Notas sobre el caso del cacique Sabino Romero radicado en el estado Trujillo

Para los que no han tenido información detallada sobre el caso, haremos un breve recorrido por la historia reciente del conflicto que envuelve la situación que hoy viven Alexander Fernández, Olegario Romero y Sabino Romero Izarra detenidos en la cárcel nacional de Trujillo.

La historia escrita registra la presencia del pueblo Yukpa en el piedemonte de la Sierra de Perijá desde mediados del 1600 cuando los conquistadores españoles comenzaron las exploraciones 100 años antes de la fundación de la Villa del Rosario en 1733. En 1920, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, el Estado venezolano a través del Presidente Provisional Vitorino Márquez Bustillos le entrega 4500 hectáreas de superficie en el piedemonte de la Sierra de Perijá a la familia García en las personas de José Trinidad García y Joviniano García con indígenas, bosques y ríos incluidos, luego le sucedieron otras entregas a grupos familiares privilegiados por los gobiernos de turno. Los estudios antropológicos soportan que más de mil años hace que llegaron los indígenas Yukpa a ese territorio, sin embargo a lo largo del siglo veinte el sector ganadero con la convivencias de los gobiernos ha se encargado de despojar a sangre y fuego a los pueblos originarios bajo la excusa del desarrollo agropecuario, en esta oportunidad lograron con las mieles malditas del dinero dividir la resistencia indígena al punto de promover un enfrentamiento que condujo al encarcelamiento de los caciques en un recinto penitenciario con delincuentes comunes bajo la jurisdicción ordinaria del Estado-nacional venezolano, según una interpretación mal intencionada y contradictoria de las normativa jurídica vigente contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ante la imposibilidad de materializar un asesinato masivo como vía para desalojar a las comunidades indígenas, dado el contexto político actual, la familia Vargas envía grupos de sicarios para atemorizar al pueblo yukpa en reiteradas ocasiones y al asumir que por la violencia no lograrán desocuparlos comienza una estrategia de persecución de los integrantes de las comunidades para comprar a los que resisten y sembrar el odio interfamiliar intersujetivo en las comunidades.

Las campañas de difamación por las radios locales y otras formas que alimentaban rumores en la sierra contra el líder indígena Sabino Romero inducen el conflicto entre las familias Yukpa por el supuesto robo de un ganado a productores de la zona, una vez consumada la agresión entre las comunidades desapareció el argumento del abigeato (robo de ganado) para acusar por homicidio a Sabino Romero y encerrarlo.

A través de un procedimiento ilegal y violatorio de los derechos humanos comienza el juicio en la Villa del Rosario, pasa luego a Maracaibo y finalmente en una trampa política por considerar que el caso generaba “conmoción social”, el magistrado Aponte Aponte logra radicarlo al Estado Trujillo.
El 24 de agosto de 2010 se constituye el tribunal que lleva el caso de los Caciques Yukpa en el Estado Trujillo, Antonio Moreno Matheus es el juez asignado, Rubén Darío Moreno el Secretario, Américo Rodríguez el Fiscal nacional acusador, Lenín Terán es el fiscal auxiliar, Alfonso Chacín abogado asignado por el sector ganadero para defender al cacique Olegario Romero y los doctores Ricardo Colmenares y Leonel Galindo los defensores del cacique Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández desde el inicio del proceso, en esa oportunidad se realizaron las exposiciones de las partes y por ausencia del intérprete de la lengua yukpa queda diferido para el día 2 de septiembre, sin embargo, las audiencias orales y públicas donde las partes comienzan los interrogatorios a expertos y testigos tuvieron inicio el día 22 del mismo mes.
Presentada esta breve reseña del proceso pasaremos a comentar un hecho bastante curioso que ocurrió en las audiencias realizadas los días 7 y 8 de diciembre del presente año y que da muestra fehaciente del poder que tienen en la zona el sector ganadero y del tipo de relación que han establecido con las instituciones del Estado venezolano históricamente.

El día 7 de diciembre le corresponde declarar a dos expertos del CICPC, el movimiento social que ha acompañado al pueblo Yukpa y Barí durante todo el proceso de demarcación de sus territorios, así como en sus consecuencias, entre ellas, el proceso jurídico que atraviesan hoy los caciques detenidos, manifestó pacíficamente frente a la sede del tribunal donde se lleva el caso en la ciudad de Trujillo, mostrando pancartas y repartiendo volantes sobre lo que ha sido el antecedente racista del magistrado Américo Rodríguez y el abogado ganadero Alfonso Chacín. Al terminar la audiencia el señor Chacín en un acto desesperado incitó a los Yukpa familiares de Olegario Romero a neutralizar de manera violenta las acciones realizadas por los activistas, sin mediar palabra los indígenas se abalanzaron a romper una de las pancartas y luego a gritar improperios amenazando con matar a quienes continuaran apoyando al cacique Sabino Romero. La denuncia fue presentada debidamente al CICPC del Estado Trujillo.

Al día siguiente, le correspondió declarar al detective del CICPC Nerio Castillo Paz, quien fue el investigador del caso dado que ejercía la jefatura del Departamento de Investigaciones en la Sub-Delegación Machiques del CICPC para la fecha de los acontecimientos. El testimonio del funcionario fue una ventana abierta para visualizar un hecho que puede parecer irrelevante a primera vista, pero que al analizarlo con detenimiento deja ver claramente el tipo de influencia que mantiene el sector ganadero en esa jurisdicción, para utilizar un término formal. Ante la pregunta que le hizo el fiscal auxiliar Lenín Terán en representación del Ministerio Público sobre el motivo por el cual no pudo acceder el mismo día que ocurrieron los hechos la Comisión Conjunta encargada de investigar lo sucedido entre las comunidades Chaktapa y Guamopamocha el 13 de octubre de 2009, el funcionario respondió que un conflicto en la vía entre ganaderos e integrantes del pueblo Yukpa les obstaculizó el paso dos horas antes aproximadamente, a tal punto que el comisario que lideraba la operación tuvo que suspenderla hasta la tarde del día siguiente.
Es importante destacar en el análisis que esta Comisión Conjunta estaba integrada por afectivos del CICPC Maquiches y Maracaibo, Guardia Nacional Bolivariana, Ejército y Policía Municipal de Maracaibo. En distintas ocasiones efectivos de estos cuerpos de seguridad han agredido en la zona tanto a ciudadanos Yukpa como activistas sociales que acompañan la lucha indígena por el territorio, por citar un ejemplo, recordemos lo ocurrido el 22 de agosto de 2008 en el sector “Cuesta del Padre” cuando el ejercito impidió violentamente que integrantes de organizaciones sociales y derechos humanos llevaran alimentos y medicinas a las comunidades Yukpa cercadas por las autoridades del Estado-gobierno. Sin embargo, un hecho curioso se nota al pensar que una comisión integrada por efectivos de cinco cuerpos de seguridad no pudieran controlar un conflicto entre Yukpa y ganaderos para permitirles el paso, es inevitable hacerse algunas preguntas al respecto: 1) ¿quién originó ese conflicto si los hechos ocurridos fueron entre sujetos del pueblo Yukpa? 2) ¿A quién le convenía obstaculizar el paso para que las autoridades no subieran, cuando se sabía que era el Cacique Sabino Romero y sus hijos quienes estaban heridos? 3) ¿Por qué las autoridades de la zona ante el mismo conflicto en otras oportunidades han reprimido a indígenas y activistas y ese día se retiraron cuando lo único que variaba era la presencia del sector ganadero armado?

El propósito de este espacio no es presentar conclusiones sobre el proceso jurídico en el que se desenvuelve el caso, la intención manifiesta es acercar a los lectores las contradicciones que han surgido y las que aparecerán hasta el momento de la sentencia. Para responder estas interrogantes es necesario considerar cómo se presentan las relaciones de poder a luz de lo que ha sido la historia de la región y el papel que ha jugado el sector ganadero.