¡Recursos naturales, tierra, hidrocarburos, minerales, agua, para el país y controlados por el pueblo!

* Cuatro hechos recientes reabren las heridas de lo que Eduardo Galeano llamara “las venas abiertas” del saqueo y explotación que desangraron históricamente Bolivia y a América Latina.

* El más relevante, que provocó una crisis internacional, es la instalación de bases yanquis en Colombia, combinado con el apoyo cada vez más abierto del gobierno imperialista de Barack Obama a la permanencia de los golpistas hondureños. Este hecho, aunque aparentemente ocurre geográficamente lejano a nuestro país, nos afecta profundamente. Estados Unidos intenta recuperar terreno para mantener la dominación semicolonial de todos los países latinoamericanos. Lo ocurrido en octubre del año pasado, con la implicación directa del embajador yanqui con la derecha fascista cruceña, está muy fresco como para que lo olvidemos. Las bases yanquis y el golpe en Honduras también amenazan a Bolivia. El gobierno de Evo Morales denunció y pidió el retiro de las bases yanquis en Colombia. Pero, paralelamente, mantiene relaciones militares con el imperialismo, como lo es, por ejemplo, la fuerza invasora en Haití, así como programas para las Fuerzas Armadas.

* El segundo hecho es el acuerdo o preacuerdo (no están claros los términos) por las aguas del Silala, un despojo histórico que Chile perpetró contra Bolivia. Con el acuerdo o preacuerdo, que el gobierno dice consultará en un referéndum, Chile comenzará por fin a pagar. En este sentido parece un avance. Pero, a cambio de eso que paga, se establece el precedente funesto de que tendría “derecho” al 50% de las aguas. Esto no debe ser entendido como una disputa con el pueblo explotado chileno, sino con sus grandes empresarios que son los que se robaron históricamente las aguas. Ahora se las seguirían llevando, es cierto que pagando algo, pero en función de un acuerdo con el gobierno boliviano. Es totalmente comprensible que sectores populares de El Alto hayan saltado indignados ante este acuerdo o preacuerdo, que no debe firmarse en esas condiciones, sin que Chile reconozca los plenos derechos de Bolivia a la totalidad de las aguas del Silala.

* Tercer hecho: el paro general del pueblo de Camiri reclamando que YPFB sea la empresa que explote el Campo hidrocarburífero Camiri, y no Andina que es una sociedad con el 51% de YPFB y el 49% de Repsol. Este es un viejo reclamo del pueblo de Camiri que viene reclamando “por la verdadera nacionalización y la industrialización de nuestros hidrocarburos”. Además de que con Andina casi el 50% se lo llevará Repsol, hay una justa desconfianza en estas empresas con mayoría accionaria de YPFB, pero que en la práctica son controladas por personeros a sueldo de las multinacionales. En el caso de Andina, su presidente es un antiguo miembro del partido ADN, vinculado a la capitalización y todo el saqueo anterior. Así lo que no se va por la vía “legal” de la sociedad, se va por corrupción o simplemente por “omisión”. Por ejemplo, se sigue entregando a Petrobrás el gas con su “residuo” líquido que implica un perjuicio anual de 500 millones de dólares en gas licuado y gasolina que se va a Brasil. Falta una planta separadora de líquidos que supuestamente iba a hacer construir Santos Ramírez con una empresa de estafadores…

* El cuarto hecho es la llegada del primer contingente de campesinos que recibieron tierras en forma comunitaria en Pando. Lo que recibieron es tierra pública, que no podrán enajenar y solo la tendrán si la trabajan. Aparentemente no debería haber ninguna objeción a este hecho. Sin embargo la derecha dice que es sólo por motivos electorales. Con esa afirmación revela el absurdo de la ley electoral pactada entre la derecha y el gobierno, que otorga a Pando 5 diputados y 3 senadores, con solo 60.000 habitantes, mientras El Alto con casi un millón tiene menos representación parlamentaria. Es lógica entonces la suspicacia de la derecha de que el MAS quiere ganar Pando. Pero, que con unos centenares más de votantes pueda tener tal resultado muestra el absurdo electoral. Por otra parte sobran evidencias de que una pequeña oligarquía está depredando los recursos naturales y vendiendo bosques completos a empresarios brasileños. La migración de campesinos trabajadores podría frenar ese saqueo y recuperar el control nacional de ese territorio. Entonces está muy bien. Pero, lo que ni el gobierno ni la oposición dicen, es que con la Constitución tal cual fue aprobada, quedaron consolidados los antiguos latifundios. Y entonces, la única posibilidad es entregar tierras fiscales. Pero las mejores tierras, especialmente en Oriente, las tiene la oligarquía. Sin liquidar los latifundios no hay solución de fondo para el conjunto de los campesinos y para la alimentación del pueblo boliviano.

* Los cuatro hechos tienen un denominador común que es el continuado saqueo de las riquezas naturales Bolivia. El gobierno dice “hay avances”. En algunos aspectos sí los hay, especialmente en el aumento de ingresos del Estado que permitió entregar bonos como el Juancito Pinto, la renta dignidad, etc. Pero sin controlar nuestro gas para utilizarlo para industrializar al país, no se solucionan problemas de fondo, especialmente el derecho al trabajo para todos los bolivianos.

* La lucha por terminar con el saqueo y particularmente con la dominación imperialista pudo ser, ni será gradualista, pasito a pasito. Ni en Bolivia ni en Latinoamérica en su conjunto, ni en ningún país explotado. Para expulsar al imperialismo hay que tensar toda la energía social, como ocurrió en el 2000 con la guerra del agua, en el 2003 y en el 2005. Considerar oficialmente como “socias” a las transnacionales, como lo hace el gobierno, es abrir el camino a que en cualquier momento con un zarpazo se queden con todo, como lo han hecho siempre. No se pueden asociar el zorro y la gallina, el lobo y la oveja. Los mecanismos son variados. Sus métodos van desde un golpe como en Honduras, las amenazas de dividir un país, como ocurriera en Bolivia en el 2008 (que les permitió liquidar los aspectos más progresistas de la Constitución de Oruro), hasta la corrupción y la colocación en los puestos claves de funcionarios vendidos a las transnacionales. Tampoco se puede considerar gobiernos “amigos de Bolivia” a Bachelet, Cristina Kirchner o Lula. Ellos son abiertos defensores de las transnacionales y, como tales, corresponsables del saqueo de Bolivia. Ellos fueron los que desde UNASUR impusieron el pacto Constitucional con la derecha, que llevó al cambio en el Congreso de 144 artículos de la CPE que había sido aprobada en Oruro.

* La derecha critica por el Silala y por la corrupción en YPFB. Pero sabe el pueblo boliviano que ellos en el poder entregaron todo siempre, que fueron siempre socios menores del saqueo y ni chistaron durante años cuando los empresarios chilenos se llevaban el agua del Silala. El MNR, ADN, MIR, PODEMOS, los terratenientes de la Media Luna, no tienen ninguna autoridad para erigirse en supuestos defensores de los intereses de la patria. Ellos quieren mantener los latifundios, la entrega minera y de hidrocarburos. Por eso no logran levantar una opción electoral y menos una casi imposible unificación de sus opciones (porque cada uno tiene un discurso de engaño al pueblo diferente, además de apetencias personales) podría lograr un triunfo electoral.

* Pero el pueblo de El Alto, el pueblo de Camiri, los obreros, población pobre y campesinos de Bolivia sí tienen todo el derecho a reclamar, a decir ¡basta de explotación y saqueo!

* El camino es expulsar a las transnacionales, nacionalizar al 100% los hidrocarburos y minería sin indemnizaciones y establecer el control democrático de los trabajadores y pobladores pobres para utilizarlos para la industrialización de Bolivia, terminar con el latifundio entregando tierras a quien las trabaje, romper todas las relaciones militares con el imperialismo, unirnos a los pueblos latinoamericanos para expulsar a las bases militares y empresas transnacionales imperialistas.