Paquete tributario es más pobreza

Por: María Esperanza Hermida

El pasado mes de febrero, el gobierno de Maduro determinó que el valor de la unidad tributaria (U.T.) para el 2016 no tiene nada que ver con la inflación real que sufrimos en el país. Por eso, la U.T. sólo aumentó un 18%, pasando de Bs. 150,00 a Bs. 177,00. Ahora bien, ¿qué significa eso para la gente pobre? Que la población asalariada, pensionada y jubilada pagará ahora impuesto sobre la renta (ISLR). Especialmente, lo pagarán quienes cobran un poco más del salario mínimo nacional (SMN).

Con esta estrategia, el gobierno pretende subsanar la merma de su ingreso por la baja del precio del barril petrolero, y descargar así la crisis económica del país en los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Dicho de forma clara: quienes tienen empleo fijoy ganan un poco por encima del SMN, pagarán ISLR.

Veamos quienes más pagarán ISLR: las personas que desempeñan ocupaciones por cuenta propia y que son bastante pobres como por ejemplo aquellas que se dedican al cuidado a domicilio de bebés, o al aseo o atención personal a pacientes con discapacidad. También está la «señora que limpia por días» o la «señora que plancha» y la gente que realiza de manera particular la limpieza en condominios o el cuidado de personas de la tercera edad. Hablamos de quienes trabajan por unidad de obra, con contrato, y por supuesto, sin seguridad social. Por ejemplo, jardineros, albañiles  y pequeños transportistas. Las peluqueras y peluqueros, así como las personas que en general  trabajan de forma independiente en oficios similares, deben pagar ISLR. Los profesionalesy técnicos en libre ejercicio, también pagarán además del IVA, el ISLR. En este último caso, el porcentaje de retención por concepto del ISLR, cuando se labora bajo la figura de «honorarios profesionales», subió del 2% al 3%.

Pero, ¿qué incluyen las disposiciones del Seniat como base imponible? Pues nada más y nada menos que todo lo que se perciba como  remuneración al empleo y bonos. Eso, en el caso de las personas que laboran bajo relación de dependencia, significa incluir en el cálculo las horas extras,  vacaciones, bono de fin de año o aguinaldo y utilidades, y además, el bono por producción o desempeño eficaz y cualquier prima por antigüedad, permanencia, profesionalización  o por dedicación exclusiva, entre otras remuneraciones. De allí que cualquier mecanismo que permita fortalecer el salario del trabajador o trabajadora, bien por vía de aumento neto por contrato colectivo, escala móvil o ajuste individual, se lo comerá el fisco porque será pechado por el ISLR.

Se trata de millones de personas pobres sufragando un impuesto injusto y arbitrario en un país con la inflación más alta del planeta, que exhibe una pavorosa corrupción en la  gestión pública (prácticamente inauditable), amparada por la más galopante impunidad. La injusticia y la arbitrariedad parten de un perverso mecanismo que se apropia indebidamente del salario. Veamos por qué.

Si bien no es nueva la pretensión gubernamental de cobrar ISLR por todas las remuneraciones generadas con ocasión del trabajo, ejecutar esta política Tributaria desenmascara el falso «socialismo» del que habla Maduro (y que antes era usado por  Chavez). Durante el segundo gobierno de Chavez se materializó un intento en este sentido, con la reforma al ISLR para elevar la recaudacion. Pero en 2007 el TSJ dictaminó que sólo el “salario normal” podía ser sujeto de impuesto, dejando a salvo los otros ingresos laborales. Ese criterio fue reiterado por tribunales tributarios de primera instancia años después y en sentencias emblemáticas del2013 y más recientemente, en 2015. Entonces la forma de apropiarse de una parte del salario se gestó bajando el valor real de la U.T.

De esta manera el gobierno está dando al traste con el derecho al disfrute de un salario digno consagrado en el artículo 91 de la CRBV, pues el IVA y el ISLR sacan del bolsillo del trabajador o trabajadora una buena parte de su ingreso. Además, esta medida arbitraria violenta el carácter inembargable del salario, también previsto en la norma constitucional.

Por otra parte, reducir el valor de la U.T., para lograr que mayor cantidad de gente pague ISLR, pulveriza los escasos logros que pueden ser alcanzados mediante la contratación colectiva. En Venezuela, el sector público no accede a este derecho desde 2008, mientras que los docentes universitarios y el Magisterio, apenas alcanzan algunos pequeños ajustes luego de hacer huelgas y ejercer importantes presiones callejeras. En las empresas básicas del Guayana, el caos administrativo y la ruina en que se encuentran desde el punto de vista productivo impide que sus trabajadore logren  mejores condiciones colectivas laborales.

Los trabajadores de la industria petrolera venezolana atraviesan el peor momento de su historia, no sólo por la caída del precio internacional del barril petrolero, sino porque se encuentran en un grave estado de pobreza debido a la corrupción presente en PDVSA, que les esquilma desde su salario hasta la TEA y les arrebató su fondo pensional. Ello provocó un deterioro general de sus condiciones de vida, a lo que suma la miseria salarial que perciben producto de la firma de contrataciones colectivas cada vez más regresivas en materia reivindicativa, debido a la conducción mayoritariamente del Psuv y genuflexa con el gobierno que domina a la FUTPV.

Ante esta grave situación general, el gremio docente universitario, los trabajadores telefónicos y de la estatal eléctrica, así como diversos sindicatos en el Estado Lara y Sucre, y organizaciones de personas pensionadas y jubiladas del IVSS y del sector público, han encendido las alarmas de la denuncia en relación a las exorbitantes cantidades que cancelarán anualmente al fisco, con base a los nuevos montos en que se calcula la U.T.

La ONG Provea se ha sumado a esta denuncia públicamente, valorando que con este método arbitrario y dada la depreciación de la moneda, se pudiera llegar a pagar entre 4 y 5 salarios mínimos al año por ISLR. Provea ha señalado que la CRBV establece el carácter no confiscatorio de los impuestos en su artículo 317, mientras que en el artículo 316 señala que el sistema tributario deberá procurar “la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población…». De allí que la desatención a este mandato coloque al gobierno nacional de espaldas a la Carta Magna.

Si para calcular el pago del ISLR, se aplica lo establecido en el artículo 107 del decreto que creó la vigente ley del trabajo, tenemos la guinda de la perversión en materia de recaudación tributaria, toda vez que esta norma señala: “Cuando el patrono, patrona o el trabajador o trabajadora, estén obligados u obligadas a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará, considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.» Dicho de otra forma: los aumentos al salario mínimo que fueron decretados en 2015, o cualquier otro aumento salarial  alcanzado en ese mismo período, serán retribuidos al fisco nacional por vía de impuestos.

Evidentemente, el pensamiento neoliberal es la mejor inspiración de estos mecanismos impositivos al más genuino estilo de las recetas fondomonetaristas de la década de los ´90 del siglo XX. De allí que la violación a los derechos económicos y sociales que pretende el gobierno de Maduro, nada le envidie a los gobiernos de hace 25 o 30 años atrás, pues lejos de progresividad, vamos en un total retroceso.

Y parafraseando la conseja popular que dice: «sólo el pueblo, salva al pueblo», lo que está planteada es la unidad sin mayores distingos, entre todos los tipos de trabajador, asalariado o trabajador independiente, junto con pensionados y jubilados para enfrentar esta barbarie. #ElPaqueteTributarioEsHambre