Muere joven de 24 años de edad en los Valles del Tuy por aborto clandestino
“Hay muertes innecesarias y despiadadas que sólo le ocurren a las mujeres pobres, un verdadero crimen sólo por ser pobre y por ser mujer”
José Bodas Lugo, secretario general de la Fuptv, de C-cura y el Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Por Prensa PSL
Caracas, 13 de febrero de 2021._ El 2 de febrero de 2021 murió la joven Fexibel Bracho de 24 años de edad, en el hospital Dr. Osío de Cúa, estado Miranda a causa de una hemorragia interna y externa que se produjo como consecuencia de una perforación uterina.
La perforación uterina se produce como consecuencia de la introducción de algún instrumento a través de la vagina, en el caso de esta joven los reportes de prensa hacen mención a la introducción de un “gancho por la vagina”. Este es uno de los métodos más comunes para la interrupción de un embarazo, sin embargo en condiciones sanitarias salubres la tasa de complicación que pueden derivar en muerte materna, es de 1%.
Según la información aportada por sus familiares al Cicpc, a la joven se le practicó, de manera clandestina, la interrupción de su embarazo de 8 semanas de gestación, esto ocurrió el 31 de enero en un inmueble ubicado en la avenida Bolívar en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Luego de este procedimiento la joven volvió a su casa y a las horas se produjo la hemorragia por lo que se trasladó al hospital donde murió dos días después.
Esta noticia contó con una amplia cobertura en diferentes medios de comunicación y redes sociales, lo cual podría indicar que se trata de un hecho excepcional y extraordinario. Lamentablemente no es así, solo que en Venezuela no contamos con las estadísticas necesarias para poder visibilizar que la práctica clandestina del aborto en nuestro país es un problema de salud pública y se desconoce con exactitud cuántas mujeres mueren a causa de la clandestinidad en la interrupción del embarazo.
Es del dominio público que en los países donde es legal, el aborto es generalmente seguro y las complicaciones son poco frecuentes. A nivel mundial, el 13% de las muertes maternas son secundarias del aborto inducido, y la inmensa mayoría de estas muertes ocurren en países donde el aborto es ilegal.
En Venezuela el aborto es ilegal y está fuertemente penalizado, lo que ocasiona que la interrupción voluntaria de un embarazo sea la práctica clandestina y en la mayoría de los casos en condiciones inadecuadas e insalubres poniendo en peligro y frecuentemente apagando la vida de las mujeres y cuerpos gestantes, especialmente las más excluidas, oprimidas y explotadas de la sociedad patriarcal y del sistema de acumulación capitalista: las mujeres y hombres trans en condiciones de pobreza y residentes en zonas rurales del país, que no tienen los recursos necesarios para acceder a clínicas privadas.
El movimiento de mujeres en el mundo ha dejado bien claro en sus consignas que las mujeres no se embarazan para abortar, es una decisión difícil que generalmente se toma sin la debida atención, información y acompañamiento, no se trata de un método anticonceptivo es más bien expresión del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, cuando cómo y en que condiciones ser madres. Es deber de los gobiernos garantizar una atención digna y gratuita frente a la demanda de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos y destinos.
Ante esta realidad el gobierno de Maduro no solo da la espalda a la problemática negándose a discutir sobre el tema y a ofrecer estadísticas oficiales sobre las nefastas consecuencias del aborto clandestino, sino que además al ser un acto ilegal penado por la ley, obliga a la mujer a hacerse responsable de un nuevo ser en un país donde salario mínimo es menor a 1$. En Venezuela la política de Estado desde el gobierno de Chávez se enfoca principalmente en la mujer madre, reproductora y cuidadora, obligando a la mujer a ser madre en las peores condiciones y al tiempo que se le niega el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, de esta manera la mujer se siente obligada a ser madre y luego se le da la espalda, a ella y a al niño o niña que ha nacido quedando a la deriva y a merced de la opresión y la explotación.
En este contexto e influenciado por las recientes movilizaciones masivas en América Latina por la legalización del aborto (Argentina, Chile, México y Honduras), resulta grotesco que desde la nueva Asamblea Nacional, electa en dudosas condiciones, se halla pronunciado públicamente sobre el tema del aborto en el país, anunciando que en lugar de abrir un debate nacional, se estima la posibilidad de consultar a la población a través de un referendo consultivo si las mujeres tienen derecho o no a decidir libremente sobre sus cuerpos y destinos a sabiendas de que los derechos no se negocian. Acto seguido a este anuncio en voz del presidente la Asamblea Nacional, se le ha dado voz a un representante de la iglesia evangélica que solicitó abiertamente que no se promueva el debate por la despenalización del aborto, desconociendo que las condiciones punitivas y la clandestinidad atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.
Por ello, desde el Partido Socialismo y Libertad promueve a lo interno del movimiento feminista nacional que se exija el debate amplio y sin prejuicios moralista y religioso, propio de un Estado laico, sobre la legalidad del aborto en Venezuela para que las mujeres y las jóvenes dejen de morir, que el feminismo, la defensa de derechos humanos y la sororidad no sean delito, para que las jóvenes puedan acceder de forma gratuita y masiva a métodos anticonceptivos, que todas podamos contar con educación sexual para decidir y sobre todo para que se reconozca socialmente la autonomía sobre nuestros cuerpos.
¡Aborto legal seguro y gratuito ya!
¡Ni una muerta ni presa por abortar!
¡Abajo el patriarcado!
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!