Rumanía: Repudian plan de austeridad y el Tribunal Constitucional lo ilegaliza
El Tribunal Constitucional (TC) de Rumanía declaró algunas partes del plan de austeridad del gobierno del primer ministro Emil Boc anticonstitucionales al tiempo que miles de rumanos salieron a las calles para protestar por las medidas de ajuste.
El Tribunal Constitucional (TC) de Rumanía declaró algunas partes del plan de austeridad del gobierno del primer ministro Emil Boc anticonstitucionales al tiempo que miles de rumanos salieron a las calles para protestar por las medidas de ajuste.
De acuerdo con fuentes consultadas por el servicio de noticias del conglomerado de medio rumano Mediafax, el Tribunal resolvió que las disposiciones relativas a las pensiones de los magistrados son inconstitucionales, mientras que las relativas a otras categorías están abiertas a la interpretación, pero no requieren una aclaración en el Parlamento.
La oposición rumana de los Partidos Social Demócrata y Liberal Demócrata presentaron un recurso de anticonstitucional contra el plan de ajuste presupuestal del gobierno, que recibió un voto de confianza por parte del Parlamento.
En virtud de lo estipulado por la Constitución, estas disposiciones consideradas inconstitucionales por el Tribunal deberán ser modificadas en el plazo de 45 días.
El gobierno rumano anunció la víspera el incremento de nuevos impuestos que es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país pueda acceder a los préstamos otorgados por dicho organismo financiero.
Rumanía debe cumplir con la línea de austeridad económica acordada el año pasado con el FMI para poder obtener un crédito por un total de 20 mil millones de euros.
En el marco de las políticas anticrisis, el gobierno rumano ya había presentado también a principios de junio el controvertido plan que incluye reducir los salarios públicos en un 25 por ciento y las pensiones en 15, además de anunciar el despido de al menos 70 mil funcionarios.
Los funcionarios rumanos cobran una media cercana a los 500 euros, mientras los jubilados reciben apenas 160 euros mensuales por término medio.
Rumanía deberá también reducir su sector público en un cuatro por ciento con lo que hasta 60 mil funcionarios pueden perder su puesto de trabajo. Más de 1.4 millones de rumanos tienen un empleo público.
Estas medidas deben permitir llevar el déficit público al 6.8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para fin de año.
Más de tres mil personas salieron a las calles de Bucarest para solicitar al presidente Traian Basescu dar marcha atras a las medidas de ajuste, luego que el gobierno aún no ha proclamado las dos polémicas leyes.
Cerca de 600 personas se presentaron ante el palacio presidencial en la capital rumana para pedir al presidente no endosar las medidas de austeridad porque sentenciará a muerte a trabajadores, niños y pensionados.
En las protestas participan sindicatos de la administración pública, servicios de salud, educación, asistencia social y de la policía, reportó la agencia rumana de noticias Actmedia.
Voceros de los sindicatos indicaron que hay otras formas para reducir el déficit presupuestal, y amenazaron con aumentar las protestas en caso de que el presidente promulge las leyes de austeridad.
A fines de mayo pasado, decenas de miles de profesores, agentes penitenciarios, empleados municipales y enfermeros se declararon en huelga en Rumanía para protestar contra un plan de austeridad del gobierno.
Rumanía, con 30 millones de habitantes y miembro de la Unión Europea desde 2007, se vio obligado a aceptar un crédito de emergencia de 20 mil millones de euros del FMI y de la Unión Europea para evitar el colapso económico en mayo de 2009.
