Por el rechazo a la Constitución Evo-derechista (I y II)

En este caso se hace obligatorio empezar por el principio: el proyecto de Constitución Política del Estado que se someterá a referendo el 25 de enero es un engendro derechista surgido de las componendas parlamentarias del MAS con los representantes políticos de quienes organizaron, según el propio gobierno, un golpe de Estado civil y fueron derrotados por la movilización popular.

La Agrupación Marxista Revolucionaria ya publicó un análisis comparado de la CPE aprobada por la Asamblea Constituyente y lo que quedó después de los enjuagues en el Parlamento.

Se debe subrayar, en ese sentido, que la Constitución por votarse no sólo defiende la propiedad privada en general. Además, asegura los privilegios de los monopolios, de las grandes corporaciones extranjeras que saquean los recursos naturales bolivianos. Expresamente se dice que a tales corporaciones se les respetarán sus «derechos adquiridos», aunque tales «derechos» se hayan «adquirido» por medio de la fuerza, del fraude, del negociado y el cohecho.

El artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice textualmente: «En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos».

Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol, que aún ahora, pese a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización internacional del producto.

En la minería, los «derechos adquiridos» son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial «más corrupto del planeta». Desde 2005, Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia, al recibir grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.

Eso significa, además, que en el futuro más o menos inmediato sobrevendrá una nueva lucha política para disponer el «nuevo ordenamiento jurídico». Esto es: la aplicación de los mandatos constitucionales exigirá el dictado de por lo menos un centenar de leyes, que serán producto de nuevas negociaciones, nuevos enjuagues y otras componendas entre el oficialismo y la derecha opositora. Esos enjuagues ya comenzaron y, por ahora, toda la campaña derechista por el No apunta, no a un imposible rechazo electoral de la Constitución, sino a preparar el terreno para esa futura batalla política.

Ésa, por lo menos, es la idea de ellos. En cambio, el movimiento obrero necesitará que el centro de esa lucha no esté en el parlamento sino en la calle, en la movilización popular, que esta vez deberá hacer frente a la derecha y al gobierno de Evo Morales, quien ha renunciado incluso a la posibilidad de ser reformista.

La Paz, 15 de enero de 2009

II

Unos pocos artículos del texto constitucional, modificado por el «gran acuerdo nacional» del MAS con la oposición derechista, definen el referendo de este domingo. Por ejemplo, el artículo 8º de las Disposiciones Transitorias dice lo siguiente: «En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos».

Esa disposición está hecha a la medida de pulpos como Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas, British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol. Esos monopolios, aún ahora, a pesar de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, negocian el gas boliviano a la mitad de la cotización del producto en los mercados mundiales.

En la minería, los «derechos adquiridos» son, por ejemplo, los del consorcio internacional Glencore, del magnate petrolero suizo-israelí Marc Rich, de quien la revista Time dijo en 2001 que es el ejecutivo empresarial «más corrupto del planeta». Glencore es uno de los mayores operadores mineros de Bolivia desde 2005, cuando recibió grandes yacimientos, dolosa y fraudulentamente, de manos del gobierno de Carlos Mesa.

Peor aún sucede con el artículo 351, dedicado a los recursos naturales, que los deja en manos de «empresas mixtas»; es decir, privadas con participación estatal. En definitiva, se da legalidad constitucional al estado de cosas que condujo al pueblo de Bolivia a dos insurrecciones.

El artículo 394, sobre «la propiedad agraria individual», dice: «Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígenas originarios campesinos». Por tanto, el despojo de las tierras indias es ahora un derecho constitucional, avalado y firmado por un gobierno «indigenista».

Además, para que la Constitución pueda ser aplicada se necesitarán por lo menos un centenar de leyes, que serán producto a su vez de nuevas componendas entre el oficialismo y los representantes políticos de los llamados «cien clanes» de agroindustriales y narcotraficantes.

Ésa es, en líneas generales, la Constitución Política del Estado que se someterá a referendo este domingo. Una estafa en toda la línea, un engendro derechista.

¿Se puede votar por el Sí a ese texto reaccionario, como hace la Central Obrera Boliviana o algún grupo lambertista dedicado a hacerle lobby a esa misma burocracia? Obviamente, no. Quien vota por esa Constitución vota en contra de la lucha por un gobierno de trabajadores, en contra del gobierno obrero-campesino, de la perspectiva histórica de la dictadura del proletariado.

Por todo eso, precisamente, la burguesía boliviana vota Sí y hasta la Iglesia católica publicó un documento con «diez puntos a favor» y «diez en contra» de la nueva Constitución, con lo cual sugiere votar por la positiva. Sobre el punto que más preocupa

a los obispos, la «indefinición» acerca del aborto, seguramente ya tienen un acuerdo: nunca se dictará la ley que habilite el derecho al aborto.

Ése es el «gran acuerdo nacional» tejido por el MAS y los partidos de la derecha parlamentaria.

Ahora, los «cívicos» convocan a votar No y hasta acuden a actos de fuerza contra la nueva Constitución por una simple necesidad política. Si no lo hicieran, Evo Morales gobernaría en soledad y ellos quedarían borrados del mapa.

El referendo no decide nada

Con el propósito de no «coincidir» con la derecha, algunas organizaciones sindicales y políticas convocan a la abstención. Pero no hay ninguna posibilidad de «coincidir con la derecha», porque ésta es la Constitución que ella pactó con el MAS.

Fue el gobierno de Evo Morales, no los obreros ni los campesinos, el que firmó un «gran acuerdo nacional» con la derecha. Con una derecha que estaba derrotada, dividida y en una crisis que parecía terminal cuando la movilización popular le frenó el carro en el invierno pasado, pero ahora tiende a recomponerse gracias a los favores que ha recibido del gobierno.

Mientras tanto, la propaganda oficialista para el referendo ha hecho propias las consignas de la derecha respecto de las autonomías. La publicidad del gobierno emplea incluso el emblema verde-blanco de los «cívicos» cruceños. Este giro ‘mediático’ refleja que una franja importante de la derecha desconocerá la convocatoria de los «cívicos» y votará por el Sí, como lo plantean los sectores más importantes de la burguesía. Al mismo tiempo, una porción de votantes oficialistas muy posiblemente se abstendrá.

Por lo demás, no debe darse a este referendo fraudulento más importancia de la que tiene; es decir, muy poca. El referendo no va a modificar en nada la situación política boliviana, que no se resolverá con los votos sino en la calle, en la lucha de clases.

Entretanto:

• No a la Constitución Evo-derechista.

• Por un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero-campesino.

PRENSA. OBRERA, 22 DE ENERO DE 2009