«Rechazamos la detención de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana», Orlando Chirino

Orlando Chirino, coordinador nacional del Movimiento Solidaridad Laboral y dirigente de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA), en declaraciones a los medios de comunicación, rechazó hoy la detención de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

En tal sentido afirmó que “la detención de estos 11 trabajadores de la Alcaldía es continuación de la política de restricción de las libertades democráticas que desarrolla el gobierno nacional con la intención de liquidar el proceso revolucionario y tener la estabilidad social necesaria para aplicar el plan anticrisis en el marco de la crisis económica capitalista”.

Como ya es conocido por la opinión pública, estos trabajadores fueron detenidos frente al TSJ, cuando manifestaban contra la Ley Especial de Régimen Municipal, por considerar que la misma afecta sus derechos laborales.

La Fiscalía los imputó por los cargos de lesiones graves, resistencia a la autoridad, uso de equipos electrónicos para interferir sistemas de comunicaciones de seguridad y obstrucción de vías públicas.

Chirino agregó que esto es parte de la criminalización y judicialización de la protesta obrera y popular que el gobierno viene aplicando de manera sistemática contra las personas que se movilizan en defensa de sus derechos económicos, sociales o políticos. “Como no habíamos visto nunca en los últimos años, el gobierno junto a la Fiscalía, los tribunales y las fuerzas de orden público, viene instrumentando una política deliberada de criminalización de la protesta social. Esto se complementa con la estigmatización como escuálidos o contrarrevolucionario de todo aquel que se movilice por sus derechos; con el chantaje y la intimidación, como ocurre con los empleados de la administración, o incluso con los petroleros que se manifiesten a favor de la plancha 1, encabezada por José Bodas, en el contexto de las elecciones de la federación sindical de ese sector”.

El dirigente sindical revolucionario planteó además que ya es común ver la aplicación de medidas cautelares contra dirigentes sindicales, mediante las cuales se les limita el ejercicio de sus funciones en los sitios de trabajo, como ocurre actualmente con varios sindicalistas integrantes de la plancha 1 en la refinería de El Palito. Agregó que otro mecanismo de judicialización de la protesta es el de la presentación periódica ante tribunales, lo cual lleva aparejado restricciones para circular por el territorio nacional, además de la detención y la represión directa, como ha ocurrido recientemente con los trabajadores de Molvenca en Chivacoa, donde un trabajador resultó herido de bala por parte de la Guardia Nacional, o los casos de Timotes, donde hay 9 personas detenidas o Curiepe.

El directivo sindical y miembro de la Conducción Nacional del Movimiento Solidaridad Laboral, planteó además que “estos mecanismos de restricción del derecho a la manifestación popular, por parte del gobierno y otras instituciones estatales, son los que le dan pie a los patronos privados para arremeter también contra los trabajadores. Si el propio gobierno reprime al que protesta, lo criminaliza y descalifica; viola el derecho a la contratación colectiva y a la autonomía y libertad sindical, en un contexto general de impunidad, los patronos privados se aprovechan de esto para despedir trabajadores impunemente, violar sus derechos, y pasar por encima de los sindicatos, a sabiendas de que el propio gobierno no cumple con las leyes. Esta impunidad es la que facilita el desarrollo del sicariato, favorecido por terratenientes, patronos y burócratas sindicales. Ya nuestra corriente ha sido víctima de esta situación, con el asesinato de Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de la UNT de Aragua”.

El dirigente sindical socialista agregó que la detención de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana se une a una ola de detenciones y de criminalización de la protesta obrera y popular que se ha incrementado en el mes de agosto. Y destacó los casos de las 9 personas detenidas en Timotes, estado Mérida; los 34 trabajadores petroleros de la Costa Oriental del Lago, de los cuales aún 4 permanecen en prisión. Así como los damnificados de Antímano reprimidos por exigir vivienda, o los trabajadores de Molvenca en Chivacoa, estado Yaracuy.

“Rechazamos todas estas detenciones y exigimos la inmediata liberación de todos ellos, así como la suspensión de las medidas cautelares y de presentación periódica en los tribunales, de la que actualmente son víctima más de 135 personas”, concluyó Chirino.

Finalizó repudiando enérgicamente las recientes declaraciones de la Fiscal General, en las que acusó de “desestabilizadores” a las personas que se movilizan por sus derechos y trancan vías, convirtiendo estas acciones de lucha en delito, y tipificándolas como “rebelión civil”.