Obama reconoce que agentes de su gobierno han torturado, pero los elogia y les promete protección
A pesar de los crímenes cometidos, Obama pidió pasar la página de ese capítulo «negro y doloroso» de la historia de EEUU. Aunque reconoció nuevamente las torturas practicadas por la CIA en la Administración Bush, ni los torturadores, ni los autores intelectuales de la implementación de tales prácticas, serán juzgados.
A pesar de los crímenes cometidos, Obama pidió pasar la página de ese capítulo «negro y doloroso» de la historia de EEUU. Aunque reconoció nuevamente las torturas practicadas por la CIA en la Administración Bush, ni los torturadores, ni los autores intelectuales de la implementación de tales prácticas, serán juzgados.
La explicación de Obama llegó después de que el Departamento de Justicia hizo público de forma parcial el contenido de cuatro informes oficiales elaborados entre 2002 y 2005 en los que se recogen los argumentos de la anterior administración para justificar el uso de técnicas como el ‘waterboarding’ ( ahogamiento simulado) en los interrogatorios a presuntos terroristas.
De esta manera, la Administración del presidente del Cambio pretende encarar las consecuencias del uso por parte de un Estado de prácticas violatorias del derecho internacional, de los derechos humanos fundamentales.
Esta es la misma Administración que en voz de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo ayer que EEUU levantaría el genocida bloqueo que ejerce sobre el pueblo cubano, si Cuba se «democratiza».
Borrón y cuenta nueva (la vieja tesis de la Seguridad Nacional todo lo justifica)
A pesar de la violación sistemática de derechos humanos elementales por funcionarios de la CIA a quienes ellos consideran sospechosos de terrorismo o de colaborar con terroristas, el presidente del Cambio sustentó su decisión de no juzgar a los criminales en una apreciación personal: para Obama no es el tiempo de los «castigos» sino de la «reflexión», asegurando que los funcionarios que cumplieron con sus obligaciones -es decir, los torturadores–, lo hicieron «de buena fe».
«Los hombres y mujeres de nuestro servicio de inteligencia trabajan con coraje en primera línea en un mundo peligroso. Sus logros no se reconocen y sus nombres permanecen en el anonimato, pero gracias a sus sacrificios los estadounidenses están más seguros. Debemos proteger su identidad al igual que ellos velan por nuestra seguridad, para que puedan cumplir su trabajo con confianza», ha añadido.
El presidente ha vuelto a recordar que una de sus primeras decisiones fue prohibir el uso de esas técnicas de interrogatorio porque «no hacen más seguro» a Estados Unidos, y ha justificado la publicación de los informes asegurando que quiere evitar interpretaciones «imprecisas» sobre lo ocurrido.
La doctrina del presidente del Cambio se parece mucho a la utilizada por sus predecesores
Por su parte, el fiscal general, Eric Holder, declaró que la Administración Obama defenderá a cualquier funcionario que pueda ser enjuiciado por esos hechos «dentro o fuera» de Estados Unidos porque se trata de hombres y mujeres que trabajan para «proteger a Estados Unidos» y porque hacerlo, dijo, sería «injusto» ya que su actuación estaba refrendada por el Departamento de Justicia.
El pasado 7 de abril el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló que un grupo de médicos ayudó a interrogar mediante torturas a sospechosos de terrorismo en prisiones secretas de la CIA, ubicadas en el exterior de Estados Unidos.
Según el CICR, los trabajadores médicos observaban a los prisioneros mientras eran maltratados y aconsejaban a los interrogadores si podían continuar, debían ajustar o detener los abusos.
El informe que detalla estas técnicas se basó en entrevistas a 14 prisioneros realizadas en 2007 y señala que ‘el proceso de interrogación es contrario a la ley internacional y la participación de personal de salud es contrario a los estándares de ética médica’.
Fiscalía española recomienda no abrir caso por torturas en Guantánamo
La justicia española, que en las últimas décadas ha mostrado una propensión por juzgar delitos cometidos en otros países en su territorio, esta vez descartó enjuciar a cualquier exfuncionario estadounidense involucrado en torturas en la cárcel de Guantánamo.
Según un reporte de la agencia AP, la fiscalía española recomendó el viernes no investigar las denuncias de que seis ex funcionarios estadounidenses del gobierno de George W. Bush –incluido el otrora secretario de justicia Alberto Gonzales– sentaron las bases legales para torturar a supuestos terroristas en la prisión de Guantánamo.
Aunque su fallo no es obligatorio, el anuncio prácticamente condena las perspectivas de que el caso, presentado el mes pasado al juez español Baltasar Garzón por un grupo de abogados de derechos humanos, siga adelante.
Expliqua la nota de la agencia que los fiscales dijeron que cualquier investigación debería realizarse en Estados Unidos, no en España.
De acuerdo con el procedimiento judicial en España, Garzón pidió a los fiscales que se pronunciaran sobre si recomendaban la apertura de la investigación.
Los fiscales también cuestionaron la propiedad de un caso que efectivamente pondría en juicio «toda la política desarrollada –por muy reprobable que ésta sea– por la anterior administración de Estados Unidos durante su mandato, absolutamente incompatible con los límites, exigencias y fines del proceso penal en un estado de derecho».
