9 noviembre, 2025

Premios y prisiones

Nota de Laclase.info: La ministra María León desmintió la posibilidad de un indulto a Henry Arellano (http://www.aporrea.org/medios/n146694.html)

Si en Oslo se le ha conferido el Premio Nobel de la Paz a quien por la pacificación lo que está haciendo es redoblar los contingentes armados de su país en Afganistán e Irak, países devastados por su antecesor y criminal de guerra George W. Bush, refrendando así una política mundial guerrerista, no debería movernos a sorpresa el hecho de que en Venezuela se otorgue el Premio de Derechos Humanos 2009 a quien hoy se desgañita desde una determinada trinchera clamando por tales derechos de los confinados en las cárceles, mientras muy poco hizo en la IV República cuando le tocó desempeñarse como director del Centro Penitenciario Yare I (1996-1997).

Nota de Laclase.info: La ministra María León desmintió la posibilidad de un indulto a Henry Arellano (http://www.aporrea.org/medios/n146694.html)

Si en Oslo se le ha conferido el Premio Nobel de la Paz a quien por la pacificación lo que está haciendo es redoblar los contingentes armados de su país en Afganistán e Irak, países devastados por su antecesor y criminal de guerra George W. Bush, refrendando así una política mundial guerrerista, no debería movernos a sorpresa el hecho de que en Venezuela se otorgue el Premio de Derechos Humanos 2009 a quien hoy se desgañita desde una determinada trinchera clamando por tales derechos de los confinados en las cárceles, mientras muy poco hizo en la IV República cuando le tocó desempeñarse como director del Centro Penitenciario Yare I (1996-1997).

Nos referimos al abogado Humberto Prado, desde hace ocho años coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental dentro de cuyas atribuciones –según declaraciones del propio galardonado- figura la de ejercer vigilancia, monitorear y transmitir en tiempo oportuno las informaciones.

Pero este celoso vigilante de los derechos humanos en las cárceles venezolanas guardó el más estricto silencio cuando en octubre de 2007 le fue consignada una carta exponiendo la actitud delictiva y aberrante de una pandilla de reos de la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), encabezada por Henry Alfredo Arellano -sentenciado a 30 años por delitos de violación agravada- y por Gustavo Antonio Briceño Guzmán.

Silencio confabulado

No todas las víctimas de las estratagemas urdidas desde la PGV se atrevieron a denunciar tales fechorías debido a las amenazas de extorsión, secuestro y sicariato. Sin embargo, algunas de ellas retaron las circunstancias y relataron a quien esto escribe los pormenores de la estafa y violación planificadas desde el recinto carcelario.

Bajo el título “Cuartel de fechorías opera en cárcel de Guárico” este material informativo fue enviado en septiembre de 2007 por vía electrónica y previos contactos telefónicos personales a los periodistas César Contreras, de Últimas Noticias, Servando García Ponce, del Diario Vea, Richard Becerra de La Razón y Sebastiana Barraez, de Quinto Día. El único en publicarlo fue el semanario La Razón (09/09/2007), el cual incluyó una foto del entonces Ministro de la Defensa, General Gustavo Rangel Briceño, bajo cuyo nombre se hacían las llamadas telefónicas a traductoras, abogadas y psicólogas, ofreciéndoles halagadores contratos por servicios profesionales al supuesto hijo del ministro, el reo Henry Arellano.

La Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia; el Inspector de Custodia Penitenciaria del mismo Ministerio; el Dr. Eddy Salazar, coordinador del Programa Penitenciario de la UCV; el coordinador de la organización Una Ventana a la libertad, abogado Carlos Alberto Nieto Palma, y el hoy laureado Humberto Prado recibieron comunicación escrita, con material informativo adjunto, acerca de los hechos que venían ocurriendo en la PGV.

Tanto el aludido Ministro de la Defensa como los medios impresos señalados y los organismos –gubernamentales o no- en posesión de tal información resolvieron silenciarla.

¿Consideran acaso el abogado Humberto Prado y quienes fungen de defensores de los derechos humanos que a estos reos les asiste el derecho de gozar de privilegios dentro de la prisión para planificar delitos y llevarlos a la práctica tras las rejas, con la venia de las autoridades carcelarias?

¿No merecen defensa los derechos de las víctimas de estos delincuentes?

¿Indulto para los reos?

En algunos medios viene circulando la información de un posible indulto que sería otorgado –con motivo de la festividad navideña- al reincidente violador Henry Alfredo Arellano, hoy en la Penitenciaría de Coro, desde donde continúa fraguando delitos.

Provistos de celulares, internet, cómodas celdas para actuar a sus anchas, Arellano y sus compinches, desenmascarados por sus víctimas, están recurriendo ahora a otro modus operandi extendido a diversas cárceles del país: la extorsión mediante llamadas telefónicas y amenazas de secuestros a quienes se nieguen a hacer depósitos en cuentas bancarias de sus cómplices en libertad. Son ya numerosos los casos de personas estafadas bajo amenaza de secuestro a sus menores hijos u otros familiares.

Pero esta conducta no es observada por las autoridades responsables de la “rehabilitación del recluso” ni por los conspicuos “defensores de los derechos humanos”. Unas y otros se dan la mano en un pacto de silencio.

Son las diversas organizaciones femeninas las que vienen desplegando por la red una campaña de protesta ante probables medidas indulgentes de las autoridades frente a quienes deberían ser confinados en sitios de trabajo bajo estricta vigilancia.

Estas organizaciones y muy pocos comunicadores sociales -independientes o resueltos a desoír la pauta de los amos de la prensa o de los dóciles y bien pagados directores- están o estamos dispuestos a desnudar la otra cara de las prisiones.

Esa otra cara donde los criminales prosiguen impunemente su acción, amparados por autoridades complacientes y seguros de que los “defensores de derechos humanos” no volverán sus ojos hacia ellos porque la defensa de los derechos que ellos vulneran no deja dividendos de galardones ni fama internacional.

En cuanto a las autoridades encargadas de la custodia y rehabilitación del recluso, a quienes seleccionan a los beneficiarios de indultos y a quienes los otorgan, cabría preguntarles si consideran que están construyendo una nueva sociedad al dejar en libertad este tipo de reos.

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