Nos solidarizamos con la lucha de los pueblos indígenas de Perijá y repudiamos la política de despojo de sus territorios

Los discursos que ha gastado el gobierno en el tema de los derechos indígenas son palabras al viento, por cuanto las comunidades de los pueblos aborígenes han tenido que seguir luchando por el derecho a sus tierras y movilizándose para repeler los ataques de una alianza feroz entre ganaderos, transnacionales mineras y burócratas gubernamentales. Esa distancia que media entre los discursos y las acciones es la misma que separa a los verdaderos revolucionarios de la burocracia reaccionaria disfrazada de rojo.

Han pasado pocos días desde que el gobierno armara un show mediático con motivo del 12 de octubre, en el que, como en todos los años anteriores, burló las justas aspiraciones de los pueblos originarios de la Sierra de Perijá de acceder al control y la propiedad sobre sus territorios ancestrales. Esta vez la política oficial de alianza con los intereses ganaderos y de las empresas del carbón, a través de la cual se mantiene y se profundiza el despojo de los territorios wayúu, barí, y yukpa, tuvo consecuencias violentas. Los ganaderos, envalentonados con el apoyo oficial, arremetieron en contra de las comunidades en resistencia, particularmente la comunidad de Chaktapa liderizada por el cacique Sabino Romero, acusando a los indígenas de ser invasores y ladrones de ganado.

Los terratenientes, que son los verdaderos ladrones históricos, pues han despojado a sangre y fuego a los yukpas de sus tierras, ahora se colocan en el papel de víctimas y emplazan al Estado a que reprima nuevamente a los legítimos dueños de la tierra. Luego de estas declaraciones, los terratenientes pasaron de las palabras a los hechos y lanzaron un asalto paramilitar contra la comunidad de Chaktapa, en el que asesinaron a dos personas e hirieron a varios más, entre ellos el propio Sabino Romero, quien recibió dos balazos de los sicarios.

Lejos de actuar para hacer valer el derecho constitucional a la vida, las autoridades han venido aplicando todo tipo de maniobras para criminalizar a los indígenas que luchan por sus tierras, han cercado las comunidades y han detenido a los indígenas heridos, mientras que los asesinos circulan libremente por el territorio. Para empeorar las cosas y terminar de aclarar de qué lado está el gobierno, el brazo mediático estatal difama a luchadores sociales y organizaciones que vienen acompañando la lucha de los yukpas.

Nuestra organización, así como se pronunció cuando un ataque artero de los verdugos latifundistas dejó como saldo la muerte del padre de Sabino Romero, hoy nuevamente condena las agresiones criminales de los ganaderos, que alentados por la impunidad y la política oficial de «alianza estratégica con la burguesía» siguen atentando contra los luchadores del campo.

Exigimos que la ministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado sea destituida por su corresponsabilidad en la terrible situación que viven las comunidades de Perijá, y que se conforme una Comisión Nacional de Demarcación de Tierras con participación de las comunidades en lucha, las organizaciones ambientales y académicas que vienen acompañando la lucha de las comunidades, y que se castigue a los responsables de estos crímenes contra los indígenas.

Para presionar y obligar al gobierno a tomar estas medidas, llamamos a todas las organizaciones democráticas, de izquierda, campesinas, obreras y estudiantiles, a pronunciarse contra las acciones criminales de los ganaderos y latifundistas, así como contra la política del gobierno nacional de criminalizar la justa lucha de las comunidades indígenas de Perijá, y a armar un encuentro nacional de solidaridad con Sabino y la comunidad de Chaktapa, que permita configurar una agenda de lucha y movilización para derrotar a los latifundistas, las transnacionales mineras y la burocracia gubernamental.

¡Viva la lucha de la comunidad rebelde de Chaktapa!