“Panamá Papers”: La ruta de la corrupción

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Por: José Castillo*

Así como en su momento la revelación de los WikiLeaks mostró lo más oscuro y tétrico de la política, la reciente develación de los denominados “Panamá Papers” nos presentan lo peor del funcionamiento del capitalismo, su lado “escondido”. Jefes de Estado, funcionarios políticos, artistas, deportistas y, por supuesto, miles de empresarios, han quedado al desnudo. Preparémonos para que en los próximos días, a medida que se profundice la investigación, nos encontremos con más y mayores escándalos.

Quizás sea oportuno precisar el significado que tiene montar una empresa offshore. A veces, el término offshore es utilizado como sinónimo de “paraíso fiscal”. Algún punto de contacto tienen: evidentemente estos territorios tienen “liberalidades”, en términos impositivos, que los transforman en ideales para “legalmente” pagar menos impuestos –o nada– en comparación con el lugar de origen de la actividad económica. Pero la “extraterritorialidad”, pues a eso se refiere exactamente el término –sitios donde están habilitadas instituciones destinadas a recibir depósitos o inversiones de personas o empresas no residentes–, es considerada una ventaja por quienes pretenden colocar sus capitales escapando de regulaciones locales y, por sobre todo, garantizando “privacidad” (secreto bancario absoluto, cuentas numeradas, tarjetas anónimas, etc.).

La gran pregunta es por qué existen capitales que requieren de esos “servicios”: la fuga de divisas o el lavado de dinero proveniente de actividades no-legales suele ser uno de los motivos más frecuentes. Ya se trate de la simple evasión o elusión impositiva, la necesidad de esconder recursos provenientes de coimas, o casos más graves, como los recursos del narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de armas, los mercados offshore han estado y están en la mira como primeros sospechosos.

Siendo claros: no es necesariamente un delito abrir una cuenta offshore (es más, la gran mayoría de las veces no lo es). Pero, en todos los casos, esconde alguna operatoria que, por lo menos, es éticamente cuestionable.

Por supuesto que, a esta altura del razonamiento, alguien podrá aducir, y con razón, que el capital no tiene ética ni fronteras. De eso se trata, y justamente por eso lo cuestionamos. Y el carácter mundial de las revelaciones abre una inmensa crítica “moral” (así, con todas las letras) a un sistema que, mientras tiene a miles de millones de habitantes del Planeta viviendo con menos de dos dólares por día, en el otro extremo fuga, esconde y reproduce miles de millones en capitales de dudosísimo origen.

Nuestro país, obviamente, no ha resultado ajeno al escándalo. El alcanzado ha sido, entre otros, nada menos que el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Lo más interesante fueron las repercusiones y justificaciones oficiales.

“Fue una operación legal”, insiste el Presidente. Seguramente: el estudio Mossack Fonseca, de donde se filtraron los datos, tiene un alto nivel de profesionalismo y está especializado en este tipo de operaciones. Difícilmente se le haya escapado un “artículo” de alguna legislación vinculada. No es eso lo que está en discusión, por lo menos por ahora. Sí resulta patético, e inquietante, que desde lugares que deberían ser los primeros en plantearse conocer aunque sea los detalles del caso, como la Oficina Anticorrupción o la AFIP, se haya salido a defender la “legalidad de todo” a libro cerrado.

Pero hay dos preguntas de las que el presidente Macri no puede escapar: ¿por qué no figuraba Fleg Trading Ltd. en sus declaraciones juradas como funcionario público? Por supuesto que ya aparecieron los comentarios leguleyos acerca de que “siendo director y no accionista de la empresa, no era obligación hacerlo”. Nuevamente salgamos de lo jurídico y vayamos a lo ético y lo político: ¿por qué lo escondió? ¿Por qué, suponiendo que fuera “optativo”, “optó” por no ponerlo?

Y la segunda, más profunda: ¿por qué abrió una sociedad offshore? No nos alcanza la respuesta que se trataba de parte de la “estrategia del grupo familiar”. El Presidente aceptó figurar como directivo, y siguió siéndolo cuando ya ejercía cargos públicos (diputado, primero, y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después). No es ajeno a las decisiones de las actividades del Grupo.

Terminamos esta reflexión articulando estos interrogantes con la “definición” de empresas offshore que escribimos más arriba: nadie hace estas operaciones para actividades que benefician a la economía del país. De mínima, estamos hablando de un canal para facilitar la fuga de capitales y esquivar el pago de impuestos. De nosotros, de quienes aportamos todos los días con nuestro trabajo para crear la riqueza de nuestro país.

(*) Profesor e Investigador de la UBA-Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

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