MP imputó a ex ministro de la Defensa Italo Del Valle Alliegro por sucesos del Caracazo
El Ministerio Público imputó al general de División del Ejército en situación de retiro, Italo del Valle Alliegro, por su responsabilidad en la represión de El Caracazo, ocurrido entre el 27 de febrero y los primeros días del mes de marzo de 1989.
El Ministerio Público imputó al general de División del Ejército en situación de retiro, Italo del Valle Alliegro, por su responsabilidad en la represión de El Caracazo, ocurrido entre el 27 de febrero y los primeros días del mes de marzo de 1989.
Los fiscales 4° ante el Tribunal Supremo de Justicia y 30° con competencia nacional, María Cristina Vispo y Roberto Acosta Garrido, imputaron al militar por los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, de acuerdo con el Código Penal, vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos.
Con el acto de imputación Alliegro, quien se desempeñaba como ministro de la Defensa durante el inicio del segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), adquiere los derechos consagrados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado.
Es oportuno mencionar que en febrero de 2001, la Sala Política Administrativa del TSJ decidió remitir las 437 causas originadas del desglose de los expedientes al Ministerio Público, para que se encargara de la investigación y establecer así la identidad de los responsables de los hechos.
Luego de la revisión de las causas, existe un total de 340 expedientes, que corresponden a igual número de víctimas que tienen sus respectivas actas de investigación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos venezolanas calculan que más de 3000 personas fueron asesinadas por los cuerpos represivos venezolano, a cargo de Carlos Andrés Pérez e Ítalo del Valle Alliegro. Luego más de 20 años de estos terribles crímenes de lesa humanidad, y a más de 10 años del gobierno de Chávez, recien el Estado venezolano ha iniciado acciones judiciales para ponerse al día con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigió reparación a los familiares de las víctimas y procesamiento judicial a los responsables de los crímenes de Estado perpetrados durante El Caracazo. Esto ha sido una conquista de los familiares de las víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, quienes han mantenido una ardua y larga lucha en pos de la justicia en este caso.
