Palabras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por: Lusbi Portillo

Soy el profesor Lusbi Portillo, docente de la Universidad del Zulia, Coordinador General de la ONG Sociedad Homo et Natura, trabajo desde mayo de 1985, 26 años aproximadamente, como defensor de los ecosistemas de la Sierra de Perijá y de los derechos humanos de los pueblos originarios indígenas que en ella habitan, entre ellos los Yukpa, que hoy tengo el honor de hablar de sus derechos, ya que por retraso en la obtención del pasaporte de los familiares de los líderes Sabino Romero y Alexander Romero no han podido comparecer a esta importante audiencia.

Los Yukpa son un pueblo amerindio Caribe que poblaron la Sierra de Perijá tanto en su vertiente venezolana y colombiana desde hace más de mil años, agrupados en Venezuela en aproximadamente 120 comunidades con sus respectivas autoridades tradicionales Yuakpu o Caciques en las cuencas de los ríos Apón, Negro, Yaza y Tukuko, de norte a sur respectivamente. Se estipula su población en unas 13 mil personas.

El pueblo Yukpa antes de vivir en comunidades a finales de los años 40 del siglo pasado, vivían en familias esparcidos entre las montañas y el piedemonte de la Sierra de Perijá en las cuencas de los cuatros ríos antes mencionados, guerreando entre sí y con los ganaderos que al final de los años 30 comenzaron a invadir su territorio de unas 400 mil hectáreas aproximadamente. Se reunían entre sí las familias Yukpa principalmente en celebraciones de nacimiento de un niño, fiesta del bollito de maíz, etc. Fueron los Padres Capuchinos quienes comenzaron a concentrar a las familias en comunidades, manteniéndose así en una tensa calma las relaciones interfamiliares dado su delicado y acentuado carácter personal y por sus viejas rencillas entre ellas cuando entraban en conflicto.

Entre los años 30 y 60 el pueblo Yukpa perdieron todas sus tierras planas por la violencia ganadera; fueron transformados sus bosques en pastos, potreros, vaqueras y cruzados por kilómetros de alambres de púas. Fueron confiscados a las altas montañas de la Sierra de Perijá. Casi llevan un siglo de lucha permanente por su territorio arrebatado a sangre y fuego. Nunca se retiraron de sus tierras invadidas, aún viven alrededor de las haciendas y parcelas invasoras.

Cuando llegó al Gobierno el actual Presidente Hugo Chávez el pueblo Caribe Yukpa interpretó que parte de su territorio arrebatado sería devuelto, se ocuparon algunos potreros de haciendas o toda la superficie de algunas de las haciendas limites con sus comunidades ubicadas en el piedemonte perijanero. La nueva Constitución de 1999 en el artículo 119 obliga al Gobierno a delimitar las tierras indígenas y entregárselas en Títulos de Propiedad Colectiva, y la Disposición Transitoria número 12 señala un plazo de dos años, el 2001.

Ante las movilizaciones, demandas, protestas y recuperación de haciendas, el Gobierno inició la demarcación del territorio Yukpa en el año 2004, pero era ya el 2009 y muy poco se había avanzado dada la burocracia y el no financiamiento de la comisión demarcadora del territorio del pueblo Yukpa por parte del Gobierno. Se acelera a partir del 2007 la toma de haciendas por parte de los indígenas y los enfrentamientos entre hacendados e indígenas Yukpa, bajo el silencio cómplice de la policía, la Guardia Nacional y el Ejercito, así como de los diez ministerios encargados de la demarcación de tierras indígenas coordinada por el Ministerio del Ambiente. Hoy hay más de diez haciendas tomadas por los indígenas, sin que el Gobierno les haya pagado las bienhechurías a los ganaderos que legalmente le corresponde una indemnización.

Sabino Romero Izarra y su gente que llevaba más de 20 años de resistencia y lucha contra los hacendados invasores de las tierras del Yaza, entre ellos los Vargas, acompañados por otros dirigentes y caciques Yukpa se ponen a la vanguardia de la ocupación de hacienda en la cuenca del río Yaza, entre ellas las haciendas Paja Chiquita, Tizina, Cusare y Brasil. De inmediato se inicia una campaña de desprestigio y criminalización por parte de los ganaderos de Machiques y de los ministros para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, de Relaciones de Interior y Justicia Tareck El Aissami y el Viceministro del Ambiente Sergio Rodríguez, todos ellos miembros de la Comisión Nacional de Demarcación del hábitat y tierras indígenas.

Sin prueba alguna se le acusa a Sabino Romero de abigeato, de violador, de guerrillero, se comienza una campaña mediática en su contra por parte de los ganaderos acompañada de visitas permanentes a su comunidad por parte del Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana en el año 2009. Tal como se hizo entre los años 2002 al 2004 cuando Sabino ocupó por vez primera la hacienda Tizina, cuyo desenlace fue la retoma de la hacienda Tizina por parte de sicarios pagados por los Vargas, en especial por Guillermo Vargas presunto propietario de la hacienda Tizina. Sabino y su gente fueron expulsados de sus tierras recuperadas por la violencia ganadera, mientras las instituciones del Estado con competencia en el caso se mantenían indiferentes.

Es público y notorio cuando el Ministro de Relaciones de Interior y Justicia Tareck El Aissami y la Viceministra Tamara Duque comienzan a acercarse a Olegario Romero, Cacique de la comunidad Guamo Pamocha, casado con una sobrina del cacique Sabino y con quien había recuperado la hacienda Cusare. Este acercamiento ministerial se estructuró también con todos los caciques de las comunidades del Yaza, menos con Sabino, a quien por el contrario se aisló y se le criminalizó, para su comunidad no había bolsas de comida, viviendas de cemento y laminas de zinc, escuela, legalización de su Consejo Comunal con sus respectivos financiamientos.

La mayoría de estos caciques del Yaza comienzan entre agosto y octubre del año 2009 a manejar el discurso Gobierno/ganaderos, por lo tanto, comienzan también a acusarlo de robo de vacas, caballos, de violador de mujeres campesinas. Producto de este odio se da como desenlace los hechos violentos del 13 de octubre de 2009, dos Yukpa muertos y 5 heridos, entre ellos el propio Sabino, dos menores de edad (su hija y un sobrino) y 3 detenidos: Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero.

Cuando fueron llevados a proceso penal ordinario, fueron encerrados violando la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en un establecimiento el Ministerio de la Defensa denominado Fuerte Macoa ubicado en la ciudad de Machiques.

Sus derechos son violados: diez meses permanecieron Sabino Romero y Alexander Fernández encerrados en un cuarto y Olegario Romero en otro sin salir al exterior a caminar, a respirar aire puro, a ver el sol, sólo por una ventana; la comida era de mala calidad, era las sobras de lo que comían los soldados del Fuerte Macoa, con pedazos de servilletas, con malos olores, el agua que bebían y con la que se bañaban era sucia y estaba contaminada, constantemente se enfermaban del estómago y la piel, eran hostigados verbalmente por parte de los soldados, les decían que se iban a podrir en la cárcel, que eran asesinos, ladrones de ganados, violadores. El 31 de Diciembre de 2009 se le pretendía aplicar Ley de Fuga, un soldado a medianoche le abrió la puerta y les dijeron a Sabino y a Alexander que se podían escapar.

Los soldados obligaban a las mujeres de la familia de Sabino a desnudarse, desde noviembre de 2009 su hija Guillermina Romero Martínez cuyo esposo murió en los hechos violentos el martes 13 de octubre de 2009, no fue más a ver a su padre por sufrir un intento de violación por parte de un soldado que controlaba las visitas los sábado y domingo. Todas estas violaciones fueron denunciadas antes la Defensoría del Pueblo de Maracaibo y en la Fiscalía 23 encargada de los Derechos de la Familia y la Mujer. Este sufrimiento duró 10 meses.

Al ser trasladados de la ciudad de Machiques, estado Zulia a la Cárcel Nacional de Trujillo, estado Trujillo, el sufrimiento de Sabino y Alexander y el de sus familias se agravó. Los familiares no tenían dinero para visitar a los detenidos, miércoles, sábado y domingo, por ello se vieron obligados a vivir en la calle de la ciudad de Trujillo durante 7 meses, vivían de la caridad pública y de algo de dinero producto de la venta de su artesanía.

Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández sufrieron maltratos físicos, psicológicos y verbales en dicho recinto penitenciario, por parte de los presos por negarse a convertirse a la religión evangélica, afectándose así su identidad cultural; lo sentaban castigados en las noches y madrugadas en una silla en el baño sanitario, Sabino dormía en el suelo en un pasillo, le robaban constantemente sus enseres personales, debía pagar semanalmente 50 bolívares al jeje del pasillo de los evangélicos y luego en el pasillo de la Planta donde lo trasladaron. Estas violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas públicamente y ante el Director de la Cárcel por los compañeros Francisco Prada y Laura López Carmona de Prada, por sus defensores Ricardo Colmenares, Leonel Galindo y Soraya Suárez, se denunció también verbalmente y por escrito ante al Juez Antonio Moreno Matheus, y las cosas seguían iguales o peores; se hicieron marchas y plantones frente a la Cárcel de Trujillo ya que fueron amenazados de muerte. Los abogados defensores solicitaron por escrito el traslado de Sabino y Alexander de la cárcel, y el Juez Moreno Matheus negó dicha petición.

Esta situación cambió drásticamente cuando el Gobierno venezolano conoció de nuestra participación a esta audiencia temática convocada por esta honorable Comisión; una semana antes el Juez Moreno Matheus negó la solicitud y a la siguiente semana la admitió, ordenando el día 15 de marzo de 2011 una Medida Cautelar bajo fianza y la continuación del juicio oral y público en libertad. El Vicepresidente de la República Elías Jaua ordenó comunicarse con los familiares de Sabino Romero, nombró una comisión para conocer más de cerca el caso y la situación de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, situación esta que aplaudimos ya que llevamos desde el añp 2004 la política de acercamiento con el Gobierno y lo que hemos recibido es la criminalización de los militantes de la ONG Sociedad Homo et Natura, y en especial de su Coordinador General profesor Lusbi Portillo, quien es acusado de manipulador de indios, de opositor, enemigo del Gobierno, agente de la CIA, paramilitar y desde el 13 de octubre de 2009 como narcotraficante.

PETICIÓN:

Pedimos a esta ilustre Comisión su atención sobre esta situación en la cual se está vulnerando el derecho a la jurisdicción propia indígena y otros derechos conexos de los procesados, así como de sus familiares y del pueblo yukpa en su conjunto.