubén González permanecerá en Patrulleros de Caroní hasta el 12 de febrero, fecha de la audiencia preliminar.

La diputada Pastora Medina informó que el miércoles pasado dieron un derecho de palabra en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , donde plantearon la situación del dirigente sindical.

El diputado de la comisión, Tulio Jiménez, se responsabilizó en iniciar a partir del lunes una investigación con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República , contó Medina.

Indicó la diputada que todo es con el objeto de aclarar por qué se está llevando el proceso así, quiénes son los involucrados, así como por qué se le quiere llevar a Vista Hermosa.

“Acarigua” recordó a los trabajadores que más vale un día de salario que la dignidad de un hombre.

La concentración coincidió con los 25 años de la visita del papa Juan Pablo II a Ciudad Guayana, visita en la que habló a los trabajadores.

El caso

El miércoles 20 de enero Rubén González fue trasladado repentinamente desde su casa en Ciudad Piar -donde cumple arresto domiciliario desde hace 120 días- hasta la sede del Cicpc, en San Félix.

El procedimiento se efectuó a altas horas de la noche sin aviso previo y sin una orden del Tribunal Tercero de Control, competente en este caso.

La mañana del jueves sus abogados, Ítalo Atencio y Frank Silva, conocían poco del paradero de González. Trabajadores, dirigentes y familiares hicieron guardia en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz y en la sede del Cicpc, sin obtener mayores noticias sólo la destitución de la juez.

El jueves el hermetismo se apoderó de las fuentes judiciales, pues el traslado fue efectuado ilegalmente sin la orden del Tribunal.

Los defensores introdujeron en horas de la tarde un habeas corpus (recurso que protege la integridad física frente a posibles “abusos” de funcionarios del Estado), con el que lograron que el Tribunal colocara a su orden y bajo su resguardo la integridad física del dirigente.