Sindicalistas denuncian persecución del Gobierno

Morón, 9 de mayo de 2011. (Foto Archivo).- Trabajadores del eje costero carabobeño anuncian con preocupación que la lista de líderes sindicales que defienden a toda voz los intereses de la fuerza laboral a la que representan se ha reducido notoriamente en los últimos meses. Aspectos tales como intimidación, el ofrecimiento de importantes cargos gerenciales y despidos injustificados, aseguran, son la causa del silencio que prevalece en muchos dirigentes gremiales.

Alexis Polanco, líder de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, alerta que esto se debe al temor que el Gobierno Nacional ha sembrado en estos luchadores sindicales.

Además, detalla que muchos de ellos se han puesto a la «cola» de un gobierno en el que reina la ineficiencia, mediocridad y los actos de corrupción. Para ilustrar un ejemplo mencionó los «dudosos» convenios internacionales que Caracas transa con países como China y Bielorrusia.

El Líder del movimiento C-Cura denunció la persecución que Miraflores orquesta en contra del liderazgo sindical que disiente de su gestión y doctrina.

La persecución a los trabajadores que denuncian irregularidades suscitadas en empresas, organismo e instalaciones como el puerto de Puerto Cabello, también fue resaltada como un ejemplo de los atropellos que el poder central ejerce sobre quienes no acepta un trato injusto y «totalmente alejado de las doctrinas socialistas», sentenció.

En la lista de perseguidos señaló también a los trabajadores eléctricos y algunos de sus líderes como los coordinadores del Movimiento Unitario de Trabajadores del Sector Eléctrico (Mutse), en Planta Centro, despedidos de forma arbitraria adjudicándoles además infracciones de orden moral; así como los adscritos a la nómina del astillero porteño Dianca cuyo único delito, enfatizó, fue disentir de la dirigencia sindical que actúa apegada a los deseos de su patrono.

También rechazó la criminalización de la protesta y el sicariato contra líderes sindicales. Apunta que esta persecución obedece también al interés que tiene el Ejecutivo Nacional para que no se consolide la discusión de los contratos laborales vencidos, en empresas estratégicas como Dianca, desde hace dos años.