Pueblo yukpa conquista adjudicaciones de tierras, gobernador zuliano responde con discurso racista
Caracas, 14 de octubre.- La larga lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de su territorio en la Sierra de Perijá, ubicada en el noroccidente del país, ha debido enfrentar en la última década una alianza reaccionaria constituida por el latifundio ganadero, el gobierno nacional, autoridades regionales y locales; cuerpos policiales y militares, y una justicia amañada que criminaliza las justas demandas de tierra de los indígenas. Durante largos años el gobierno chavista logró engavetar los procesos de demarcación y dividir a los pueblos indígenas con políticas sectarias y clientelares. Sin embargo, a partir de la movilización generada a nivel nacional por la liberación del cacique yukpa Sabino Romero, preso político y emblema de la lucha por el derecho a la tierra, el tema de la demarcación territorial indígena cobró nuevamente importancia en el debate político nacional. Una nueva ofensiva de movilización y acción directa en la que varias comunidades yukpa recuperaron tierras robadas por el latifundio ganadero, torció el brazo del gobierno y lo obligó a reconocer como territorios indígenas una serie de terrenos el pasado 12 de octubre, y a prometer el pago de bienhechurías a los ganaderos que ilegalmente reclaman la propiedad de esas tierras.
Caracas, 14 de octubre.- La larga lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de su territorio en la Sierra de Perijá, ubicada en el noroccidente del país, ha debido enfrentar en la última década una alianza reaccionaria constituida por el latifundio ganadero, el gobierno nacional, autoridades regionales y locales; cuerpos policiales y militares, y una justicia amañada que criminaliza las justas demandas de tierra de los indígenas. Durante largos años el gobierno chavista logró engavetar los procesos de demarcación y dividir a los pueblos indígenas con políticas sectarias y clientelares. Sin embargo, a partir de la movilización generada a nivel nacional por la liberación del cacique yukpa Sabino Romero, preso político y emblema de la lucha por el derecho a la tierra, el tema de la demarcación territorial indígena cobró nuevamente importancia en el debate político nacional. Una nueva ofensiva de movilización y acción directa en la que varias comunidades yukpa recuperaron tierras robadas por el latifundio ganadero, torció el brazo del gobierno y lo obligó a reconocer como territorios indígenas una serie de terrenos el pasado 12 de octubre, y a prometer el pago de bienhechurías a los ganaderos que ilegalmente reclaman la propiedad de esas tierras.
El propio Sabino Romero, cacique de la comunidad Chaktapa, reivindicó la nueva acción colectiva de recuperación de tierras. Romero, ante la negligencia del gobierno en el tema de la demarcación, llamó a la acción directa por parte de las comunidades indígenas y explicó que la cuestión de la tierra sería resuelta por el propio pueblo yukpa.
Las acciones de los yukpa fueron respondidas con ataques físicos y declaraciones públicas sumamente agresivas por parte del gremio ganadero, Gadema, conocido por sus posiciones políticas ultrarreaccionarias. En algunos casos los ganaderos lograron expulsar a los yukpa de las tierras recuperadas, contando con la complicidad de los cuerpos represivos estatales. Preparando el terreno para más acciones violentas, el asesor jurídico de Gadema, Alfonso Chacín, acusó a Sabino Romero de «incitar a la violencia contra los propios integrantes del pueblo yukpa». Ha sido un método criminal recurrente la contratación de sicarios indígenas por parte de los latifundistas para atacar a las comunidades que recuperan tierras. Medios de comunicación regionales como el diario La Verdad han apoyado la campaña racista de Gadema contra el legítimo derecho a la tierra de los pueblos indígenas.
Pablo Pérez, un coctel explosivo de ignorancia y racismo
El gobernador zuliano y precandidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Pablo Pérez, se ha destacado por su ignorancia y su desprecio racista por los pueblos indígenas. Pérez, quien es apoyado en sus aspiraciones electorales por los partidos Un Nuevo Tiempo y Bandera Roja, entre otros, aseguró el día de hoy en una entrevista radial realizada por la periodista Marta Colomina que los yukpa eran un pueblo «cazador-recolector» sin vocación para la agricultura, y que su territorio correspondía a los terrenos altos y escarpados de la Sierra de Perijá. Aseguró que hay «intereses oscuros» que intentan «que los indios bajen a las tierras llanas» para ocupar haciendas. Lo que Pérez deliberadamente falsea es el hecho de que las haciendas recuperadas por las comunidades yukpa representan parte de un territorio que históricamente fue habitado por los yukpa, y que en la segunda mitad del siglo XX fue invadido por ganaderos armados, quienes expulsaron a los indígenas en una sangrienta operación de limpieza étnica y robo de tierras.
Activistas consideran insuficiente la adjudicación de tierras efectuada por el gobierno
La ONG Homo et Natura, que desde hace décadas acompaña las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Perijá, señaló a través de un artículo que las adjudicaciones de tierra anunciadas por el gobierno son un gesto positivo y una conquista de la movilización, pero que son insuficientes dada la magnitud del problema territorial planteado. «La gente del Estado-gobierno debe entender que estas no son las tierras o las únicas haciendas solicitadas por el pueblo Yukpa, hay otras familias principalmente de la cuenca del río Tukuko esperando ser beneficiadas, por decirlo de alguna manera, no se le puede imponer a todas las comunidades del pueblo Yukpa vivir ahora en estas 15.000 hectáreas. Sólo un Yukpa traidor y desclasado puede aceptar semejante propuesta, y, por otra parte, esta propuesta nada tiene que ver con la ciencia antropológica y la verdad jurídica, ni mucho menos con la idiosincrasia o manera de ser del Yukpa. Son más haciendas y parcelas, que con las altas montañas hacia (la frontera con) Colombia hacen un total de 140 mil hectáreas, una de las superficies más pequeñas del país autodemarcadas como territorio originario para ser reconocidas y tituladas por el Estado-gobierno», explican.