Provea rechaza declaraciones de funcionarios que promueven la impunidad

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su preocupación por las declaraciones emitidas por voceros del alto gobierno Nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con relación a las agresiones sufridas por 12 manifestantes, periodistas de la Cadena Capriles , el pasado 13.08.09 en el centro de la ciudad capital.

A criterio de Provea resulta un despropósito insinuar que hubo provocaciones por parte del grupo de personas que resultaron perturbados y en unos casos con lesiones severas, mientras repartían volantes en el centro de Caracas, ejerciendo diversos derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: derecho a la manifestación pacífica, garantizado en el artículo 68; derecho de reunión, artículo 53 y derecho a la libertad de expresión, artículo 57. Cualquier aseveración que justifique y avale la violencia, es contraria al Estado democrático de derecho y de justicia social, a la pluralidad, a la tolerancia y al respeto de los derechos humanos, pero además, violatorio a la obligación que tiene el Estado de garantizar la paz y la convivencia ciudadana para dirimir las diferencias que puedan surgir entre personas que piensen y opinen diferente.

En Provea hemos venido expresando nuestras preocupaciones por el acorralamiento del derecho a la manifestación. En este sentido hemos venido alertando acerca del uso del Ministerio Público para penalizar y disuadir a quienes participan en protestas. De la misma manera hemos advertido acerca de los diferentes casos en el que grupos de civiles, con presuntas vinculaciones con el oficialismo, son utilizados como grupos de choque para la disolución violenta y amedrentación de diferentes acciones de exigibilidad de derechos.

Solicitamos al Ejecutivo Nacional a cesar cualquier actuación ambigua que pueda ser interpretada como aval a la impunidad. Exigimos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público la ratificación de sus obligaciones de imparcialidad y transparencia, realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos de manera expedita y oportuna, sancionando a los y las culpables.

Exhortamos a los poderes públicos, a nivel Nacional, Estadal y Municipal, a las agrupaciones y actores políticos que hacen vida en el acontecer nacional, a realizar sus pronunciamientos y señalamientos sin alusiones que puedan dañar la integridad de otras personas y colectivos sociales, exigiendo y haciendo uso de los derechos consagrados en la Carta Magna.

En el marco de la campaña en defensa al derecho a la protesta social, Provea exige al Ejecutivo Nacional su labor de garantía al fiel cumplimiento del Artículo 68 de la Constitución , que establece “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. En este sentido, solicitamos tomar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los manifestantes, independientemente de su preferencia política.