Nueva Ley Orgánica del Trabajo es capitalista y no transita al socialismo

Antecedentes

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, quedó establecido en materia laboral tres temas: procesar una nueva Ley Orgánica del Trabajo; volver al cálculo de las prestaciones sociales que fue modificado en la reforma de la ley en 1997 y la reducción de la jornada de trabajo. Desde 2003 reposa en el parlamento el proyecto denominado Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, que fue aprobado en primera discusión. Hoy después de 10 años, la Asamblea Nacional retoma el tema a solicitud del Presidente de que no debe quedar ninguna ley capitalista para finales de este año, por lo cual, la Comisión Permanente de Desarrollo Social del parlamento, se desespera y aprieta para que la ley se sancione como un regalo navideño para los trabajadores y trabajadoras. Dulcificada además, con que será un instrumento para la transición hacia el socialismo.

Bajo la dirección de Oscar Figuera del PCV y Oswaldo Vera del PSUV, se sometió a consideración durante el mes de mayo, lo que ellos llamaron ejes temáticos para la nueva ley. Pero no presentaron escrito ni boceto alguno del proyecto, pues se trataba de que cada quien opinara a su libre antojo sobre la nueva Ley, “los iluminados” recogerían esas opiniones y la plasmarían en el proyecto que ellos y una comisión técnica elaborarían. Es así como, lo que no se hizo en diez años se abortará en 6 meses, pues el proyecto tiene que estar listo para el último de este mes.

La estafa de las consultas

En sólo un mes y sin boceto alguno se consultaron: las direcciones de las centrales nacionales de trabajadores y trabajadoras; los líderes de las organizaciones empresariales del país; los Consejos Legislativos de los Estados con parapetos “sindicales”, que no representan al mundo laboral de las regiones; se recogió la opinión de los Ministerios e Institutos que tienen afinidad con el tema; se oyeron a expertos laborales; y de pasapalo, quedó tiempo para consultar al Tribunal Supremo de Justicia y al Vicepresidente de la República.

Lo anterior lo venden como democracia participativa. Sin embargo, se olvidaron de apartar el espacio necesario para consultar a los trabajadores y trabajadoras del país, a sus sindicatos de base. Propiciar asambleas en las empresas, las fábricas, las instituciones del Estado, en la economía informal, entre los desempleados, en el campo, etc. Nombrar delegados regionales para conformar un Congreso Nacional Constituyente de Trabajadores y Trabajadoras para que la nueva Ley se correspondiera de verdad, con los intereses y derechos que son propios de los que trabajan.

Después de esta estafa a la participación, donde el debate ha sido exclusivamente cupular, todo quedó en manos de nuestros “iluminados” diputados de la comisión quienes con poca imaginación sacaron de la gaveta el proyecto del 2003 y sobre el mismo elaboran lo que ellos dicen es una reforma integral de la Ley Orgánica del Trabajo que la dejará como nueva.

La nueva Ley no tiene nada de nueva, sigue siendo capitalista

Del debate que se efectúa en la oscuridad de la Asamblea Nacional se han desprendido algunos puntos que nos permiten decir, desde ya, que es una Ley absolutamente capitalista y esto lo tratan de disfrazar incorporando términos como Empresas de Propiedad Social, Empresas Cogestionarias, Empresas Autogestionarias, Cooperativas y Consejo de Economía laboral. Todos términos que se utilizan para lavarle el rostro a un gobierno que promueve el capitalismo de estado y defiende intereses capitalistas de sectores económicos y de burócratas del estado que se cobijan con los ingresos petroleros.

En la nueva ley, por mucho que se le quiera calificar de revolucionaria, no hay ni habrá reformas sociales profundas para frenar la inflación, eliminar el desempleo o para aplacar la criminalización de la protesta. Tampoco habrá medidas frente al alto costo de la vida y mucho menos se elevará el nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras junto a su pueblo.

Por el contrario, será maquillada y endulzada con algunas disposiciones con mejoras banales, que incluso estarán por debajo de las logradas en la mayoría de las Convenciones Colectivas, lo que si mantendrá es su esencia capitalista favoreciendo la explotación de los patronos sobre los trabajadores. El aumento del IVA, la reducción del gasto social y acrecentar la deuda interna y externa, junto al paquete de Leyes (incluyendo la del trabajo) que el gobierno promueve y ejecuta, sólo sirven para hacer caer el peso de la crisis capitalista sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras del país. La inflación nos golpea duramente sacándonos del bolsillo lo que hemos logrado luchando por un buen Convenio Colectivo frente a los patronos. A pesar de los inmensos recursos petroleros, no existe un plan de pleno empleo y la tendencia es a aumentar el desempleo, lo mismo ocurre con la economía informal.

El mejor ejemplo de explotación capitalista se expresa en las empresas del Estado y en la Administración Pública Nacional donde existen salarios de hambre, no se discuten Convenciones Colectivas y el gobierno ejerce mecanismos de control político y social para amedrentar y chantajear a sus trabajadores y trabajadoras, en algunos casos impidiendo la conformación de los sindicatos o desconociendo su actividad, atentando contra la libertad y la autonomía sindical. También, se criminaliza a los dirigentes sindicales y luchadores a quienes se les persiguen y son llevados a las cárceles, como lo ocurrido en Guayana, en las petroleras, en alcaldías y en algunas industrias.

El capitalismo sigue intacto, el sector financiero y de importación han obtenido jugosas ganancias en detrimento de nuestra soberanía agroalimentaria e industrial. Mientras sobre el conjunto de la población se esparcen migajas de la torta por intermedio de las misiones que han venido desmejorando mientras pasa el tiempo.

Un Estado así, no garantiza que la nueva Ley Orgánica del Trabajo esté al servicio de los trabajadores y trabajadoras y mucho menos que se oriente hacia un proceso de transformación social. Lo que si garantiza es que seguirá siendo capitalista y al servicio de los patronos públicos o privados, con el agravante de querer legitimar la conformación de los Consejos de Trabajadores que serán instrumentos políticos para condenar la autonomía e independencia sindical.

La Ley reformada no transita a ningún socialismo

Para Francisco Torrealba del PSUV “será una ley ajustada a los tiempos de transformación revolucionaria que vive el país”, mientras que otros personajes rojos rojitos la consideran una nueva Ley Orgánica del Trabajo en el marco de la transición al Socialismo. La oposición de derecha sólo reclama mayor participación y plantea simples maquillajes en su contenido. Oscar Figuera del PCV insiste que lo importante es la creación de los Consejos de Trabajadores, para «darle poder político a los asalariados».

Nadie, ni la derecha opositora ni la burocracia roja del Estado, están dispuestos a ir mas allá del marco capitalista para lograr empleo para todos, salarios decentes y una vida digna con alimentación, salud, educación y recreación. En los hechos estos reformistas de pacotilla se convierten en agentes del capitalismo y sus sectores boliburgueses, burgueses de derecha y capitalistas de estado.

Para contrarrestar la estafa de socialismo que promueven los parlamentarios y sindicaleros rojo-rojitos, desde C-CURA opinamos que para transitar al socialismo se deben tomar medidas de fondo, tales como:

1. Definir categóricamente que la crisis del capitalismo y el imperialismo, no la paguen los Trabajadores y Trabajadoras que son los únicos productores de la riqueza material del país y del mundo; que la crisis la paguen los burgueses, sean nacionales o extranjeros.

2. Que se produzcan aumentos generales de sueldos y salarios de manera regular y permanente de acuerdo a los índices de inflación, con un salario inicial o mínimo equivalente al valor de la cesta básica para que los Trabajadores y Trabajadoras no paguen la crisis. Hay que eliminar la tendencia perniciosa de llevar los salarios hacia el mínimo nacional.

3. Los puestos de trabajo deben ser directos y fijos con goce de todos los beneficios legales y convencionales. No más contrataciones y suplencias renovadas en la Administración Pública Nacional y en el sector privado. No mas tercerización y la discriminación en el trabajo.

4. La estabilidad laboral tiene que ser plena, sin limitaciones. También, la nueva ley debe garantizar pleno empleo para lo cual el Estado debe procurar planes en las aéreas de construcción, bienes sociales y agrícolas, para así garantizar empleo a todos y todas.

5. Debemos ir a una disminución progresiva de las horas de trabajo y a una distribución de las mismas, sin desmejora del salario integral de los Trabajadores y Trabajadoras. Esto permitirá mas puestos de trabajo y aumentar el tiempo libre para compartir con la familia, la educación, el recreo, el ocio y el descanso. El tiempo de viaje debe considerarse como parte efectiva de la jornada del trabajo.

6. El período de disfrute de vacaciones debe ser de 30 días hábiles, con pago de 90 días de salario integral y las utilidades o bonificación de fin de año no debe ser inferior a 150 días de salario integral.

7. Se debe garantizar el suministro de una comida nutritiva y balanceada para los Trabajadores y Trabajadoras durante las jornadas de trabajo y que la cesta ticket encubierta como beneficio social, pero vinculada a la prestación de servicio, debe ser considerada como salario para todos los efectos de cálculos.

8. Restablecimiento pleno del recálculo de las Prestaciones Sociales con el último salario integral y a razón de 60 días por año. Lo que se ha calculado o depositado mensualmente no constituya un finiquito y se considere como anticipos hasta el recálculo al finalizar la relación laboral.

9. Mantener el salario integral para el pago de los Trabajadores y Trabajadoras incapacitados y jubilados con aumentos sucesivos de acuerdo al índice inflacionario.

10. Cárcel para todo patrón público o privado que violente el derecho de los Trabajadores y Trabajadoras, que no discuta o cumpla las Convenciones Colectivas y que el Ministerio junto a los sindicatos obliguen el acatamiento de las providencias u órdenes de reenganche emitidas.

11. Por pleno derecho a la huelga. Ninguna decreto puede recortar ese derecho, como ahora se hace contra los trabajadores de las empresas de productos alimenticios o procesadoras de alimentos de hacer huelga

12. Toda acción de protesta laboral es legítima y en ningún caso podrá ser entendida como alteración del orden público, daño al patrimonio nacional o la propiedad privada y no se podrá sancionar a ningún trabajador o restringirle su actividad sindical como sucede en la actualidad.

13. Fábrica cerrada, fábrica tomada, nacionalizada sin indemnización y puesta a producir. La administración debe quedar en manos de los trabajadores con su sindicato y organismos que garanticen su control real, para evitar la corrupción auspiciada por los burócratas del Estado, que ya han dado ejemplo de ineficiencia y de manejarse sobre intereses particulares y no colectivos y sociales.

Necesitamos la movilización permanente y construir un partido revolucionario

Queremos invitar a todos los trabajadores y trabajadoras del país a que comencemos un debate, y a la par, empezar a movilizarnos por una nueva Ley Orgánica del Trabajo que defienda el trabajo, el salario y una vida digna para nuestras familias. No podemos aceptar una ley que no sea discutida de manera democrática y con real participación de las bases de trabajadores y trabajadoras

Debemos movilizarnos y salir al frente a estos reformistas, que quieren que la crisis salga de la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras. Necesario es fortalecer nuestros sindicatos de base y desarrollar organismos de agrupación sindical clasista, revolucionario y que mantenga la autonomía e independencia de cara a los patronos público o privados, al gobierno y a los partidos políticos, este principio se prueba en CCURA y así llamamos a todos los sindicatos y trabajadores, que quieren pelear, a unirse a nosotros para ampliar nuestra lucha por la defensa incondicional de nuestros derechos.

Hemos mencionado las limitaciones para crear una ley que trascienda los marcos del capitalismo por los agentes del gobierno capitalista que hoy la discuten. También señalamos las restricciones de la oposición de derecha que se apega con furia a la defensa de la propiedad privada. Para nosotros hoy se requiere edificar una nueva y verdadera alternativa socialista, una oposición de izquierda revolucionaria. Hay que construir un partido que trace con claridad revolucionaria que en Venezuela debemos gobernar los trabajadores, trabajadoras y el pueblo para trascender los marcos del capitalismo. Todo el poder para los trabajadores y el pueblo, para así, desde el estado contribuir en el avance de medidas que garanticen un bienestar merecido para las clases explotadas, los desposeídos y los oprimidos de esta sociedad.

Emilio Bastidas
Coordinador Regional de Únete Aragua
Integrante de la Coordinación Nacional de CCURA y USI