Ni una pa´l mingo
En este evento realizado en el Colegio de Ingenieros de Caracas, tuvimos la oportunidad de intercambiar información proveniente de diversas fuentes pero fundamentalmente de los organismos del Estado. Además, actualizar datos del último quinquenio, y sobre todo evaluar el estado en que se encuentran las políticas públicas en materia de seguridad social.
Provea anualmente realiza un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y publica los resultados de este estudio en el informe que año tras año edita, desde 1989. Dentro de los derechos incorporados a este análisis se encuentra la seguridad social.
La puesta en común de las reflexiones generadas en el foro sobre la situación actual de la seguridad social en Venezuela, permitió concluir que en el período que va de 2009 al 2013, la Asamblea Nacional sigue en mora con la población más necesitada del país, toda vez que no ha dictado la ley de pensiones. Esta es una materia pendiente desde 2002 -cuando fue promulgada la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS)-.
Otra conclusión de los asistentes al foro es la ausencia de coherencia y continuidad de las políticas públicas en materia de seguridad social, ya que el Ejecutivo Nacional ha dictado múltiples decretos entre 2005 y 2007 y otros entre 2009 y 2013 relativos a las pensiones de vejez, pero siguen excluidos del sistema de seguridad social inmensas franjas de la población que no perciben las indemnizaciones a las que tienen derecho por incapacidad, carecen de acceso a la salud, a una vivenda digna, y a la recreación y manejo creativo del tiempo libre.
Especialmente en el caso de las pensiones de vejez, los panelistas identificaron que si bien la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela fue otro intento del gobierno de Chavez por reducir la exclusión, evidentemente tuvo su éxito inmediato el año en que se implementó por primera vez. Eso significa que tuvo eficacia en 2012, año electoral. Ya en 2013 decayó su efectividad y actualmente ni se publican listados con nuevas personas incorporadas.
La famosa tarjeta electrónica con que se iba a dotar a las personas pensionadas con el fin de reducir las inmensas colas que deben hacer en las entidades bancarias, no ha pasado de ser una ilusión.
El foro también permitió debatir sobre mecanismos de exigibilidad de este derecho humano, vista la desidia de la Defensoría del Pueblo y las contradictorias decisiones judiciales nacionales. Parafraseando el dicho usado en el juego de bolas criollas cuando no se atina, el gobierno de Maduro «no arrima una» con la seguridad social.