Notas sobre el plan anticrisis

El conjunto de medidas que el gobierno de Venezuela ha comenzado a poner en práctica para lidiar con el giro que ha tomado la economía mundial y con las repercusiones que amenazan a la economía venezolana no constituyen un plan anti-crisis. Se trata más bien de un plan de ajuste fiscal cuyo propósito central es palear la caída de los ingresos petroleros y cuadrar las cuentas fiscales.

El problema esencial de este tipo de programas es que no todo cuadre de las cuentas fiscales está alineado con los objetivos reales y pertinentes que la política macroeconómica debe tener frente a este tipo de eventualidades; y que deben ser, en última instancia, la amortiguación de los choques, procurando, en ese sentido, que la economía siga creciendo en forma estable, sin pérdidas de empleo y en un contexto de baja inflación.

Un problema recurrente en las gestiones de los ministros de finanzas en Venezuela es que suelen hacer política fiscal presa de una especie de mecánica ministerial que parece escrita o acuñada en una piedra. El propósito de esta mecánica es simplemente cuadrar cifras financieras dejando a un lado la evaluación de las repercusiones o los impactos que la política fiscal tiene sobre la economía. De hecho, los ejercicios presupuestarios que se hacen en Venezuela, suelen tomar el crecimiento del producto (y por lo tanto el empleo) como un dato, la inflación como una meta bajo la tutela del BCV y la distribución del ingreso ni siquiera aparece en el problema.
Lo que el gobierno venezolano viene haciendo desde inicios de este año así como los anuncios hechos por Presidente hace unos días, constituyen una trágica revelación de esta forma de entender las políticas económicas y en particular la política fiscal.

Al ignorar las repercusiones sobre el empleo, la inflación y la distribución del ingreso, el plan no está enfocado en lo esencial, por eso no es un plan anti-crisis. Pero lo más lamentable del asunto es que las repercusiones sobre estas variables si existen y dado el tenor de lo que se está haciendo y de lo que se planea hacer por boca del Presidente, las cosas pintan muy malas en ese territorio.

El plan que el gobierno de Venezuela está implementando, tiene dos grandes componentes: uno cambiario no anunciado, pero en silenciosa marcha desde hace ya cierto tiempo, y uno fiscal.
En el plano cambiario el gobierno se enfrenta al siguiente problema: en los últimos 4 años el tipo de cambio oficial no se ha movido, pero en ese mismo lapso la inflación acumulada es de 85%. Esto desde luego ha producido una sobre-valuación del tipo de cambio real que se manifiesta en el visible estancamiento que observan las exportaciones no-petroleras y en una creciente dependencia de las importaciones (que se hacen día a día más baratas). La situación ha conducido a que los residentes interpreten la compra de un dólar a 2,15 como el negocio más barato del mundo (después de comprar combustible para carros), frente a un gobierno que administra las divisas y que presume que van a ser escasas para atender la demanda. El problema enfrenta una restricción y es que la palabra devaluación es anatema. Así que la decisión del gobierno ha sido restringir el acceso al mercado oficial bien sea archivando solicitudes o pasando ítems gradualmente al mercado no-oficial. Esto en parte es lo que explica el incremento significativo y la volatilidad en la cotización del tipo de cambio no-oficial. Una variante más es que en los últimos meses, en el limbo de la legalidad, el gobierno ha aparecido en ese mercado ofreciendo dólares (un cambio en la estructura del mercado para nada deleznable). Si las especies que corren son ciertas: que el gobierno vende cerca de 200 millones de dólares semanales en el mercado no-oficial, entonces el monto de transacciones que anualmente pasan por ese mercado puede ser, cuando menos, de 9.600 millones de dólares, un 20% de las transacciones totales por importaciones. Planteado de ese modo la devaluación no hay que anunciarla, pues ya viene operando de facto y le está dando al gobierno jugosos dividendos fiscales. Pero la devaluación velada y no anunciada igual tiene impactos inflacionarios al encarecer los insumos importados así como los bienes de consumo final. Lo que es peor, la discreción del sistema de asignación de divisas es tal que nadie sabe a ciencia cierta si mañana deberá recurrir a la compra de dólares en el mercado no-oficial, lo que genera incertidumbre y conductas preventivas y defensivas que se materializan en incrementos adicionales de precios. Todo esto es un sistema mal diseñado con resultados ruinosos para los ciudadanos.

Las desventajas de esta forma de devaluar la moneda son conspicuas pues al tiempo que se encarece buena parte de las importaciones y se genera incertidumbre inflacionaria, no hay promoción de la producción y del empleo, especialmente en aquellos sectores con algún potencial exportable, pues ahí el tipo de cambio sigue siendo 2,15. El único beneficio de esta oscura salida cambiaria es entonces fiscal.

En el plano propiamente de la política fiscal está lo anunciado por el Presidente, quien se dirigió al país por unas horas para concretar sus anuncios económicos en cuatro aspectos: una reducción del gasto público presupuestado para este año, un incremento del IVA, la colocación masiva de deuda pública en el mercado local y un incremento del salario mínimo en dos fases.
Lo estudiantes en su primer año de curso de macroeconomía suelen aprender que el valor de la política fiscal está en su potencial para atenuar las fluctuaciones económicas. Si la preocupación de la autoridad fiscal es minimizar el riesgo de entrar en una recesión, lo conveniente es ajustar impuestos a la baja y/o incrementar el gasto del gobierno. Lo que está haciendo justamente el Presidente Barak Obama. Lo que está haciendo la mayor parte del mundo civilizado. Política fiscal anti-cíclica. En Venezuela lo estamos haciendo al revés. A las puertas de una recesión estamos subiendo los impuestos y disminuyendo el gasto. Aunque el Presidente habló de un modesto recorte en el presupuesto de gastos de sólo 6% con respecto al presentado en Octubre pasado a la Asamblea Nacional, la comparación es engañosa y poco informativa. Lo relevante es mas bien comparar el gasto efectivo del Gobierno Central del pasado año con el que se planea entonces hacer este año, y dicho así, estamos hablando de 85 mil millones de dólares en gastos ejecutados el pasado año que se ajustarán a 72 mil millones de dólares este año, lo que representa un recorte de 17% en un solo un año con una indudable carga recesiva. Al subir el mismo tiempo la alícuota del IVA en 3%, la economía recibe un impulso inflacionario, cierto impacto recesivo adicional por la caída del consumo, y por si fuera poco, un impacto redistributivo de carácter regresivo pues el IVA pecha desigualmente y mucho mas a quien destina de su ingreso más al consumo que al ahorro financiero.

La carga recesiva y redistributiva del plan no termina ahí pues la forma que ha seleccionado el gobierno para cerrar la brecha fiscal no es para nada inofensiva. En lugar de presentar una contabilidad transparente y precisa de los recursos públicos que se tiene atesorados en instituciones como el Fondem, la Tesorería, el Banco del Tesoro y el Bandes, y que no son poca cosa. En lugar de financiar parte de la brecha con esos recursos. En su lugar, el Presidente anunció la colocación de deuda pública interna por el orden de los 22 mil millones de BsF. Unos días más tarde presentó la solicitud en la Asamblea aumentada en 3 mil millones y finalmente la Asamblea le aprobó un endeudamiento hasta por 37 mil millones de Bs.F. Este monto autorizado es superior a todo el stock acumulado de deuda interna del país a la fecha. La magnitud de esas colocaciones es tal, que la cartera de crédito tendrá que ajustarse y abrirle espacio en el balance de los bancos a estas emisiones del gobierno con grave detrimento en la actividad económica. El crédito se convertirá en un insumo escaso para las empresas y ciudadanos y los bancos harán el ajuste y el cambio complacidos, pues tanto mejor recibir los jugosos rendimientos de bonos de bajo riesgo, que lidiar en tiempos de crisis con carteras de créditos riesgosas y reguladas. Al margen de los portentosos rendimientos, los tenedores de esos bonos se van con un premio, pues no pagan ni un céntimo de IVA por destinar parte de su ingreso a esas inversiones financieras. Lo que se les quita con el IVA a los que menos tienen, se transfiera en rendimientos a los que más tienen. Una jugada maléfica en la que se promueve una suerte de rentismo financiero de naturaleza redistributiva.

Finalmente está el componente salarial del programa. El Presidente habló de la política salarial y se presentó con la increíble propuesta de un ajuste en el salario mínimo de sólo 10% en el mes de mayo, y de 10% más en el mes de septiembre. Con una inflación por encima del 30% en los últimos doce meses, los trabajadores venezolanos razonablemente esperarían incrementos nominales de esa magnitud en el salario y de manera retroactiva al mes de enero de este año. El gobierno en contraste lo que ofrece hoy es recuperar a destiempo sólo un tercio del deterioro en los ingresos salariales para el mes de mayo y otro tercio en el mes de septiembre. No hay recuperación del tercer tercio. Pero peor aún, para el mes de septiembre la inflación acumulada del año 2009 podría estar conservadoramente según los analistas por encima del 25% ¿Cómo compensan los trabajadores esa pérdida de ingreso real? Esta obviamente no es una propuesta salarial. Esa es una propuesta fiscal. Fue pensada para cuadrar las cuentas fiscales. No fue pensada para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Mucho menos para atenuar los efectos de la crisis sobre el consumo.

En perspectiva, el lector comprenderá ahora por que este plan de ajuste es impresentable. Subyace en este plan una propensión del gobierno a no soltar los recursos que requiere la economía para amortiguar los impactos del choque petrolero, y en su lugar, ha presentado una receta autodestructiva que por su contenido en el plano cambiario y fiscal promete llevarnos con seguridad a una recesión, a un mayor umbral inflación y a un proceso de cambios regresivos en la distribución del ingreso.

* Profesor de la Escuela de Economía de la UCV