Rosales acusado de amasar 147 mil BsF en cuatro años de gestión como gobernador
El escrito de acusación de Katiuska Plaza Brito, fiscal 11° del Ministerio Público con competencia nacional en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, señala que el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se enriqueció en Bs 147 millones 389 mil 966, 67 (BsF 147 mil 389, 97) durante su gestión entre 2004 y 2008.
El escrito de acusación de Katiuska Plaza Brito, fiscal 11° del Ministerio Público con competencia nacional en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, señala que el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se enriqueció en Bs 147 millones 389 mil 966, 67 (BsF 147 mil 389, 97) durante su gestión entre 2004 y 2008.
El proceso se inició el 2 de agosto de 2004 con una denuncia de José Luis Pirela, secretario general de PPT-Zulia, quien señaló en la Fiscalía que «el gobernador, cuando era Alcalde de Maracaibo, constituyó con sus hermanos Ender Manuel, José Francisco y Ramón Heberto Rosales Guerrero, la sociedad mercantil Inversiones Agropecuaria La Milagrosa C.A., para el fomento, desarrollo y explotación técnica de fundos agropecuarios en el país y, a título personal, vienen comprando inmuebles con dinero del estado, pues ninguno de ellos ha tenido capital para adquirirlos, basta solicitar información al Seniat y al Ivss, donde aparecerá sólo José Francisco Rosales Guerrero como un ex empleado de Cantv, quien recibió su finiquito por Bs 10 millones (BsF 10 mil), y allí se viene a presumir que es testaferro de su hermano gobernador y que comenzaron a realizar las cosas tan mal que registraron una sociedad mercantil en la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar el 20-06-1997».
Manuel Rosales -añade el denunciante- formalizó declaración de patrimonio «a pesar de que siempre ha estado exento de todo impuesto o tasa fiscal», «¿entonces de dónde salieron los Bs 65 millones (BsF 65 mil), valor de las 130 acciones, 52% del capital de la firma?».
Cita Pirela la compra del fundo Montebello, por Bs 300 millones (BsF 300 mil), y agrega que «una vez que Manuel Rosales , gobernador del Zulia, llega a la Alcaldía de Maracaibo, comenzaron los hermanos a comprar propiedades, cuando antes no tenían capacidad económica para hacerlo, aunque adquirieron los fundos Rancho Grande, Aranjo y terrenos nacionales por Bs 45 millones (BsF 45 mil).
Segunda denuncia. El 27 de octubre de 2008, Gian Carlo Di Martino pidió al MP «la apertura de un proceso judicial y ordenar lo conducente a la determinación de responsabilidades penales por delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción, cuyo principal responsable sería el gobernador Manuel Rosales, en connivencia con su entorno familiar y funcionarial inmediato».
Presentó «los casos de 14 haciendas adquiridas en el sur del Lago y viviendas compradas en Venezuela y en el exterior: Fundos Monte Bello, Tamare y Las Piedras, Las Palmeras, Araujo, Agropecuarias La Bonanza y Santa Teresa. Haciendas Rancho Monte Verde, Santa Isabel, El Zamuro, San Miguel, Matera Nueva, La Valenciana, El Rosario, y 10 fincas, parcelas y conucos».
Otra más. El diputado Mario Isea, el 18 de noviembre de 2008, consignó en la FGR, documentos del Sistema de Acceso Público de la Secretaría de Estado de Florida (EEUU), con los datos de Registro, Actas Constitutivas y Estatutos de 14 compañías y 7 viviendas que, dijo, pertenecen a Manuel Rosales, familiares y allegados.
Dice Isea: «Estamos en presencia de una red de empresas nacionales e internacionales, a través de las cuales, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, moviliza cuantiosas sumas de dinero en el exterior, utilizando como testaferros a familiares cercanos, amigos que a su vez contratan con la Gobernación».
Actuación de la CGR. La fiscalía recabó de la Contraloría General de la República el proceso de verificación de la declaración jurada de patrimonio, presentada por Rosales entre enero de 2002 y diciembre de 2004, copia certificada de su declaración y recaudos de la Gobernación, Onidex, documentos de propiedad de vehículos, cuentas bancarias y tarjetas de crédito, de los registros y notarías zulianos citados y de declaraciones de impuestos en el Seniat.
Según las conclusiones de la Auditoría Patrimonial de la CGR, Rosales tuvo ingresos por Bs 465 millones 541 mil 869, 58 (BsF 465 mil 541, 87) los cuales no se corresponden con sus gastos de Bs 612 millones 931 mil 836, 25 (BsF 612 mil 931, 84) «obteniéndose como diferencia un incremento patrimonial superior a los ingresos percibidos, por un monto de Bs 147 millones 389 mil 966, 67 (BsF 147 mil 389, 97). De ello, se evidencia la configuración de un presunto incremento desproporcionado en su patrimonio y de su grupo familiar que no logra desvirtuar y, en consecuencia, es considerado como injustificado por tener una fuente desconocida.
La Fiscalía afirma que con esos elementos está demostrada la comisión del enriquecimiento ilícito, artículo 46 de la Ley Contra la Corrupción, sancionado con pena de prisión de tres a diez años, en el Art. 73.
Concluye pidiendo la medida de privación preventiva de libertad pues, afirma, que el imputado posee facilidades para abandonar definitivamente el país, tomando en cuenta su nivel de instrucción y sus capacidades económicas.
Luego, en el libelo dicen que el MP considera que es posible satisfacer la finalidad de las medidas de coerción personal, lograr el aseguramiento de las resultas del proceso, con una medida menos gravosa y solicita la imposición de la medida de prohibición de salida del país. Concluye el escrito acusando formalmente a Rosales Guerrero por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, pide se convoque la audiencia preliminar, se acuerde el enjuiciamiento del imputado por el delito identificado y se imponga medida de privación judicial preventiva de libertad al alcalde de Maracaibo.
UNA LARGA JORNADA
Se espera
que la jueza 19° de control, Reyna Morandi, fije fecha para la realización de la audiencia preliminar.
En la audiencia
deberá examinar la acusación, oír a la fiscal, a la defensa e incluso a Rosales si considera necesario hacer una exposición, decidir si admite la acusación y, en caso afirmativo, si Rosales va a juicio libre o detenido.
PRESENTARÁN SIETE TESTIGOS
Las testimoniales serán de los auditores de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la CGR.
Zoleida Obispos Armas, quien realizó la verificación de la declaración jurada donde se analizó la situación patrimonial de Rosales y de Silvio Godoy, quien supervisó la verificación y firmó el informe. Carmen Rodríguez, directora de Declaraciones Juradas, y de cuatro abogados que realizaron la verificación, y los denunciantes Pirela, Di Martino e Isea. Las documentales llegan a 76, originadas en registros y notarías del Zulia, bancos de allá y de Caracas, la CGR y toda la documentación del Departamento de Estado de Florida, (EEUU), referente a empresas y viviendas a nombre de Rosales y allegados.
Tomado de aporrea.org