“Se aprovecharon de la necesidad que tenemos”
Valencia, agosto 19 (Foto: Clemente Espinoza)).- Pasaron casi 26 meses para que los trabajadores de Rualca pudieran cobrar sus prestaciones sociales. Tuvieron que aceptar el pago mínimo; la necesidad los obligó. Saborearon lo dulce de finalmente cobrar el dinero que les corresponde, con lo amargo de saber que el monto no es el justo. “Nos dieron una arepa, pero sin relleno”, dijo William Salazar, que pasó a la oficina con el número nueve.
Valencia, agosto 19 (Foto: Clemente Espinoza)).- Pasaron casi 26 meses para que los trabajadores de Rualca pudieran cobrar sus prestaciones sociales. Tuvieron que aceptar el pago mínimo; la necesidad los obligó. Saborearon lo dulce de finalmente cobrar el dinero que les corresponde, con lo amargo de saber que el monto no es el justo. “Nos dieron una arepa, pero sin relleno”, dijo William Salazar, que pasó a la oficina con el número nueve.
“No tuvimos apoyo del Estado; se aprovecharon de la necesidad que tenemos”, reafirmó Salazar, con un tono tranquilo, que no denotaba celebración. “Muchos deben más de lo que están cobrando hoy”, acotó.
El primer grupo de 60 obreros llegó a las 8:00 de la mañana a la 41 Brigada Blindada, en Naguanagua, lugar acordado el viernes al finalizar el día para realizar el operativo. Si estaban en la lista, pasaban a la sede militar. Los que no, se quedaron afuera, para que nadie olvide que el cronograma de pagos deberá continuar hasta que los 296 reciban lo que les corresponde. Los representantes de la empresa y la Inspectoría llegaron casi a las 11:00 de la mañana.
Desde que la planta se declaró en quiebra y paró sus operaciones, el 26 de junio de 2007, no habían cobrado ni un bolívar. En esa fecha los trabajadores decidieron asumir la producción, pues la decisión la calificaron de un abuso de los dueños (Alcoa con la mayoría de las acciones, y la Corporación Venezolana de Guayana con 23%).
Los trabajadores comenzaron a cobrar sus prestaciones por el tiempo que laboraron para Rualca hasta el 9 de septiembre de 2007. El monto global que desembolsará la compañía es de 13 mil 187 millones de bolívares fuertes. Pero esas no eran las aspiraciones de la masa obrera, que exigían el pago de las prestaciones y salarios caídos hasta el 9 de junio de 2008, cuando fue publicado el decreto de expropiación de la empresa por parte del Gobierno nacional. Así, el monto a repartir era de 19 mil 500 millones de bolívares fuertes.
La lucha de los trabajadores para que se les reconocieran esos nueve meses (de septiembre de 2007 a junio de 2008) hizo que el cálculo de las prestaciones sociales se repitiera seis veces. Pero no pudieron contra el aparato del Estado, que también es accionista de Rualca, a través de CVG.
Los trabajadores asumen como pérdida una nueva lucha para recibir otro pago, después de aceptar el cheque y firmar cinco planillas finiquitando la relación laboral con Rualca. Son dos años en blanco. Ahora están en manos del Estado, y la experiencia que tienen (vejaciones gubernamentales y los retrasos burocráticos) no les asoma ninguna esperanza.
Durante esos dos años fue nombrada una junta directiva temporal (resolución 5.420 del Ministerio del Trabajo), en agosto de 2007; la Asamblea Nacional declaró de “utilidad pública” la empresa, el 24 de abril de 2008; salió el decreto de expropiación en junio siguiente y Chávez “inauguró” con nuevo nombre (Rialca) la planta, en septiembre del mismo año. También se creó oficialmente la compañía socialista y se le adjudicaron recursos. Pero aún sigue parada. Los trabajadores no saben si serán llamados a integrar la nueva nómina, aunque por ley tienen prioridad; ni saben qué pasará con los 80 compañeros que tienen enfermedades ocupacionales. (AV)
