Rector de la ULA solicitó calificación de despido a 5 directivos de sindicato de obreros

Mérida, 20 de noviembre de 2009. Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, solicitó a la Inspectoría del Trabajo, calificación de despido contra cinco dirigentes del Sindicato de Obreros de la ULA (Soula), por participar en una manifestación en el Consejo Universitario y en el edificio del rectorado de esa universidad, el pasado 19 de octubre.
Según Bonucci, el sindicato habría incurrido en “actos violentos” que pusieron en riesgo el patrimonio de la universidad, y que se habría violado la constitución y las normas internas de la ULA.

Recordemos los hechos. El pasado 19 de octubre, más de 300 personas, en su mayoría obreros de esa casa de estudios superiores, acompañados de estudiantes y otros miembros de la comunidad, se movilizaron hasta la sede del rectorado de la ULA, para exigir un derecho de palabra en el Consejo Universitario que en ese momento se encontraba reunido. Sin embargo, los consejeros al constatar la presencia de este numeroso contingente de miembros de la comunidad universitaria, intentaron levantar la sesión con el argumento de que estaban siendo presionados. Esto es ya moneda común, que los consejeros universitarios consideren “presión” y “violencia”, al hecho que los estudiantes o trabajadores se movilicen y exijan sus derechos.

La protesta se realizaba con el objetivo de rechazar la política del rector Bonucci de mantener a más de 1000 obreros en condiciones de absoluta precariedad laboral. Con contratos de 2 meses con lo cual las autoridades universitarias evitan que se normalice la relación de trabajo y los trabajadores adquieran plenos derechos. En la práctica, se les niega la estabilidad laboral a trabajadores en actividades fijas y permanentes, como las desempeñadas por cocineros, aseadores, choferes, vigilantes, entre otros, sometiéndoles a una explotación brutal y a todo tipo de chantajes. Además los trabajadores sometidos a este régimen de explotación e incertidumbre, ganan sueldos míseros, por debajo de lo establecido en el contrato colectivo firmado por SOULA.

Como se puede ver, se trataba de una protesta legítima. Por otra parte, en ningún momento existió algún tipo de violencia por parte de los manifestantes, a menos que los consejeros y el rector consideren violencia, el hecho que la movilización y la decisión de los trabajadores, le impusiera al Consejo Universitario la obligación de recibirlos y escucharlos, tal como sucedió después de un forcejeo entre ambas partes que duró varias horas.

Para los patronos y burócratas, la movilización y la firmeza de los trabajadores en sus reclamos, siempre es considerada como “violencia”. Pero a las violaciones contractuales, a la incertidumbre, a la explotación y al chantaje, no se les califica de la misma manera.

La calificación de despido contra los dirigentes de esta acción, sí es un acto de violencia, con el que se pretende intimidar a los demás miembros de la comunidad de la ULA que intenten movilizarse por sus derechos. Para detener los despidos, es urgente la movilización unitaria de estudiantes y trabajadores.