Reflexiones sobre la participación económica socialista: apuntes desde Cuba*

A raíz de las últimas medidas anunciadas en Cuba he evitado pronunciarme en artículo alguno en nuestras páginas y medios alternativos, para no contribuir a la mitología cubanológica en curso, de derechas e izquierdas. Pero varios buenos amigos, de formación marxista y postura socialdemócrata, de Cuba y el extranjero, han sostenido conmigo un debate por correo electrónico, cuyos saldos fructíferos -de socializarse- pueden tributar a romper la hegemonía neoliberal en curso de ampliación (en la vida cotidiana o el establishment) en Cuba.

Aunque este intercambio sería un primer paso, pues sólo se trata de un debate entre «laborantes del pensamiento», como gusta a decir el amigo Ramón García, y de lo que se trataría en un mediano plazo es de que llegue a la calle, con o sin anuencia de nuestros camaradas de Cartas al Director del diario Granma pero eso es ya otro asunto más complejo.

En las posturas de los amigos que me escriben sale a relucir una postura con la que discrepo: como el socialismo de estado ha sido un fracaso y no ha existido una economía anticapitalista, sólo nos queda apostar a una economía mixta, un estado de bienestar y un modelo socialdemócrata. Ciertamente, si lográsemos tan sólo eso sería un buen paso, dado el entorno miserable de una región plagada de insjusticias y autoritarismos. Comparto el diagnóstico de los cansancios de nuestra población y sus apologías ingenuas al american way of life, generadas por la escacez y la propaganda de Miami. Reconozco, como dicen mis amigos, que la izquierda anticapitalista carece -con mucha frecuencia-de propuestas aterrizadas sobre el «como» organizar la producción, la distribución, la vida cotidiana y la democracia fuera de los fracasados modelos neoliberales y socialista de estado.

Me parece que este proceso de cambios actuales (despidos masivos y posible apertura económica) tiene un carácter e impacto DUAL. En la medida que, ante el desastre de la economía y la vida cotidiana, diversificar las formas de propiedad y gestión, dinamiza el empleo e ingreso de la gente y reduce el monopolio de la burocracia el proceso es positivo en la medida que aumente exponencialmente el rol del mercado como actor regulador de la economía nacional, en ausencia de mecanismos de control y democracia obrera, con su consiguiente impacto ideológico y abra las posibilidades para constituir (LEGALMENTE, porque ya de facto se recompone) una burguesía con nexos estatales y trasnacionales, es un proceso negativo.

Sigo creyendo que en el acumulado de prácticas e ideales de la izquierda hay formas de resistencia y construcción alternativas (algunas señaladas en mi imperfecto trabajo) que van más allá de la consigna hueca. Cataluña, Yugoslavia o las experiencias del continente lo demuestran. Podrán decirme que es arriesgado experimentar una vez más, pero creo que cualquier cosa será preferible a entregar el país a los burgueses de adentro o fuera y llamarlos para que nos enseñen a administrar la pobreza, perdonen mi tozudo idealismo, pero lo siento mejor que el arte de la espera.

Pensando en todo esto recordé un viejo texto y lo he releído, hallo que lo que dije entonces lo sostengo ahora como propuesta para los retos que se avecinan. Se trata de un trabajo publicado, en su primera versión, en el libro Cuba sin dogmas ni abandonos compilado por mi y publicado por la editorial Ciencias Sociales, la Habana, en el 2005 esta versión fue presentada en la conferencia internacional La Obra de Carlos Marx, en la Habana, en el 2006.

A continuación el texto:

La apuesta por una creciente y activa participación en los predios socioeconómicos está promoviendo el debate en aquellos actores sociales (individuos, pequeños colectivos o grandes movimientos) que aspiran a una reconstrucción del paradigma socialista, contando con un profuso historial de proyectos y ensayos orientados al logro de cotas ascendentes de solidaridad y empoderamiento en el seno de los procesos productivos. La noción de una democracia comunitaria, que inspiró las utopías no clasistas de los siglos XVIII y XIX, reverdeció en los discursos de un amplio espectro de la izquierda contraria al fortalecimiento del estado burgués y a los virulentos procesos de acumulación que acompañaron a la expansión del capitalismo. La idea de colectividades de trabajadores que (en los marcos territoriales o ramales, rurales o urbanos) funcionasen como asociaciones de productores libres vinculados por lazos solidarios y que se estructurasen desde abajo, dotadas con amplios espacios e instrumentos participativos que confluyen finalmente en el establecimiento de una confederación nacional, estuvo presente en los proyectos de las distintas tendencias de la izquierda mundial.

Lo anterior está muy relacionado con el debate sobre la emergencia de prácticas socioeconómicas alejadas tanto del desastroso discurso neoliberal como del paradigma socialista tradicional. Así, huyendo del afán desmedido de ganancia o del reino de la planificación autoritaria, se han acuñado ( y abusado a partir de la confusión de contenidos y procedencias contextuales no exactamente coincidentes) términos como Economía Social, Economía Solidaria, Economía Moral, Economía Popular y/o Economía Participativa, por solo citar algunas ejemplos. Todos ellos aunque virtual (y sospechosamente) desconocidos en el escenario cubano (más allá del entorno investigativo y de algunos círculos de discusión) se han entronizado en el espacio de discursos y propuestas de la nueva izquierda mundial, emblemáticamente reunidos en el Foro Social Mundial.

Para el prestigioso investigador José Luis Coraggio, pionero en el estudio de las dinámicas socioeconómicas participativas en el contexto latinoamericano, de lo que se trata es de construir una Economía del Trabajo opuesta a la lógica de la Economía del capital, cuya dinámica parta de la propia visión y lógica de los trabajadores1. De otra parte Nelson M P Lechat nos habla de una llamada Economía Moral como aquella visión fundada en normas y valores que orientan a actividad económica, basada en valores como justicia social, solidaridad y respeto al medioambiente. Anne Marie Wautier define la Economía Social como el conjunto de empresas y organizaciones existente en una sociedad dada, cuyas actividades productivas responden a principios tales como: adhesión libre de sus miembros, democracia interna, lucro, limitado y reinvención social de utilidades y que, entendiendo sus expresiones concretas y el decurso histórico de las mismas, se basaría en tres pilares organizativos típicos: la cooperativa, la mutualidad y la asociación. Para el profesor Paul Singer hablar de Economía Solidaria es referirse a un tipo de praxis económica asentada sobre organizaciones de productores, consumidores y pobladores que estimulan la solidaridad tanto interna entre sus miembros (mediante prácticas autogestionarias) como hacia el conjunto de trabajadores de la sociedad. Todas estas visiones tributan a un modelo de desarrollo con fuerte acento en su dimensión local entendiendo este (tal como nos lo define el pedagogo y economista Paulo de Jesús) como un proceso de acción planificadora y coordinadora de naturaleza descentralizada y focalizada, orientada a la activación del potencial económico y las condiciones de vida de los habitantes de una localidad.2

De tal suerte, la democracia económica desarrolla su arista participativa a través de un conjunto de vías de materialización, concretas y contextualizadas, mediante mecanismos directos (consejos y/o asambleas de productores), indirectos (Parlamentos de Trabajadores) o con el ejercicio en esa dimensión amplia, heterogénea y fluida donde se expresa la opinión pública. Procesos de participación que serán objeto de sucesivas evaluaciones por sus protagonistas, teniendo en cuenta niveles previos y puntos de partida, realidades y capacidades actuales, expectativas y perspectivas previsibles.

En la actualidad esta participación de los trabajadores asume, a partir de sus experiencias históricas, dos variantes principales: la planificación democrática y la autogestión, con sus modalidades de cogestión y control obrero. La primera se dirige a la elaboración, mediante un proceso de consulta democrática, de un plan nacional que define las principales directrices referidas a la política económica. Se trata de un proceso que atravesaría por varias fases convencionalmente delimitadas (discusión, selección de propuestas, votación, articulación de una(s) agenda(s) de aplicación, ejecución de la(s) agenda(s) y control de la ejecución) en el cual el centro con toda probabilidad conservará capacidades sumamente importantes, sobre todo en las fases tardías del mismo. Por su parte las distintas modalidades de autogestión apuestan por la participación protagónica de los trabajadores en la gestión de las entidades en las que desarrollan sus procesos productivos, haciéndose visible la actuación directa de los colectivos en escenarios y procesos concretos (su fábrica, granja o entidad de servicios) de toma de decisión, ejecución y control. Por tanto, para el primer modelo el énfasis continuaría en el centro, mientras que gravitaría hacia las redes y niveles subalternos en el segundo enfoque.

Podemos aseverar que si bien ambas propuestas comparten la intencionalidad de una conducción racional de los espacios y fenómenos económicos y cuentan con una vocación social solidaria, también poseen algunos puntos divergentes. La planificación democrática prevé la anulación de las relaciones monetariomercantiles como mecanismo rector de la realidad socioeconómica y se conjuga a una ejecutoria estatal con dosis inevitables de centralización, mientras que la autogestión es congruente con la existencia del mercado aunque apuesta (al menos en teoría) por un modelo empresarial y un correlato jurídico normativo diferentes al del capitalismo tradicional, lo que nos permite hallar, inscrito en el espectro de variantes particulares que se abren entre ambas tendencias, un conjunto abigarrado de posicionamientos ideológicos. Y en todos los casos estas plataformas deben responder a los desafíos levantados en los terrenos teórico y práctico, tanto por el dominio del sentido común neoliberal con su noción de una paulatina, irreversible y natural mercantilización de la vida social, como por las experiencias derivadas de casi 90 años de Socialismo de Estado.

Exploremos ambas variantes. Siendo el plan un instrumento normativo resultante de un proceso articulado en varios niveles (el de unidades, el intermedio y el global) entiendo por planificación democrática los procesos de participación activa del conjunto de los ciudadanos (insertados en diversas estructuras y niveles) en la elaboración de un plan para el ulterior desempeño económico en los marcos de un contexto y temporalidad definidos. Existen dificultades reales para conducir y desplegar un proceso de este tipo que atienda eficientemente a los miles de demandas productivas que caracterizan una sociedad contemporánea desechando los elementos mercantiles. Aunque fuera posible establecer (con ayuda de redes computacionales) algún tipo de plan afín, habría después que hacerlo efectivo lo que supone otro complicadísimo proceso para determinar la cuota de dicha producción que le corresponde a cada empresa y, lo que es más difícil, imaginar cómo se relacionarían estas entre sí al carecer de los instrumentos informativos inherentes a las relaciones monetario mercantiles. etc.

Y es que una planificación centralizada democrática de cualquier entidad estatal requiere considerar un cúmulo tan enorme de variables y decisiones, que implicaría un constante y voluminoso proceso deliberativo y movilizativo, con los consabidos y palpables peligros de derivar, como resultante del cansancio y/o los cuellos de botella, hacia el reino de la planificación burocrática, la corrupción y el voluntarismo. A fin de cuentas, con las palancas del manejo de la información y encomendados de aplicar el plan resultante ¿no existiría siempre la tentación latente en los miembros del equipo gobernante de desconocer un sentir de masas, incluso autoconvenciéndose de que obran así en el sentido de un beneficio perspectivo de los ciudadanos? ¿Quién controla a los altos controladores-ejecutores del proceso? ¿Y, del otro lado de la barrera, mucha gente no se vería tentada a postergar la acumulación (aún cuando esto fuese económicamente nocivo) en aras de un incremento cortoplacista del consumo insatisfecho?

Pensar en una planificación democrática supone considerar que todo ciudadano sea capaz de proponer y decidir, sistemática y conscientemente, contemplando las disímiles y mutables variables que pueden introducirse en un complejo económico nacional. Fórmulas como las grandes consultas populares, pese a su inmensa carga simbólica, no permiten muchos matices ya que no es posible aplicarlas cuando, por ejemplo, se trata de discutir detalladamente un presupuesto estatal o el plan de producción a escala nacional, en un tiempo prudencial. En realidad en cualquier proceso de planificación “desde abajo” las colectividades de base discutirán conociendo determinadas cifras de control (es decir el monto de recursos asignados y disponibles a cada nivel) pero lo harán reconociendo que las cifras finales insertadas en el plan global diferirán de las decisiones de los diversos colectivos particulares, incluido el suyo.

La opción más realista sería proceder a la discusión de planes mediatos cuyas líneas generales se lleven al debate público, en aspectos que atañen a la distribución perspectiva de la renta nacional, presentándose las diversas posturas referentes a sus prioridades y destinos. En este caso la promoción de alternativas que culmine en una discusión entre varios proyectos, seleccionándose el más votado, nos conduce a desechar los aspectos positivos de los proyectos anulados y puede ignorar cuestiones y propuestas importantes que afectan a un segmento de la población, y a ciertos territorios, comunidades, etc. Quedaría entonces la opción de perfeccionar constantemente el mecanismo con nuevos procesos de votación a escalas inferiores y en diferentes momentos del proceso. De cualquier forma, y pese a sus limitaciones, una planificación democrática ofrece cotas superiores de participación a su homologa tradicional, vertical y autoritaria, del socialismo real.

El peso de los inconvenientes mencionados, las tendencias mundiales hacia procesos de descentralización territorial y ramal, así como la presencia internacional de reformas de mercado en las dos últimas décadas del siglo XX, han llevado a los diversos actores a plantear nuevas propuestas susceptibles de inscribirse en la modalidad de socialismo autogestionario. En clara ruptura con aquellos enfoques de planificación democrática que se asocian a una estatización (como primer paso hacia una supuesta y perspectiva socialización) del conjunto de los medios de producción de un país, las iniciativas autogestoras han nacido mayormente como imprevistos experimentos de génesis espontánea3, como proyectos de trabajadores decididos, por situaciones coyunturales (quiebra de las empresas, abandono de estas por sus titulares y patronos), a ampliar el control sobre sus espacios laborales y, por ende, sobre la fuente de reproducción de sus medios de vida, reconociendo la pertinencia de ciertos espacios de mercado para la realización de sus producciones.

De cualquier forma estimo como un dato real el considerar la existencia de un mercado con diversos grados de regulaciones y restricciones dentro del Periodo de Transición, donde cada contexto determinaría la naturaleza de las producciones que se “realizan” (y, obviamente, cuales no pasarían atendiendo a consideraciones económicas, políticas o éticas) en estos espacios mercantiles, los precios de las mismas y los actores jurídicamente autorizados para acceder a los mismos. Además la evidencia demuestra que la relación mercado-autogestión es estrecha ya que los instrumentos financieros presentes en una planificación de tipo indicativa permiten una mayor descentralización y democratización de los procesos, con mayor autonomía para las colectividades de base, superior a la de los procesos desarrollados bajo un esquema de asignación central de volúmenes de recursos físicos tales como materias primas, medios de producción, etc.

Con sus variados alcances, modos y calidad participativos, los experimentos autogestores pueden agruparse en tres variantes básicas, íntimamente relacionadas con el contexto micro (unidad económica) y macro( regional y/o nacional) donde se desenvuelven, siendo estas:

1- Conducción total de la actividad de la empresa por sus trabajadores (tanto manuales como intelectuales) que integran y controlan, mediante nuevas, amplias y revocables formulas representativas, los órganos de dirección en unión a la activa existencia de un espacio de análisis, discusión y decisión de corte asambleario (Autogestión Clásica).

2- Participación compartida del colectivo laboral con los directivos estatales o privados en la gestión de la empresa mediante instancias (Consejos?) de Dirección, donde se disfruta de prerrogativas decisoras en ambos lugares de la ecuación. (Cogestión).

3- Espacios de consulta, agregación de demandas y propuestas, incluidos el derecho a vetar medidas y directivas particulares por parte de los trabajadores sin participación de estos en la gestión directa de la entidad (Control Obrero).

Seguramente la riqueza de matices de las situaciones concretas hace posible la aparición de experimentos donde coinciden y/o se combinan características de estas modalidades, pese a lo cual podemos metodológicamente considerarlas (a partir de las experiencias prácticas) como expresiones modélicas4. En la primera podemos hablar de una propuesta susceptible de prefigurar entornos no capitalistas, al asumir los trabajadores las riendas del proceso productivo, algo que también sugiere inquietudes debatibles. Sin embargo tanto la cogestión como el control obrero pueden ser congruentes con la supervivencia de una propiedad privada acotada en sus peores aspectos expoliadores y enajenantes, y con exponentes reformados del modelo socialista tradicional. De ahí que si bien estas alternativas pueden considerarse como fórmulas de resistencia en contextos de crisis o como experimentos de transición útiles para cualquier proyecto anticapitalista, no ofrecen por sí sola el cuadro de una superación estratégica de la dominación burguesa.

Un gran problema continúa siendo (como en tantas “parcelas” problemáticas de la teoría y praxis del socialismo) la supuesta separación de la Economía y la Política. La autogestión tiene un doble carácter económico y político (o mejor un carácter complejo, integral como totalidad) ya que la ejecutoria colectiva dentro de la empresa no puede ser un hecho solamente económico, sino que debe apostar, desde su génesis misma, por desplegar procesos políticos de empoderamiento y control amplio y efectivo del espectro de decisiones, e ir articulándose a escalas cada vez más amplias, creando instituciones de nuevo tipo en el sistema político. Hacia la solución de ese conflicto apunta la iniciativa autogestora.

Es cierto que algunas producciones de bienes y servicios ofrecen, sin embargo, una legitimidad a toda prueba para los procesos de gestión relativamente centralizados, con una participación de los trabajadores montada en la lógica del control obrero, con producciones relacionadas con una alta incidencia del pedido estatal y no dependientes del mercado de servicios y bienes de consumo. Son aquellos que por la naturaleza de su actividad requieren de un vasto proceso de coordinación de altos volúmenes de recursos, maquinarias complejas y costosas, una importancia nacional y/o utilidad social estratégicas, gran incidencia medioambiental, etc. En estos casos los expedientes de privatización de los últimos años han dejado no pocos ejemplos de deterioro del servicio, incrementos prohibitivos de precios al consumidor, corrupción y déficit del mantenimiento de las capacidades instaladas5. Ejemplos clásicos serían las centrales de generación eléctrica, el sistema ferroviario y telecomunicaciones. Pero otros procesos que no tienen estas características, que movilizan menos recursos o tienen menos repercusiones en la totalidad social, deben acudir a fórmulas más descentralizadas, bien sea mediante pequeñas empresas estatales autónomas que compitan entre sí, cooperativas, talleres y servicios de propiedad familiar, experiencias de artesanado individual, etc.

Creo poder reconocer que hoy existen, se confrontan y difunden, en el imaginario social cubano, dos visiones mayoritarias sobre los cauces posibles del ordenamiento socioeconómico y la participación ciudadana en el mismo. Estas abarcan la forma que adoptarán nuestras relaciones sociales de producción (y en su seno, esencialmente, las de propiedad), la lógica funcional del mecanismo económico, la relación entre sus diversos componentes, etc. Para algunos la privatización de un sector más o menos amplio de nuestros centros de producción y servicios seria la panacea divina que resolvería nuestros proverbiales déficit de bienes de consumo aportando una más amplia gama de calidad y surtido. De más está decir que esta visión es compartida tanto por un amplio espectro de tendencias inscritas en los espacios de oposición antisocialista como por algunos ciudadanos que sinceramente creen compatible una agenda privatizadora con el mantenimiento de la independencia nacional y las conquistas revolucionarias. En lo personal no me es posible coincidir con estos criterios dado el inmenso poder material y simbólico del proyecto burgués de país desplazado al otro lado del estrecho de la Florida, eminentemente racista, excluyente y antinacional, y su complicidad con los apetitos de la oligarquía estadounidense.

Pero en el extremo opuesto del arcoiris ideológico encontramos concepciones fundadas sobre la peculiar visión de un socialismo estatizado, centralista y verticalista, donde el espacio legítimo de otras formas de propiedad (incluidas las cooperativas) y aún los márgenes de autonomía de la empresa quedan constantemente restringidos por las prioridades, acciones y contramedidas emanadas del nivel jerárquico superior del aparato estatal. No es dable aquí, en apretadas líneas, analizar las virtudes y deficiencias de este modelo, tan susceptible de garantizar la necesaria concentración de recursos en esfuerzos nacionales decisivos como de dilapidarlos en metas y campañas alejadas de las demandas cotidianas de la gente. Solo diré que lo que subyace al confrontar ambos proyectos es la extraordinaria similitud que presupone el excluir ciertas formas auténticamente populares, democráticas y horizontales de gestión pública, como si el debate entre tesis y antitesis no reconociese el espacio para una necesaria síntesis6.

Considero pertinente reconocer que, en la realidad social, podemos encontrar al menos tres niveles donde apostar por una alternativa desde la participación: la voluntad política, al análisis científico y el sentido común, cada uno con sus propias condicionantes y lógicas7. Y los tres pueden constituir, en los momentos actuales, fértil terreno de búsqueda creadora para la construcción socialista. Exploremos algunas posibles propuestas.

1- En los marcos de la voluntad política, una opción estaría en el fortalecimiento de la ejecutoria de nuestros mecanismo asamblearios (a todos sus niveles) y no la aceptación pasiva de planes tecnocráticos (aún cuando incluyan una loable vocación redistributiva), logrando una adecuada correlación entre democraticidad y saber especializado. La confrontación pública, en los períodos de sesiones de las Asambleas, de un número racional de planes socioeconómicos (que expresen modalidades alternativas de distribución de recursos hacia la inversión, el consumo social e individual); la implementación de procesos de votación popular de las mismas en un amplio espectro de niveles y modos de accionar, aprovechando el nivel cultural de nuestros ciudadanos y contando con el empleo de las nuevas tecnologías de la información, la reedición sistemática de experiencias como las del Llamamiento al Cuarto Congreso del PCC en 1990 o la de los Parlamentos Obreros de 1993, pueden arrojar frutos provechosos en ese sentido. Urge rescatar el ejemplo de la Polémica Económica sostenida de 1963 al 64 por Ernesto Che Guevara y Carlos Rafael Rodríguez, dirigentes respectivos de las ramas industrial y agraria de la economía nacional quienes, con apego a principios comunes y el espíritu fraternal que pedía el Guerrillero Heroico, supieron sostener una polémica absolutamente pública y transparente, que implicó a un conjunto de destacados pensadores marxistas internacionales y se convirtió en ejemplo de debate revolucionario8.

Por su parte las ciencias sociales cubanas (el análisis científico) no pueden enrumbar sus métodos y/o objetos de estudio por los cauces de la justificación apologética y tienen que sostener, como valor intrínseco de la Revolución, la capacidad para proponer modelos alternativos de organización socioeconómica, someter a análisis las estrategias en curso y estudiar creadoramente las experiencias históricas e internacionales de construcción socialista. Hacer esto, en los marcos de principios raigales e inviolables (impedir la conformación de una gran burguesía nacional y el debilitamiento de las capacidades rectoras, inversionistas y distributivas del estado socialista) es la única forma real (y no meramente declarativa) de sostenernos como una Academia marxista, imbuida en un compromiso crítico con sus condiciones en que lucha, vive y sueña la mayoría de nuestros ciudadanos, heredera de la noción martiana de decir lo que se piensa, optar por el bien común y enarbolar el decoro y la coherencia como valores en un mundo cada vez más fatuo, hipócrita y perverso9.

Uno de los elementos más llamativos y destacable de este capítulo lo constituye el hecho de haberse desarrollado en momentos de mayor inexperiencia, limitado nivel cultural y fragilidad organizativa que los actuales, variables agudizadas por el acoso de las primeras administraciones estadounidenses posteriores a 1959, y que hacen incomprensible la visión aparentemente monolítica del actual discurso oficial, donde comúnmente se invisibiliza la presumible existencia de tendencias o, al menos, matices discrepantes, en la puesta a punto de una estrategia económica común.

Para Cuba10 las propuestas de perfeccionamiento que permitan una “reproducción ampliada” del sistema pasan, a mi juicio, por necesarios cambios en las formas de gestión y de propiedad en diversos subsistemas del entorno empresarial, que posibiliten simultáneamente el desarrollo de las fuerzas productivas, la satisfacción de las demandas acumuladas (tanto sociales como individuales) de bienes y servicios, y el desarrollo de un sector cabalmente socialista de la economía. Nuestro objetivo debe ser lograr, a escala de los colectivos de productores, la imbricación real de los intereses personales con los sociales, del individuo con la nación. Para el escenario cubano esto se revela en la posibilidad expandir los limitados espacios donde en el presente se despliegan ciertos procesos de autogestión (agricultura urbana, CPA, UBPC) para construir un modelo mixto de economía cada vez más participativa que incluya:

A) Procesos de discusión, en los órganos locales y nacionales del Poder Popular, de modalidades alternativas del plan económico y presupuesto. Estimo que, pese a las dificultades expresadas en el texto, que esta modalidad de plan democratizado tendría cotas superiores de participación ciudadana que su versión actual.

B) Nuevas cooperativas industriales, de servicios y comercio, para lo cual debe aprobarse una legislación afín, ya que la actual limita este tipo de actividad a los escenarios agrarios. Para ello, a la par de permitirse la creación de entidades noveles a partir de la iniciativa de grupos de ciudadanos, se procedería a una conversión gradual y ordenada de la amplísima y conflictiva red de empresas de servicios estatales en centros arrendados a sus trabajadores (donde podrían aplicarse también formulas cogestoras) o mediante la asociación voluntaria de cuentapropistas en espacios colectivos, con arriendo estatal de locales, medios de producción y suministro de materia prima deficitaria, estableciéndose mejores mecanismos para el control del desvío de recursos y la calidad, superándose paulatinamente la mentalidad de productor individual. El estado (en la figura de los gobiernos locales) asumiría una función esencialmente fiscalizadora, eliminando la erogación salarial de las antiguas empresas estatales, recaudando un monto nuevo de contribución tributaria y, seguramente, ofreciendo a la población la posibilidad de acceder a mejores servicios.

C) Despliegue del paquete de potencialidades existentes (y perspectivas) dentro del Perfeccionamiento Empresarial11, promoviendo un salto cualitativo que trascienda lo puramente técnico para avanzar hacia la dimensión social del cambio, mediante la participación activa de los trabajadores en la discusión de las metas y vías de implementarlas, desarrollándose experiencias participativas por la vía del control obrero, favoreciendo un rol protagónico de los sindicatos.

D) Existencia de un sector complementario de trabajadores por cuentapropia, cuyas prerrogativas y responsabilidades se encuentren convenientemente refrendados en una legislación favorable y garantizados por una política de inserción en los espacios económicos locales, eliminando las tendencias visiblemente restrictivas que sobre el sector inciden con costos socioeconómicos, éticos y políticos que aún no acertamos a medir en toda su profundidad12.

La economía cubana, atenazada por los efectos del injusto bloqueo imperialista, por las condiciones inherentes a cualquier país subdesarrollado y por los desaciertos cometidos en materia de política económica, arriba este año al duodécimo aniversario del inicio del proceso de reformas económicas internas, que vio la luz, justo cuando la caída del PIB doméstico tocaba fondo en aquel difícil 1993. En el presente, superada la prueba de la desaparición de nuestros mercados y a medio camino en la dolorosa reinserción económica internacional, la isla posee potencialidades envidiables. A su valiosa posición geográfica, al crecimiento de la industria del turismo y los servicios, y al esperanzador aprovechamiento de recursos minero- energéticos, se le incorpora un potencial humano creado por la Revolución y el entusiasmo de una población juvenil que se apresta a dominar masivamente las tecnologías de la información. Todo ello, unido a las reservas internas de eficiencia, hace posible soñar un futuro más promisorio para la única economía no capitalista de Occidente.

Obviamente la renovada agresividad de la actual administración estadounidense, obliga, inexcusablemente, a un reforzamiento en la preparación y el gasto defensivos, los cuales pueden relacionarse estrechamente con el ímpetu visible en ciertas tendencias re-centralizadoras, dentro de una nación, además, hostigada comercialmente y largamente bloqueada del acceso a crédito fresco. En este punto, como en otros, también debemos desear la prudente moderación para que las inevitables temporalidades no se conviertan en “virtudes” permanentes, y no retrocedamos en las cotas de participación, descentralización y eficiencia que tan duramente hemos comenzado a afianzar, y que resultan imprescindibles para un afianzamiento del tránsito socialista. Para Cuba, amenazada en virtud de su condición de nación independiente (y no solo por la declarada vocación socialista de su régimen) el reto no se reduce a la urgencia de defender su soberanía de los acosos del gobierno estadounidense.

Esta Batalla de Ideas y Realizaciones será definitivamente ganada si se garantiza la reproducción continua y sostenida del proyecto social y su legitimidad, a partir de su asunción consciente por ciudadanos que encuentran en él respuestas y garantías a las necesidades y proyectos de vida personales y comunitarios. Un crucial desafío es combatir las tendencias potencialmente restauradoras del capitalismo que van de la mano con una apología del mercado, la subvaloración del rol estatal en la economía y la renuncia a objetivos sociales, las cuales pueden legitimarse en amplios grupos poblacionales como resultado del impacto combinado de la crisis y la propaganda del modelo consumista miamense. De ahí que la defensa de una concepción integral y renovadora de la Economía de la Transición Socialista que (alejándose de los cánones neo-liberales) priorice su orientación y responsabilidad sociales, pasa por ponderar su rol como dimensión productora de nuevas relaciones sociales, contenidos ideológicos y estructuras y comportamientos políticos cada vez más desenajenantes, sostenibles y participativos.

*Esta ponencia, presentada en la III Conferencia Internacional La obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI (la Habana, 2006) es, a su vez, la versión modificada de un artículo insertado en el libro Cuba sin dogmas ni abandonos, texto compilado por el autor y publicado por la editorial cubana Ciencias Sociales en el 2005.

*Politólogo, historiador y activista cubano. Miembro de la Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes Haydeé Santamaría (Cuba), del Observatorio Social de América Latina y Co-coordinador del Grupo de Trabajo Anticapitalismo & Sociabilidades emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Notas:

1.- En su texto “La Economía Social como vía para otro desarrollo social” el autor explica: “Nos referimos a una concepción que pretende superar la opción entre el mercado capitalista (al que asocia con la Economía “a secas”) y un Estado central planificador y regulador de la economía (al que asocia con las variantes del socialismo y la Economía Política). Plantea que el mercado capitalista debe ser superado porque es alienante en sí mismo y máxime por estar dominado por el poder de los grupos monopólicos, que manipulan los valores, necesidades y formas de socialización a través de su control de la comunicación social y además ahora tiende a excluir ingentes mayorías del derecho mismo a ser consumidor y productor. Postula que el Estado centralizado debe ser superado, porque sustrae poder de la sociedad y asume la representación de un bien común nacional, actuando como delegado que, en ausencia de una democracia sustantiva, fácilmente cae en la tentación de obedecer a los intereses de los grupos económicos más concentrados, haciendo “gobernable” un sistema injusto y socialmente ineficiente. Esa doble superación se lograría evitando la separación entre economía y sociedad que caracteriza al paradigma neoliberal, pero a la vez evitando la intrusión de la política. Tal vez así se entienda su denominación expresa de “Economía Social” ”. Para consultar este y otros textos afines de J L Coraggio ver www.fronesis.org y debates@urbared.ungs.edu.ar

2.- Consultar Antonio David Catani (compilador) “ A outra economia”, Editora Veraz, Porto Alegre, 2003.

3.- Una excepción lo constituye el caso yugoslavo donde la máxima dirección del país, acompañada por la intelectualidad progresista, procedió a una crítica descarnada del modelo estalinista denunciando sus expresiones de violencia física generalizada, analizando estructuralmente la burocracia como grupo social y fenómeno objetivo del socialismo y no sólo como comportamiento o mentalidad heredara de ciertas condiciones particulares. Es útil consultar el texto de Edgard Kardelj y otros autores “Nuevas respuestas para un mundo en crisis. La verdad sobre Yugoslavia”, Editorial Sophos, Buenos Aires.

4.- Ver de Albert Recio “Dimensiones de la democracia económica”, en www.rebelion.org, 2001.

5.- Como parecen señalarnos las aleccionadoras experiencias argentinas de privatización de servicios de transporte público, gas, electricidad y comunicaciones.

6.- Según la imagen trágicamente creativa acuñada por el profesor y jurista Ramón García, en los márgenes de nuestra creación colectiva de un socialismo auténtico, nos acosan los viejos burócratas que especulan con nuestros miedos (“si esto se cae te lo van a quitar todo!”) y los nuevos burgueses que especulan con nuestros sueños (“ si esto se cae, ¡ tu sabes lo bueno que se va a poner! “.

7.- Obviamente se trata de una simplificación que no agota la extraordinaria riqueza de cualquier tejido social concreto.

8.- Uno de los elementos más llamativos y destacable de este capítulo lo constituye el hecho de haberse desarrollado en momentos de mayor inexperiencia, limitado nivel cultural y fragilidad organizativa que los actuales, variables agudizadas por el acoso de las primeras administraciones estadounidenses posteriores a 1959, y que hacen incomprensible la visión aparentemente monolítica del actual discurso oficial, donde comúnmente se invisibiliza la presumible existencia de tendencias o, al menos, matices discrepantes, en la puesta a punto de una estrategia
económica común.

9.- Me pregunto, en particular, sobre qué bases se reconstruirá un consenso alrededor de ciertas características de los “nuevos” modos de dirección económica en curso ( recentralización y reestatización) toda vez que la Academia cubana pareció asumir como regularidades en el Período de Transición rasgos tales como la heterogeneidad de los tipos socioeconómicos, la adecuada combinación de centralización estratégica y perspectiva descentralización ramal y local, el importante papel de las relaciones monetario mercantiles y el sector no socialista de la economía, etc. Imagino (y constato) la complejidad que entrañará impartir Economía Política del Socialismo en las nuevas condiciones si nos atenemos a los contenidos e ideas insertados en un excelente texto, aún en vigor para la docencia universitaria. Ver Ramón Sánchez Noda (coordinador), Economía Política de la Construcción del Socialismo: fundamentos generales, Editorial Félix Varela, la Habana, 2002.

10.- Un análisis atinado de discursos, actores y políticas que inciden y/o se desarrollan en el contexto cubano nos la ofrece Aymara Hernández (en su trabajo “Neoliberalismo y localismo, ¿una asociación posible de desmentir? Respuesta desde la experiencia cubana” insertado en la compilación “La participación. Dialogo y debate en el contexto cubano”, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, la Habana, 2004. Adicionalmente consultar Arnaldo Pérez (compilador) “Participación Social en Cuba”, CIPS, la Habana, 2004.

11.- Ver los textos “Memorias Evento Participación social en el Perfeccionamiento Empresarial”, Editorial Félix Varela, la Habana, 2004 y “Cuba sin dogma ni abandono”, Editorial Ciencias
Sociales, la Habana, 2005.

12.- Aquí el otorgamiento de nuevas licencias en áreas como los servicios de gastronomía y transportación en autos permitiría precisamente presionar (por la vía de la competencia) al sector de cuentapropistas ricos, virtuales monopolizadores de un mercado cautivo, conjugándose esto con la aplicación de los mecanismos legales que permitan combatir eficazmente la corrupción y la conformación de una importante burguesía doméstica.