Nicaragua otorga asilo a líder indígena Alberto Pizango, perseguido por el gobierno peruano
Nicaragua otorgó asilo político al líder indígena Alberto Pizango, quien se refugió en la embajada nicaragüense en Lima, después de que Perú emitiera una orden de detención contra él, por cargos de rebelión y sedición, por su participación protagónica en las protestas de los indígenas amazónicos contra la entrega de sus tierras a las transnacionales mineras.
Nicaragua otorgó asilo político al líder indígena Alberto Pizango, quien se refugió en la embajada nicaragüense en Lima, después de que Perú emitiera una orden de detención contra él, por cargos de rebelión y sedición, por su participación protagónica en las protestas de los indígenas amazónicos contra la entrega de sus tierras a las transnacionales mineras.
«Analizamos la situación con el presidente (Daniel) Ortega y nos percatamos de que era una cuestión política. Nosotros, por tradición histórica, concedemos asilo a quien nos lo solicita si consideramos que es un perseguido político», le dijo a BBC Mundo el embajador nicaragüense en Lima, Tomás Borge. «No teníamos alternativa», añadió.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) «llamó al timbre» de la embajada nicaragüense en Lima, luego de que el gobierno pidiera su arresto por los delitos de rebelión y sedición a raíz de las violentas protestas de los últimos días en tres regiones amazónicas.
Sin embargo, para completar el proceso de asilo, Pizango debe contar con un salvoconducto para asilarse en la nación centroamericana, explicó el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, a medios locales.
El diplomático peruano señaló que ese paso no ha sido pedido aún por la embajada de Nicaragua en Lima. Según la Cancillería, el Gobierno peruano tiene la última palabra a la hora de entregar estos permisos.
A pesar de lo establecido en la convención sobre asilo diplomático, el canciller peruano ha dejado ver que las intenciones de su gobierno son las de complicar el proceso de asilo de Pizango.
«Espero que ahora el gobierno de Perú busque el diálogo y el entendimiento con los indígenas peruanos y llegue a un acuerdo para evitar más derramamiento de sangre», dijo Borge, quien añadió en tono conciliador que las buenas relaciones de su gobierno con el régimen peruano no deberían verse afectadas por el asilo otorgado al líder indígena.
En Lima, grupos derechistas se reunieron frente a la embajada de Nicaragua para criticar el asilo político al líder indígena y manifestar apoyo a la represión ejercida por el gobierno peruano en la amazonía. La Conferencia Episcopal Peruana también manifestó su descontento por el asilo dado por el Gobierno nicaragüense a Pizango.
El líder de dicha organización religiosa, Miguel Cabrejos, dijo que “es un pésimo momento” para que Nicaragua otorgue ése asilo.
El máximo líder del catolicismo en Perú no ha condenado en ningún momento el asesinato de los indígenas por parte de las fuerzas regulares de la nación andina.
Mientras tanto, un equipo de abogados de seis grupos defensores de los derechos humanos llegó a la región, donde ya se contabilizaron 50 personas muertas, para investigar los actos violentos.
«Las autoridades deberían tener cuidado, porque los hechos ocurridos saldrán a la luz antes o después», advirtió Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal.
De la Jara pidió al gobierno que comience una investigación judicial independiente y denunció que algunos periodistas y activistas no pudieron ejercer libremente su trabajo.
La resistencia sigue en pie, continúan bloqueos de carreteras
Unos 3 mil indígenas continuaban bloqueando este martes una carretera en la Amazonia peruana luego de pactar una breve tregua con las autoridades, por lo que sus líderes advirtieron que “mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche”.
“Hoy estamos declarando una tregua de un día en nuestra lucha, para dejar pasar vehículos y que la gente no esté desabastecida”, indicó el dirigente Vladimiro Tapayuri antes de ordenar la apertura de la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas –unos 900 kilómetros al norte de Lima–, después de arduas negociaciones con la policía y la Defensoría del Pueblo.
“No nos vamos a mover hasta que el gobierno derogue la legislación que afecta nuestro territorio”, dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, los grupos guerreros más respetados de la Amazonia, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en Perú.
“Nosotros nos enfrentamos a los (soldados) ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras”, agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.
“No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblo”, advirtió a su vez Tapayuri, jefe del frente de lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.
Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indígenas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua el fin de semana, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 40. “Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos”, dijo.
Tapayuri consideró al dirigente Pizango, que se asiló en Nicaragua, “perseguido político” y señaló que la lucha continuará hasta derogar las leyes que les afectan.
La esposa de Pizango, Sonia Huañapi, afirmó que su marido seguirá luchando por sus derechos pese a la persecución del gobierno y rechazó las acusaciones que se le hacen de responsabilizarlo de los sucesos de violencia.
Solidaridad internacional con los indígenas peruanos
Esto ocurre mientras se conocen muestras de solidaridad de organizaciones indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia, así como sendas protestas de residentes peruanos en Managua y otra ante la sede de la embajada peruana en La Paz, con pancartas en las que se responsabiliza al gobierno peruano de los desalojos violentos de campesinos e indígenas.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó en La Paz las acusaciones de parlamentarios peruanos de que Evo Morales haya tenido injerencia en el conflicto que estalló en la Amazonia peruana por la carta que envió a la cumbre indígena continental celebrada en Puno, a finales de mayo, en la que instó a los 5 mil delegados presentes a pasar “de la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución”.
García Linera aseveró que “las palabras y los papeles no matan, las palabras y las ideas de dignidad no asesinan”, y subrayó que “lo que provoca los conflictos, la violencia, la muerte o las sublevaciones no son cartas ni documentos. Son los problemas internos de cada sociedad, son las injusticias, los abusos y las discriminaciones que llevan a la gente a plantear sus luchas, sus resistencias, sus sublevaciones”, reportó la corresponsal de La Jornada Rosas Rojas.
En tanto, se informó que un acercamiento entre el gobernante Partido Aprista Peruano, la Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro –todas de derecha– abrió la posibilidad de que este miércoles se suspenda en el Congreso de Perú el decreto cuya vigencia desató los hechos de violencia entre fuerzas de seguridad e indígenas.
Mientras fuentes en el Congreso señalaron que el objetivo de esta medida se encamina a reabrir el diálogo con los nativos.
En Washington, Perú defendió ante la Organización de Estados Americanos su “ejercicio legal” de la violencia del fin de semana en la zona amazónica de Bagua, en la que fueron asesinados más de 40 indígenas, y dijo que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los hechos.
Justificó la masacre perpetrada por el gobierno de Alan García planteando que se usó la fuerza del Estado ante una “conspiración contra el sistema democrático”.
