Provea alerta sobre posible apertura de un expediente contra Lusbi Portillo

El 26.07.10 en horas de la tarde una delegación Yukpa, que se encuentran concentrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostuvo una reunión en Palacio Blanco con algunos diputados y la vice ministra para Pueblos Indígenas del Estado Zulia. Según los delegados de los manifestantes la reunión tuvo un tono de interrogatorio más que de intermediación.

Según la información que recibió Provea los representantes gubernamentales, entre las que destacan la diputada Dalia Hermina y la viceministra María Teresa Yaspe, se dedicaron a interrogar a los indígenas sobre qué organizaciones habían dado el dinero para el pago del traslado o comida.

Como le expresaron los representantes indígenas, la acción que realizan los Yukpas en el TSJ es posible gracias al generoso aporte de personas solidarias con la causa indígena y que muestran un rechazo a la situación que atraviesan los indígenas privados de libertad.

Según la fuente, integrante de la organización ambientalista Homo et Natura, se realizaron señalamientos difamatorios contra Lusbi Portillo, con la intención de levantar indicios que pudieran inculpar a el coordinador de la mencionada ONG. “No solo creemos que se trata de criminalizar la protesta social, sino también de levantar un expediente contra Lusbi Portillo” argumentó la fuente. Según su testimonio parte del interrogatorio buscó elementos, de carácter político, para sustentar una acusación por tráfico de armas o de una secesión indígena del Estado Zulia contra el defensor de los derechos humanos. Los voceros indígenas realizarán estas denuncias como parte de la rueda de prensa que han convocado para este jueves 29 de julio, a las 10 de la mañana, en la sede del máximo tribunal del país.

Desde Provea hacemos un llamado para que los organismos
competentes dirijan sus esfuerzos en solventar la situación que ha congregado a las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha y detengan cualquier procedimiento judicial en contra de las organizaciones que las han apoyado. Por otra parte, hacemos un llamado a las organizaciones sociales para redoblar la colaboración con los y las manifestantes, evitando con su presencia y acompañamiento acciones contrarias a los derechos humanos y en especial contra los derechos a la participación, manifestación pacífica y libertad de expresión.